Erasmo Carlton Quijada
Expediente 1095/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Erasmo Carlton Quijada
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora
- Cruz Argelia Valenzuela Amado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de tomo de pruebas. Por lo anterior, se hace innecesario conservar el expediente y documentos anexos de origen, los cuales se identificaron como Tomo I y Tomo II; en esa virtud, se ordena su devolución al juez Oral de lo Penal de Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora. Devolución de copia certificada de audio y video. Por lo anterior, se hace innecesario conservar el contenido de las videograbaciones incluidas en los tres discos digitales que remitió la responsable; en esa virtud, se ordena su devolución. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa:********************Valoración. Se advierte que en el presente cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, en consecuencia, se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido.********************Háganse las anotaciones correspondientes********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.********************
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA Y PARTE TERCERO INTERESADA ASESOR Y/O ASESORA JURÍDICA DE CRUZ ARGELIA VALENZUELA AMADO Y DULCE VICTORIA CARLTON AGUILAR, PARTE OFENDIDA EN LA CAUSA PENAL 1672/2018, CON CARÁCTER DE MADRE E HIJA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE NUVIA ZULEMA AGUILAR VALENZUELA EL PROVEÍDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SOBRESEEE POR AUTO)
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintitrés. Incorporación de oficio. Glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta que remitió la jueza del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno de Hermosillo, Sonora, por medio del cual contesta el requerimiento efectuado el tres de octubre pasado. Pruebas. En consecuencia, de conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Estado procesal. Por otra parte del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La resolución de doce de julio de dos mil veintitrés en la causa penal 1672/20218 del índice de la responsable, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa por la diversa prisión preventiva justificada. Por su parte de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte que en la causa penal de origen 1672/2018 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, de esta ciudad, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Erasmo Carlton Quijada, por el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 263 Bis 1, fracciones III, IV, V y VIII del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Nuvia Zulema Aguiar Valenzuela. Asimismo, tal autoridad advirtió que se le impusieron treinta y tres años nueve meses de prisión y multa equivalente a quinientas sesenta y dos unidades de medida y actualización, que corresponden a $45,297.20 pesos (cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 20/100 moneda nacional), y fue condenado a la reparación del daño material a favor de la parte ofendida representante de la víctima de la causa penal de origen, así como a una reparación del daño moral por $13,540.80 pesos (trece mil quinientos cuarenta pesos 80/100 moneda nacional). Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior se advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el contenido de la hipótesis normativa es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (...)" Análisis de la causa de improcedencia. De la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, de la Novena Época, que textualmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De lo anterior se tiene que la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. Esto es, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente del derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. Como se reiteró, dentro de la causa penal de origen 1672/2018 del índice del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, de esta ciudad, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Erasmo Carlton Quijada, por el delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 263 Bis 1, fracciones III, IV, V y VIII del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Nuvia Zulema Aguiar Valenzuela. Asimismo, tal autoridad advirtió que se le impusieron treinta y tres años nueve meses de prisión y multa equivalente a quinientas sesenta y dos unidades de medida y actualización, que corresponden a $45,297.20 pesos (cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 20/100 moneda nacional), y fue condenado a la reparación del daño material a favor de la parte ofendida representante de la víctima de la causa penal de origen, así como a una reparación del daño moral por $13,540.80 pesos (trece mil quinientos cuarenta pesos 80/100 moneda nacional). En esa tesitura, se tiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en comento, toda vez que en el presente juicio, la parte quejosa señaló la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés en la causa penal 1672/2018, del índice de la responsable, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa por la diversa prisión preventiva justificada, y de las constancias adjuntas, se advierte que el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la responsable de mérito dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Erasmo Carlton Quijada, por tanto se colige que el acto que reclama la parte quejosa cambió de etapa procesal. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el presente asunto es improcedente. Robustece lo anterior la tesis III.2o.P.150 P (10a.), en Materia Común, Penal; de la décima época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultabe en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675; con registro digital 2019590, de rubro y texto literal siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla. Conclusión. Por lo que, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinticinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente a las partes, y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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