Eraldo Perez Garcia
Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Eraldo Perez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
MESA 1-B. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso a), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva. 3. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 y 27 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
MESA 1-B. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de seis de abril de dos mil veintiuno (fojas 216-219), en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso a), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva. 3. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 y 27 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
MESA 1-B. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Tres, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintiocho de enero del año en curso, dentro de la causa penal 229/2020, el Juez de Control dictó sentencia condenatoria contra el aquí quejoso XXXX, por la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión simple, en la que se impuso la pena de seis meses y veinte días de prisión, concediéndole los beneficios de la condena condicional y sustitución de la pena; y que en ese sentido, el uno del mes en curso, fue puesto en libertad dicho quejoso, al cumplir con la pena impuesta. En atención a su contenido, agréguese a los autos el oficio de cuenta, sin mayor proveído, habida cuenta que el seis de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia, en el juicio en que se actúa.
- Principal
MESA 1-B. Vista al cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a sus autos, el oficio signado por la Jueza de Control Región 02, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de esta autoridad el cambio de situación jurídica del sentenciado XXXX, ya que el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, dentro de la causa penal XXXX, en el que se le consideró a dicho quejoso penalmente responsable del delito de contra la salud, en su modalidad de posesión simple, cometido en agravio de la salud pública. Asimismo, le impuso la pena de seis meses y veinte días de prisión y multa de veintiséis días; así también se le concedió el beneficio de condena condicional y el sustitutivo de prisión por multa. Es conveniente precisar que la parte quejosa XXX, señaló como actos reclamados en esta instancia constitucional, así como en el acumulado 324/2020, los siguientes: "La privación ilegal del suscrito, derivado de la orden judicial contenida en el expediente número 229/2020, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas". "El Auto de Vinculación a Proceso de fecha 17 de septiembre de 2020, contenida en el expediente número 229/2020, del índice del JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO REGIÓN 02 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TAPACHULA, CHIAPAS". De donde se infiere que los actos reclamados lo constituyen: a) La detención decretada en autos de la causa penal 229/2020; y, b) El auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, en los autos de la causa penal 229/2020. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, a juicio del suscrito, respecto de los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)" De conformidad con tal numeral, por regla general, para que opere la causal de improcedencia en análisis, deben concurrir los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en mérito del acto que reclamó en el amparo; c) Que por virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, se plasman enseguida: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. (Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; IV, Diciembre de 1996; Página: 219; Tesis: 2a. CXI/96; Tesis Aislada)" Como se precisó, los actos reclamados en esta instancia constitucional, lo constituyen: a) La detención derivada de la orden judicial decretada en autos de la causa penal 229/2020; y, b) El auto de vinculación a proceso de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, en los autos de la causa penal 229/2020. De lo informado por la juez responsable, se obtiene que el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, dentro de la causa penal 229/2020, en el que se le consideró a dicho quejoso penalmente responsable del delito de contra la salud, en su modalidad de posesión simple, cometido en agravio de la salud pública. Asimismo, le impuso la pena de seis meses y veinte días de prisión y multa de veintiséis días y se le concedió el beneficio de condena condicional y el sustitutivo de prisión por multa. Por ello, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues la nueva situación jurídica creada con motivo de la emisión de la sentencia definitiva en autos de la causa penal de origen, cambió la que imperaba al momento de la detención del implicado y la que prevalecía en el tiempo en que fue vinculado a proceso, que reclama en esta instancia la parte quejosa; y por tanto, se actualiza la causal de improcedencia consagrada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ante tal situación, la consecuencia legal de los actos reclamados, ya no pueden ser analizados; pues la determinación de la nueva situación jurídica del nombrado quejoso (ahora sentenciado, antes procesado), es un estado procesal diferente que imperaba al momento en que se ejecutaron los actos reclamados. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, se impone sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo indirecto respecto al acto reclamado y autoridad responsable, con base en lo que dispone la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó. Sin que para lo anterior sea óbice el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe rendido por la Juez de Control, Región 02 Tapachula, con sede en esta ciudad, toda vez que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias, y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno.
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