Erasmo Israel Sotelo Hernández
Expediente 1534/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1534/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Erasmo Israel Sotelo Hernández
Actuaciones
- Principal
III. Se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que el quejoso, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como concluido.
- Principal
III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Comisionado Nacional de Seguridad, y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1534/2019-llI; se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente. DESECHAMIENTO En términos de lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que el acto tildado de inconstitucional es el siguiente: a) La orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro de reclusión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. De la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que sobre el acto que se tilda de inconstitucional, no se cumplió con el principio de definitividad. El artículo aludido establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, opera la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la normatividad de amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerando sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 1, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128 y 129, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, según corresponda, en tanto que se obtiene: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 3) En sus competencias, el juez de ejecución deberá, en lo que interesa, garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esa ley, además de todas aquellas que establezca la ley. 4) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 5) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 6) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 7) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 8) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 9) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 10) Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral, que se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad; la persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe, quien podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuencia de un derecho fundamental. 11) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 12) Una vez recibida la solicitud se registrará la causa y se turnará al juez competente, el juez de ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para admitir, prevenir o desechar; en caso de prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud y en caso de no hacerlo se desechara de plano; admitida la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder el término de veinticuatro horas, en caso de que no se notifique se entenderá que fue admitida la solicitud, pudiéndose acumular en el auto admisorio las solicitudes que tengan un mismo objeto total o parcial y el auto que admite o niegue la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 13) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 14) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. 15) Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 16) La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme, transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el juez de ejecución de oficio, o bien, a petición de parte requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma; cuando la autoridad penitenciara manifieste haber cumplido, el juez notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga al respecto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución el juez de ejecución notificará a la autoridad penitenciaria tal inconformidad en el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre su cumplimiento o no, cuando la autoridad informe que la resolución fue cumplida parcialmente, o que es de imposible cumplimiento, el juez si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento, de no hacerlo se aplicaran las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el juez de ejecución escuchando a las partes fijara un plazo razonable para el cumplimiento. En el caso de que la autoridad penitenciaria no cumpliera dentro del plazo establecido, el juez requerirá su cumplimiento a sus superiores jerárquicos aplicando las medidas de apremio conducentes. Por tanto, es inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Por otra parte, la naturaleza del juez del sistema penal acusatorio (jueces de control y ejecución), se encuentra delimitada con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, establecida en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal; en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete; y, en el dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete. En ese sentido, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Además, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también, en todos los casos señalados debe resguardar los derechos de los imputados. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia y ahora dentro del sistema penitenciario; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o compartimientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales, en lo que interesa del inculpado. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso, o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. De esa manera, los jueces de control, quienes a su vez fungirán como ejecución, estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, ante el juez de control o ejecución, quien es garante de garantes, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado y su ejecución, situación que el promovente del amparo omitió realizar; es más, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que hace patente el quejoso, es claro que cuenta con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, mediante la que puede hacer patente que están a punto de cambiar sus cuestiones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión o cuando ya hubieran cambiado si el traslado ya se ejecutó. Es así, porque, incluso, con el procedimiento que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice la causal, a saber: a) El acto de autoridad, se encuentra satisfecho, ya que el acto según aduce el quejoso fue emitido por personal General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y el Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, cuyas funciones son de carácter administrativo, por no formar parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito. b) La procedencia de un medio ordinario de defensa, que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, este también se encuentra satisfecho, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un mecanismo de control (medio de defensa) ante el juez de control que, incluso, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación si así lo desea el quejoso o bien, existiendo la determinación judicial puede, ahora sí, acudir al amparo. c) La igualdad de requisitos para conceder la suspensión, la cual se colma, porque el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez presentado el escrito ante la administración del juzgado de ejecución con el relato de inconformidad, a petición de parte o incluso de oficio si se trata de un caso urgente -como en el caso-, el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión de inmediato ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Sin que se soslaye que existe el pronunciamiento sostenido en la ejecutoria emitida el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en la contradicción de tesis 154/2016, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que surgió, por cierto, la tesis jurisprudencial 1a./J. 58/2016 (10a.), del epígrafe: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; pero tal criterio, en el caso no es aplicable, con lo cual, no se contraviene lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en tanto este órgano jurisdiccional con la postura jurídica asumida no está resolviendo contra jurisprudencia. Esto así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento porque carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y, en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidos, en lo que interesa, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados), específicamente, los traslados voluntarios o involuntarios. En efecto, en ese criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando el referido constitucional, se contrae a un acto que constituya un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, se refiere a las actuaciones que pueden desplegar las autoridades que no revisten un carácter jurisdiccional, es decir, se trata de actos a través de los cuales cualquier otra autoridad que ostente diversa naturaleza pretenda afectar la libertad a una persona, pero sin que medie un debido procedimiento. Además de que ahí también se externa la preocupación por cumplir con la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, a fin de administrar justicia; en tanto, se hace patente que un acto de traslado no tiene una revisión judicial más la existente en el juicio de amparo indirecto; cuyo presupuesto ya no existe, porque ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 50 y 51, establece la figura de los traslados voluntarios o involuntarios en los que necesariamente para determinar o avalar su legalidad debe conocer un juez especializado del sistema penal acusatorio (de control o ejecución, según corresponda). Con lo cual se garantizan los principios pro homine e in dubio pro actione que invoca también la Primera Sala a fin de salvaguardar el derecho humano de la libertad personal. Y algo muy importante que también establece la citada Sala y que constituye el referente para resolver de la forma en que se plantea en la presente determinación, es que de manera expresa indica que siempre para resolver sobre la procedencia del amparo y suspensión debe hacerse "sin soslayarse los presupuestos esenciales de su procedibilidad"; siendo así, entonces no se pasa por alto que previo a acceder al amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, con base en las razones sostenidas en supralíneas. Lo anterior, sin que tampoco se contravenga lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", en el cual se determinó que cuando en un juicio de amparo se reclama como acto destacado una orden de traslado, debe admitirse al encontrarse acreditada tal situación con el dicho del promovente del amparo. Ello, tomando en consideración que dicho criterio fue emitido con base en los elementos jurídicos existentes en esa temporalidad -diciembre de dos mil quince-; sin embargo, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la cual se desprende la existencia del sistema penitenciario que contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual, las personas privadas de su libertad, pueden hacer reclamo sin mayores formalismos ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo; cuyo mecanismo de control, como ya se estableció, constituye un verdadero procedimiento que se inicia con la presentación formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en el que pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio y en el caso de que el acto sea urgente, puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, éste puede ordenar las acciones previstas necesarias para que cese; aunado a que, en caso de constituir una omisión se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria puedan ser impugnadas a través del recurso correspondiente. En esta virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, es dable concluir que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", la cual establece en esencia que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Lo anterior, en cuanto a que de acuerdo al artículo 1° constitucional, una vez entrada en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal debe aplicarse a cualquier gobernado destinatario de la norma, como son los traslados administrativos. CONCLUSIÓN Al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, porque al no agotar el medio ordinario de defensa respectivo, se surte la hipótesis legal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos noventa y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: " En efecto, los antecedentes del caso se obtienen de las copias certificadas del expediente relativo al juicio de amparo 73/2019-II, que anexó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, del que destaca que ******promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Director General de Ejecución de Sanciones y Coordinador General de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad; Director General del Centro de Reinserción Social y Director General de Prevención y Reinserción Social, ambos del Estado de Tabasco, de los que reclamó la orden de traslado y su ejecución a un centro de reclusión diverso al que se encuentra. En el auto recurrido el Juez Federal consideró que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que antes de acudir a esta vía, el quejoso debió agotar el medio de defensa previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se reitera, son infundados los agravios hechos valer por el recurrente. En efecto, este tribunal considera correcta la decisión del juez federal, debido a que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia para atacar un acto de ese carácter, que no es otro más que el regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causa de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (se transcribe) Con lo anterior se advierte que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual, si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y, así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda que antes de acudir a la vía constitucional la parte quejosa debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar el acto atacado en el amparo, pues, de lo contrario, opera la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como lo estableció el juez Federal en la resolución recurrida. Ahora, aduce el inconforme que el Juez de Distrito realizó una interpretación incorrecta de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que el recurso que contempla es relativo a los traslados, pero el acto que él reclama no proviene de ningún procedimiento y por tanto constituye un ataque a su libertad fuera del mismo. Tal motivo de disenso es infundado. Cierto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula, o sea, el de la ejecución penal, a saber: a) Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de internamiento que deben garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad -capítulo II del título segundo-. b) Régimen disciplinario, en el cual se establece que las faltas disciplinarias es una decisión a cargo del comité técnico del centro penitenciario -capítulo III del título segundo-. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulo V del título segundo-. En particular, por la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo, por el momento solamente interesa el régimen de traslados de personas detenidas, en concreto, los involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulo V del título segundo- en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; toda vez que tal normatividad establece que los traslados involuntarios pueden ser a personas procesadas o sentenciadas, tal traslado debe ser autorizado en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución; la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado en casos de emergencia por cualquier medio, de igual manera puede ser solicitado por el Ministerio Público; la resolución que emita el juez podrá ser impugnada a través de recurso de apelación. Por otra parte el artículo 52 de la referida ley, prevé que la autoridad penitenciaria, excepcionalmente podrá ordenar y ejecutar órdenes de traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizar el traslado, en esos casos el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa; en contra de esta resolución se podrá interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución. De igual manera la legislación especial, señala que en caso que dentro del plazo antes citado, el juez no se pronuncie, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa; al respecto los artículos 116, 117, 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio, cuando se trate de personas privadas de su libertad en materia de traslados, éstas podrán promover la controversia judicial en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada, la controversia debe presentarse por escrito, relatar los hechos materia de su inconformidad, medios de prueba, en su caso solicitar la suspensión del acto, el juez una vez recibida la solicitud, contará con setenta y dos horas para emitir un auto en el que podrá admitir, prevenir o desechar la controversia. Una vez admitida la sustanciará, correrá traslado a las partes, para que en el término de cinco días contesten y ofrezcan sus pruebas y la autoridad penitenciaria rinda el informe que corresponda, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. La audiencia será presidida por el Juez de Ejecución, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio, una vez desarrollada la audiencia, el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final; en la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. En ese contexto, es evidente que fue correcta la interpretación que el A quo realizó de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debido a que prevé un verdadero procedimiento conformado por diversas etapas, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión. Además tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 y 135 de la legislación en comento, lo que resulta acorde con el artículo 18 constitucional, en su texto vigente desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. De ahí que, en el caso, si las autoridades administrativas ya iniciaron el trámite para realizar el traslado del quejoso, pues éste adujo que se encuentra inscrito en una lista con el objetivo de ser trasladado, resulta evidente que se ubica en la referida hipótesis de actos dictados en el procedimiento de ejecución de penas, conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí lo infundado del agravio. De igual manera, resulta infundado el argumento en el que el impetrante refiere que se desatendieron los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia, relativos a los traslados realizados motu proprio por las autoridades penitenciarias. En efecto, lo infundado del extractado motivo de disenso deviene de que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), registro 2010596, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA" -publicada el cuatro de diciembre de dos mil quince-, estableció la procedencia del amparo indirecto contra órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, y cuando se ejecuta sin la intervención de la autoridad judicial, no puede considerarse como un acto dentro de procedimiento; sin embargo, tal criterio surgió previo a la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por tanto, al emitir el referido criterio no se analizó esta legislación especial; de ahí que en ese entonces era innecesario observar el principio de definitividad, que surgió con la vigencia de la referida ley. En ese tenor, este tribunal considera correcta la decisión del juez federal, debido a que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia para atacar un acto de ese carácter, que no es otro más que el regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Visto así, no hay duda que, como correctamente sostuvo el Juez de Distrito, contra el acto reclamado procede su impugnación tanto en sede administrativa-penitenciaria como con la autoridad judicial, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que, desde luego, es claro que antes de acudir al amparo el disidente estuvo jurídicamente constreñido a agotar tal medio de defensa, lo cual no aconteció en el caso, a pesar de que no se advierte que tuvo una imposibilidad jurídica o fáctica para tal efecto. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, que es del tenor siguiente: "En efecto, el posible punto de contradicción a resolver en la contradicción de tesis 448/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si debe agotarse el principio de definitividad tratándose de la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro. Por lo cual, la admisión de la denuncia citada, permite la aplicación de los aludidos criterios y la interpretación de las jurisprudencias citadas que establecen la procedencia del amparo contra la orden de traslado involuntario por autoridad administrativa. Sin embargo, este juzgador lo estima aplicable al presente asunto, por los fundamentos y motivos legales que lo sostienen, relativos a que la Ley de Ejecución Penal contempla un medio ordinario de defensa por el cual puede ser modificada, revocada o nulificada la orden reclamada (traslado involuntario) atribuida a una autoridad administrativa del sistema penitenciario, por lo que antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse dicho medio de defensa. Consecuentemente, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, porque al no agotar el medio ordinario de defensa respectivo, se surte la hipótesis legal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. A ese respecto, cabe invocarse la jurisprudencia cuatrocientos cuarenta y siete, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos noventa y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Tal motivo de disenso es infundado. Cierto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula, o sea, el de la ejecución penal, a saber: a) Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de internamiento que deben garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad -capítulo II del título segundo-. b) Régimen disciplinario, en el cual se establece que las faltas disciplinarias es una decisión a cargo del comité técnico del centro penitenciario -capítulo III del título segundo-. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulo V del título segundo-. En particular, por la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo, por el momento solamente interesa el régimen de traslados de personas detenidas, en concreto, los involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulo V del título segundo- en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; toda vez que tal normatividad establece que los traslados involuntarios pueden ser a personas procesadas o sentenciadas, tal traslado debe ser autorizado en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución; la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado en casos de emergencia por cualquier medio, de igual manera puede ser solicitado por el Ministerio Público; la resolución que emita el juez podrá ser impugnada a través de recurso de apelación. Por otra parte el artículo 52 de la referida ley, prevé que la autoridad penitenciaria, excepcionalmente podrá ordenar y ejecutar órdenes de traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizar el traslado, en esos casos el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa; en contra de esta resolución se podrá interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución. De igual manera la legislación especial, señala que en caso que dentro del plazo antes citado, el juez no se pronuncie, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa; al respecto los artículos 116, 117, 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio, cuando se trate de personas privadas de su libertad en materia de traslados, éstas podrán promover la controversia judicial en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada, la controversia debe presentarse por escrito, relatar los hechos materia de su inconformidad, medios de prueba, en su caso solicitar la suspensión del acto, el juez una vez recibida la solicitud, contará con setenta y dos horas para emitir un auto en el que podrá admitir, prevenir o desechar la controversia. Una vez admitida la sustanciará, correrá traslado a las partes, para que en el término de cinco días contesten y ofrezcan sus pruebas y la autoridad penitenciaria rinda el informe que corresponda, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. La audiencia será presidida por el Juez de Ejecución, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio, una vez desarrollada la audiencia, el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final; en la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. En ese contexto, es evidente que fue correcta la interpretación que el A quo realizó de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debido a que prevé un verdadero procedimiento conformado por diversas etapas, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión. Además tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 y 135 de la legislación en comento, lo que resulta acorde con el artículo 18 constitucional, en su texto vigente desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. De ahí que, en el caso, si las autoridades administrativas ya iniciaron el trámite para realizar el traslado del quejoso, pues éste adujo que se encuentra inscrito en una lista con el objetivo de ser trasladado, resulta evidente que se ubica en la referida hipótesis de actos dictados en el procedimiento de ejecución de penas, conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí lo infundado del agravio. De igual manera, resulta infundado el argumento en el que el impetrante refiere que se desatendieron los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia, relativos a los traslados realizados motu proprio por las autoridades penitenciarias. En efecto, lo infundado del extractado motivo de disenso deviene de que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), registro 2010596, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA" -publicada el cuatro de diciembre de dos mil quince-, estableció la procedencia del amparo indirecto contra órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, y cuando se ejecuta sin la intervención de la autoridad judicial, no puede considerarse como un acto dentro de procedimiento; sin embargo, tal criterio surgió previo a la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por tanto, al emitir el referido criterio no se analizó esta legislación especial; de ahí que en ese entonces era innecesario observar el principio de definitividad, que surgió con la vigencia de la referida ley. En ese tenor, este tribunal considera correcta la decisión del juez federal, debido a que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia para atacar un acto de ese carácter, que no es otro más que el regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Visto así, no hay duda que, como correctamente sostuvo el Juez de Distrito, contra el acto reclamado procede su impugnación tanto en sede administrativa-penitenciaria como con la autoridad judicial, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que, desde luego, es claro que antes de acudir al amparo el disidente estuvo jurídicamente constreñido a agotar tal medio de defensa, lo cual no aconteció en el caso, a pesar de que no se advierte que tuvo una imposibilidad jurídica o fáctica para tal efecto. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, que es del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." (Se transcribe) De igual manera Ilustra lo anterior, la tesis I.1o.P.77 P (10a.), que este tribunal comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página: 2061, materia Penal, registro: 2015519, rubro y texto: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA CAUSA PENAL DEL SENTENCIADO HAYA CAUSADO ESTADO ANTES DEL INICIO DE ESA VIGENCIA (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO). (Se transcribe) También apoya lo anterior la tesis XXII.P.A.39 P (10a.), que este tribunal comparte, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página: 2312, materia penal, registro 2018336, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL. LAS INCIDENCIAS Y SOLICITUDES RELACIONADAS CON ÉSTE, DEBEN RESOLVERSE CONFORME A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SI ÉSTA ES LA VIGENTE. (Se transcribe) Los criterios precedentes se citan sin dejar de considerar que el referido criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, en el recurso de queja 30/2019, es materia de la contradicción de tesis 448/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, este juzgador los estima aplicables para el presente asunto, por los sustentos legales que lo sostienen, relativos a la aplicabilidad de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, vigente a la fecha. AUTORIZADO Y DOMICILIO Respecto a la segunda certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones al impetrante de amparo por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, toda vez que en la ley de la materia, los estrados no están contemplados como domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin que en con lo anterior se esté violando lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, el cual hace mención que las notificaciones personales se harán al justiciable privado de su libertad a través de las personas designadas para tales efectos, situación que en la especie acontece en virtud que en párrafos precedentes se reconoció a César Martínez Hernández, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Erasmo Israel Sotelo Hernández; en atención al criterio jurisprudencial de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Lo anterior, tomando en consideración el similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el expediente 184/2018 de su índice, en donde en esencia señaló: "Como lo solicita la quejosa, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en el proemio de la demanda. Por tanto, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Nezahualcóyotl Norte" en que se encuentra recluida, ya que de conformidad al artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se harán al quejoso privado de si libertad a través de la persona designada para tales efectos, situación que en la especie acontece; consecuentemente, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hágansele por medio de lista." RATIFICACIÓN DE DEMANDA No ha lugar a ordenar la ratificación de la demanda que se provee, en virtud de que la misma fue promovida por el quejoso por derecho propio. COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita el promovente, previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal; asimismo, se tiene por autorizado para recogerlas a César Martínez Hernández, por así haberlo solicitado el quejoso. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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