Erasmo Carlos Gravata

Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
344/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Erasmo Carlos Gravata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo enviado por la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento alguno dado que el cuatro de abril de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa que causó estado el auto por el cual tuvo por no presentada la demanda; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno en virtud que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado por Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación Jurídica del Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual rinde su informe en relación a la suspensión de plano. Ahora bien, dado que en auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México aceptando la competencia del presente juicio, se estima procedente enviar el oficio enviado por la responsable a efecto de que provea lo que en derecho corresponda, dejando únicamente copia simple del mismo en el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido diligenciado el Despacho número de orden: 103/2023, origen: 51/2023, que fuera enviado a fin de notificar los oficios números 36849/2022, 36850/2022, 36851/2022, 36852/2022, 36853/2022, 36854/2022, 36855/2022, 36856/2022, 36857/2022, 36858/2022 y 36859/2022, que contienen la sentencia definitiva emitida en autos, a las autoridades señaladas como responsables Presidente, Síndica Procuradora, Regidor de Asuntos Indígenas, Regidor de Atención y Participación Social de Migrantes y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, Regidora de Educación y Juventud, Regidor de Comercio y Abasto Popular, Regidora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Regidor de Cultura, Recreación y Espectáculos, Regidor de Desarrollo Rural y Secretario de Administración y Finanzas, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; por tanto, se tiene a las citadas autoridades responsables por debidamente notificadas de la sentencia definitiva dictada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja del libro de comunicaciones oficiales. Por tanto, en atención al estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo; se declara que la sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se ampara y protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a ********************para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada (en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales), emitir una determinación en donde, atienda las peticiones que le fueron presentadas por la parte actora el veintitrés de septiembre y cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************, a través de las cuales solicitó que: a) se hiciera efectivo el apercibimiento al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, b) se requiriera de nueva cuenta el pago de la condena al ayuntamiento demandado, c) se le ordenara incluir en el presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal, una partida presupuestal especial para cubrir el monto adeudado. Notificar a las partes tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a ********************que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante la Secretaria Viridiana López González, que autoriza y da fe.

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