Erasmo Marcos Porras Torres

Expediente 1662/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1662/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Erasmo Marcos Porras Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés para que ofrecieran pruebas y contrapruebas respecto al incidente de objeción de documentos planteado por ********************, endosatario en procuración de la tercera interesada "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable", ello respecto a la falsedad de firmas que calzan el escrito de demanda y ampliación de la misma que se atribuyen al quejoso ********************; por tanto, se procede a acordar lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por el antes nombrado y por el referido quejoso, en los siguientes términos: Mediante escrito con registro 17402, agregado en acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual ********************, endosatario en procuración de la tercera interesada "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable" planteó el referido incidente de objeción de documentos, se ofrecieron de su parte las siguientes pruebas: 1.- La pericial en caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopia a cargo del perito ********************. 2.- La documental consistente en el escrito inicial de demanda fechada el tres de mayo de dos mil veintitrés y la ampliación de demanda de diez de julio de dos mil veintitrés. 3.- La documental consistente en el informe que rinda el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto a las credenciales de elector a nombre de ********************. 4.- La inspección judicial respecto a las firmas que se atribuyen al quejoso y las que obren en las constancias que envíe el Registro Federal de Electores, a fin de que se describan sus características y se comparen. 5.- La presuncional legal y humana. Por su parte, el quejoso ********************, mediante escrito con registro 21664, acordado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del incidente de objeción de documentos, ofreció como pruebas las siguientes: 1.- La de reconocimiento de contenido y firma de la demanda de amparo de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés y ampliación de la misma de diez de julio de dos mil veintitrés. 2.- La pericial en grafoscopía, caligrafía, grafometría y documentoscopía a cargo del perito ********************. 3.- La documental consistente en todas las actuaciones del presente juicio de amparo. 4.- La presuncional legal y humana. Por lo que hace la prueba marcada con el número 4 ofrecida por la parte tercera interesada, no ha lugar a acordar de conformidad sobre la admisión de la inspección judicial respecto a la demanda de amparo y ampliación de la misma, así como con las constancias que se soliciten al Registro Federal de Electores, toda vez que lo que pretende el oferente es que el personal judicial describa y compare las firmas del quejoso ********************, lo cual conlleva la aplicación de conocimientos técnicos especiales propios de un perito en la materia. Esto es, lo que propone el oferente no sólo implica la descripción de un objeto perceptible por los sentidos, sino lo que busca es que se realice una descripción de firmas y una comparativa entre ellas. Por tanto, la referida prueba de inspección judicial no es la idónea para los fines que pretende el promovente, de conformidad con el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, máxime que el oferente ha propuesto la respectiva pericial para acredita el extremo que pretende; de ahí que no sea procedente la admisión de la inspección judicial. En relación con la prueba marcada con el número 1 ofrecida por el quejoso, consistente en la de reconocimiento de contenido y firma de la demanda de amparo, no resulta procedente su admisión, toda vez que se trata de un medio de prueba que no está previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 122 del mismo ordenamiento, toda vez que únicamente son admisibles las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial, habida cuenta que la prueba idónea para determinar si las firmas plasmadas en el escrito de demanda y su ampliación corresponden o no al quejoso, es la pericial, la cual ha sido ofertada por las partes y de la cual se proveerá sobre su admisión en este acuerdo. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.C.57 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 196519 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.1o.C.57 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 743 Tipo: Aislada "DOCUMENTOS SIMPLES OBJETADOS. LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE LA FIRMA. Tratándose de la prueba de reconocimiento de contenido y firma, es necesario establecer que la falsedad de documentos puede ser material o intelectual; consisten, la primera, en alterar la materialidad del documento con adiciones, borraduras, o en suplantar la firma de su autor, y la segunda, en faltar a la verdad en las declaraciones contenidas en el instrumento. Varios procedimientos se aceptan para la prueba de la falsedad material a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Amparo, entre ellos, desde luego, el dictamen grafológico sobre la autenticidad o la falsedad de la firma, pero en modo alguno puede considerarse el reconocimiento de contenido y firma, porque la materia de la prueba es, en estricto sentido, la falsedad o no de la firma, lo que implica que haya dos posiciones antagónicas: una sostiene que la firma es falsa y otra que es auténtica; por lo que si para resolver el planteamiento se acogiera la prueba de reconocimiento de contenido y firma, jamás se podría llegar a dilucidar la objeción de falsedad, pues es obvio que el suscriptor del documento tachado de nulo siempre lo va a reconocer como propio, de donde puede concluirse que la prueba para decidir si es o no falso, tiene que ser la pericial y no la de reconocimiento, sin que esto implique una trasgresión al artículo 150 de la Ley de Amparo, el cual permite el ofrecimiento de toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho, pues debe entenderse que el legislador se refiere a las idóneas." (Lo resaltado no es de origen). Ahora bien, de conformidad con los artículos 119 y 122 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas el resto de las pruebas ofrecidas por las partes, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Referente a las periciales ofrecidas, se desahogará al tenor del interrogatorio que al efecto exhibió la parte tercera interesada, por lo cual hágase a las partes que tienen derecho de adicionarlo y de nombrar cada una de ellas un perito, dentro del plazo de cinco días, por lo cual se ordena correrles traslado con dicho interrogatorio. En consecuencia, se requiere a la partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días siguientes al de la notificación del presente proveído presenten a su respectivo perito para que los especialistas manifiesten si aceptan el cargo y protestan su fiel desempeño, previa la exhibición de su cédula profesional, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, se les tendrá por perdido su derecho de intervenir con su perito. Por otra parte, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de designar al perito que le corresponde, gírese atento oficio a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, proporcione el nombre de algún profesionista de esa dependencia a su cargo para que funja con el carácter de perito en materia de caligrafía, grafoscopía, grafometría y documentoscopia, para lo cual anéxese copia del cuestionario respectivo, con el objeto de que esté en aptitud de proporcionar a la persona idónea para que funja con el carácter de perito oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Finalmente, a efecto de que la prueba pericial ofrecida por la parte tercera interesada se lleve a cabo en los términos propuestos, gírese oficio al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tlaxcala, a efecto de que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, informe si ********************, con Clave Única de Registro de Población ******************** tiene registro en su base de datos y de ser así, remita a este Juzgado de Distrito la imagen o copia certificada de las credenciales expedidas al antes nombrado, a efecto de corroborar sus firmas y domicilios registrados a partir del año dos mil quince a la fecha; asimismo, para que comunique la última fecha en que expidió credencial para votar al antes nombrado. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de acatar lo anterior en el término concedido o de no informar por escrito las causas legales que se lo impidan, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con catorce minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1094/2023, promovido por Fermín Gutiérrez Aguilar, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente, ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Fermín Gutiérrez Aguilar, por derecho propio, auto admisorio de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, escrito del quejoso con el que amplió su demanda de amparo, acuerdo de trece de septiembre del año en curso, con el que se tuvo por ampliada la demanda de amparo únicamente respecto de nuevos conceptos de violación. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el tercero interesado, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció y exhibió el quejoso, consistentes en la documental pública, consistente en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, la documental privada, consistente en el contrato de arrendamiento de tres de febrero del dos mil doce, celebrado entre el aquí quejoso y Exequiel Valencia Sánchez, respecto del inmueble ubicado en calle Águila Blanca número 115 fraccionamiento las Águilas, Código Postal 29049 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la documental pública, consistente en un reconocimiento otorgado al quejoso por parte del Director de la Escuela Primaria Urbana Vespertina "Miguel Hidalgo y Costilla", de veintidós de febrero del dos mil doce, en Berriozabal Chiapas, la documental pública, consistente en un reconocimiento otorgado al quejoso por parte del Director de la Escuela Primaria Urbana "ESTADO DE JALISCO", de veintiuno de marzo del dos mil doce, en Jiquipilas, Chiapas, la documental pública, consistente en un reconocimiento otorgado al suscrito quejoso por parte del Director y Subdirector de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No 74 de trece de septiembre del dos mil doce, en Suchiapa Chiapas, la documental publica, consistente en un reconocimiento otorgado al quejoso por parte de la Directora del Jardín de Niños "MAURO CARRASCO" de veinte de septiembre del dos mil doce, la documental pública, consistente en un reconocimiento otorgado al quejoso por parte de la Directora del Jardín de niñas y niños "NACIONES UNIDAS", de veinticuatro de septiembre del dos mil doce en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el presente juicio que beneficie los intereses del quejoso y la presunción legal y humana y con la documental pública consistente en copia certificada del expediente C.D.T.864/2011-3. A lo que la Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Por otra parte, como el quejoso, Fermín Gutiérrez Aguilar, mediante escrito de once de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 31 a 35), objetó de falsa la firma que calza en la carta poder que obra en el expediente laboral 864/2011-3, en la que supuestamente le otorgó poder amplio a diversos abogados para que lo representaran y comparecieran ante la autoridad responsable dentro del expediente mencionado de donde derivan los actos reclamados; consecuentemente, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se tiene promoviendo incidente de objeción de falsedad, por lo que se ordena abrir en este momento a efecto de determinar lo conducente. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE LA PRESENTE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, a fin de que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad de la firma tildada de falsa; en tales condiciones se señala como fecha de reanudación de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo; se apercibe a las partes que en el caso de no ofrecer las pruebas y contrapruebas que consideren pertinentes, se concluirá la audiencia de ley y se resolverá el mencionado incidente y el presente juicio de amparo en el estado en que se encuentre; en el supuesto de que ofrezcan pruebas como lo es la testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contado a partir del día siguiente en que queden debidamente notificados de la presente audiencia. Finalmente, se tienen por ofrecidas las pruebas que anuncia el actor incidentista (quejoso), consistentes en las siguientes: 1. La pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía. 2. La instrumental de actuaciones. 3. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Pruebas que con fundamento en los artículos 119 y 122 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; con excepción de la señalada con el número 1 consistente en la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía. Ahora bien, previo de acordar lo que en derecho proceda, respecto de dicha prueba pericial se requiere al quejoso para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente en que quede legalmente notificado del presente proveído exhiba: a) el escrito con el que formuló incidente de objeción de falsedad y b) el cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial y cuatro copias de los mismos, para correrles traslado a las autoridades responsables (2) al tercero interesado (1) y al Agente del Ministerio Público de la Federación (1); para los efectos legales a que haya lugar; apercibido dicho quejoso que de ser omiso sobre el particular se tendrá por desierta ante su falta de interés. Notifíquese vía electrónica al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Erasmo Marcos Porras Torres, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1662/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. En el caso concreto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos del numeral 62 de la ley en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." De la interpretación gramatical de la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados que hayan sido materia de otro juicio de amparo que esté resuelto, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio expediente generador del acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Es decir, para que se actualice la causal de improcedencia en comento es necesario que las normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para evidenciar la existencia de la causal de improcedencia que se invoca, conviene establecer que para un juzgador constituyen hechos notorios, que pueden ser invocados como prueba de manera oficiosa, aquéllos datos que se obtengan de los juicios tramitados ante él. Así como la diversa la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con registro 199531 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En relación con lo anterior, debe de destacarse que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que se tramitó el expediente de amparo 618/2020, del que se advierte lo siguiente: Juicio de amparo 618/2020 Quejoso Autoridad Responsable Acto reclamado Erasmo Marcos Porras Torres Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez. Secretario de acuerdos del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez. Diligenciario del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez. a) El emplazamiento realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 798/2006, promovido por MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ, así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad. Como se puede ver, en esencia, en el citado juicio de amparo el quejoso Erasmo Marcos Porras Torres reclamó el emplazamiento en el expediente 798/2006, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Marco Antonio Díaz Díaz y, en consecuencia, todo lo actuado en ese sumario, en particular la posible inscripción y registro de la cédula de hipoteca o embargo. Asimismo, en el referido juicio de amparo 618/2020, se dictó sentencia el quince de febrero de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer el juicio, en razón de que la presentación de la demanda fue extemporánea, ya que tuvo conocimiento del juicio generador de los actos reclamados el catorce de octubre de dos mil dieciocho, ya que al trasladarse al juzgado responsable se enteró que existía el juicio ejecutivo mercantil 798/2006, tramitado en su contra y a sus espaldas por Marco Antonio Díaz Díaz, en su carácter de endosatario en procuración de Antonio Báez León, y que dicho juicio se radicó el siete de agosto de dos mil seis, en donde se facultó al Secretario del Juzgado para emplazarlo; por lo tanto, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de octubre de dos mil dieciocho. Ahora, de la demanda de amparo que se provee, misma que quedó registrada bajo el número 1662/2023, se aprecia lo siguiente: Juicio de amparo 1662/2023 Quejoso Autoridad Responsable Acto reclamado Erasmo Marcos Porras Torres Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez. Secretario de acuerdos del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez. Diligenciario del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez. Director de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala. a) la resolución de tres de enero de dos mil dieciocho, así como la nulidad de todo lo actuado dentro del expediente 798/2006. b) La inscripción y registro de la cédula de hipoteca o embargo deducida del citado expediente 798/2006. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional estima que en la demanda de amparo que originó el juicio de amparo 618/2020, y en la que se provee, el propio quejoso reclama similares actos reclamados a las mismas autoridades responsables, en cual que se dictó sentencia el quince de febrero de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en dicho juicio, misma que mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se ordenó el archivo del mismo. Aunado, que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del juicio de amparo 618/2020, mismo que se ordena traer a la vista como un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierte que hace del conocimiento, que por resolución de tres de enero de dos mil dieciocho, aprobó la planilla de liquidación por un monto de ciento setenta y nueve mil pesos, la cual causó estado el doce de febrero del mismo año, requiriendo el cumplimiento de la misma por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, informe justificado que se tuvo por rendido en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Cabe apuntar que la cosa juzgada encuentra su fundamento en la necesidad de preservar, mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, como medida para conservar la estabilidad y la seguridad jurídica de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. Asimismo, tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones controvertidas y materia de litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/862, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA". Y la diversa tesis aislada, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS." En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes analizada, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS: Asimismo, se tiene por autorizado legales en términos restringidos que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo el promovente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Asimismo, se les invita a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte. Finalmente, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, comunicándole la presente determinación, para la compensación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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