ERANDI GARCIA JUAREZ y Otros.
Expediente 1206/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ERANDI GARCIA JUAREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: NÚMERO PROGRESIVODESCRIPCIÓNFECHA Y HORAREGISTRO Escrito de demanda signado por XXXXX (firma autógrafa).24/11/2023 11:26 20121 Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1206/2023. Con fundamento, con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXXX, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Puebla y otra autoridad. Tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo pídanse a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial señalado como responsable en el presente asunto, se ordena su notificación a través del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidos que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, si el sentido de su informe lo permite; lo anterior permitirá además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a las autoridades responsables respectivas para que, si en algún momento dejaran de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra, lo hagan saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibidos que de ser omisos se les impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el mismo supuesto, de ser cierto el acto reclamado, se requiere a los jueces responsables para que en el término de tres días, siguiente al en que reciban el oficio respectivo, informen el último domicilio que tengan registrado del agente del Ministerio Público quien actuó en la emisión del acto reclamado, así como de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados, así como datos de identificación de cada uno, esto es, nombre completo sin abreviaturas, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello, a fin de evitar posibles homonimias. Apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se tendrán como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Ahora bien, respecto a las documentales que ofrece como pruebas una vez que la autoridad responsable rinda su informe con justificación y se advierta la existencia del acto reclamado y remita las constancias relativas se acordará lo procedente. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Sin que haya lugar a tener como domicilio virtual el correo electrónico que refiere para tal efecto, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Téngase como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico y número telefónico, que se menciona en su escrito de demanda, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, se tiene como autorizada para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no contar con el citado requisito registral, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, de igual forma, como lo solicita se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a ******************** En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada, si así se señala. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA". A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Asimismo, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Martin Alfaro Mena, quien da fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: NÚMERO PROGRESIVODESCRIPCIÓN Copia autorizada del auto admisorio dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1206/2023, y Copia simple del escrito inicial de demanda signado por XXXXX. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1206/2023 promovido por XXXXX, por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huachinango, Puebla y otra autoridad Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Apercibiendo a las referidas autoridades responsables, que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de ellas multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Por lo que hace al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial señalado como responsable en el presente asunto, se ordena su notificación a través del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. Ahora, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social (.)" Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados siguientes: La orden de: Aprehensión, y su ejecución. Con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que por el momento no se tienen datos precisos de la naturaleza del delito atribuido a la quejosa, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privada de su libertad con motivo de la citada orden, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se le debe o no conceder la suspensión definitiva, y sus términos. Sin embargo, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal o procedimiento para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, este juzgado en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la ley de la materia, y con apoyo en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 33/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, páginas 226 y 227, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Estima procedente fijar a la parte quejosa, las medidas de efectividad siguientes: 1. Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable que acepte la existencia del acto reclamado, y en su caso, rinda su declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde al criterio establecido por la Jurisprudencia 1o/J.149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." Lo anterior, con independencia de que la impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante la autoridad que la requiera, y en su caso rinda su declaración, si lo estima oportuno, para el caso de que tenga la certeza de que esta última haya emitido en su contra el acto privativo de libertad que combate a través del juicio de amparo del cual se deriva el incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, a fin de privilegiar la naturaleza sumarísima del presente procedimiento y con el fin de evitar que, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica; aunado a que la exigencia de presentarse ante la autoridad que lo requiera lo es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia; empero, se estima que, en todo caso, no existe impedimento legal a fin de que se presente con antelación ante la autoridad, o autoridades que potencialmente la requieran. 2. Deberá de otorgar caución, a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos), en el término de cinco días, contados a partir de que surta efecto la notificación de este proveído. La citada garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas por la ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es: "con el objeto de que continúe surtiendo efecto la suspensión provisional, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1206/2023, formado con la demanda promovida por XXXXX, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. La garantía se fija de manera "discrecional" y al prudente arbitrio de este juzgador, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudiere haberse librado la orden de aprehensión,. Por lo que por tal autoridad judicial señalada como responsable ordenadora se fija la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos) que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable la aquí quejosa, este juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerla a disposición de las autoridades que la reclamen. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1ª./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 226, Tomo V, mes de Mayo de 1997, del Semanario Judicial y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efecto sin necesidad de previo acuerdo. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tenga relación con la causa seguida en su contra. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir efecto, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea detenido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención de los quejosos si se les pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndoles que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se tendrán como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Sin que haya lugar a tener como domicilio virtual el correo electrónico que refiere para tal efecto, en virtud de que dicho medio no está contemplado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Téngase como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico y número telefónico, que se menciona en su escrito de demanda, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a AXXXXX toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, se tiene como autorizada para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos a Yadira García Aguilar, por no contar con el citado requisito registral, ni haber acreditado ante este Juzgado estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, de igual forma, como lo solicita se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a XXXXX. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase a su costa las copias de la suspensión provisional que solicita de este proveído, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recogerlas a las personas que indica. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye al actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva; y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Notifíquese. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Martin Alfaro Mena, quien da fe.
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