Eplaina Gonzalez Angeles

Expediente 1330/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1330/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Eplaina Gonzalez Angeles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le notificó que la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa causo ejecutoria; asimismo, solicita que se le remitan el juicio agrario ***, mismo que adjuntó a su informe respectivo. Ahora bien, devuélvase a la citada autoridad responsable, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 15 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1330/2022, promovido por Eplaína González Ángeles, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda como amparo directo. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, ante la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad de Morelia, Eplaína González Ángeles, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la propia autoridad, por lo que dicha demanda y sus anexos se remitieron al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo el Decimoprimer Circuito en turno. Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado constituye un acto emitido fuera de juicio, el cual es impugnable en la vía indirecta, por tanto, a través del oficio 7630/2022 ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito por lo que, en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós la admitió a trámite, la registró bajo el número de expediente 1330/2022, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que el mismo ya obra glosado en las constancias que remitió el tribunal colegiado; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por sus trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 con residencia en Morelia, Michoacán: La sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 413/2020 relativo al juicio de controversia por la sucesión a bienes de Pedro González Melchor y/o Pedro González, promovido por Eplaína González Ángeles; y, Del Registro Agrario Nacional: El haber elaborado en forma incorrecta el documento de vigencia de derechos exhibido en el juicio de origen. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 con residencia en Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en el dictado de la sentencia aquí reclamada. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la Magistrada responsable, consistentes en los autos originales del expediente 413/2020 [constantes de un tomo]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las partes no hicieron valer causales de sobreseimiento ni este juzgador advierte -de manera oficiosa- su existencia, por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a calificar los conceptos de violación, se considera necesario destacar las siguientes constancias que se desprenden del expediente de origen: 1. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, Eplaína González Ángeles, por su propio derecho, promovió ante el Tribunal Agrario Distrito 36, juicio sucesorio testamentario a bienes de su extinto padre Pedro González Melchor y/o Pedro González, a fin de que se le reconociera como única sucesora legítima preferente de los bienes tanto parcelarios como de uso común del núcleo agrario de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, Michoacán. 2. Previo cumplimiento a la prevención formulada, mediante auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 admitió a trámite la demanda en los términos planteados y, seguido el procedimiento respectivo, el doce de agosto de dos mil veintidós dictó sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es procedente la acción ejercitada; de igual forma, es procedente reconocer derechos agrarios y se adjudican en la vía sucesoria los que pertenecieron al extinto PEDRO GONZÁLEZ MELCHOR a favor de EPLAÍNA GONZÁLEZ ÁNGELES, consistentes en la parcela 122, zona 01, polígono 02, con una superficie de 0-16-07.110 hectáreas y, del porcentaje de derechos sobre tierras de uso común de 0.909%, pertenecientes al núcleo agrario denominado SAN NICOLÁS OBISPO, Municipio de MORELIA, Estado de MICHOACÁN. SEGUNDO. Remítase copia certificada de la presente resolución a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, para el efecto de la inscripción respectiva, cancelación de los certificados expedidos a nombre de PEDRO GONZÁLEZ MELCHOR y, en su lugar expida nuevos a favor de EPLAÍNA GONZÁLEZ ÁNGELES, que la acrediten como EJIDATARIA Y TITULAR de la parcela 122, zona 01, polígono 02, con una superficie de 0-16-07.110 hectáreas y, del porcentaje de derechos sobre tierras de uso común de 0.909%, pertenecientes al núcleo agrario denominado SAN NICOLÁS OBISPO, Municipio de MORELIA, Estado de MICHOACÁN, de manera gratuita. TERCERO. Por cuanto a la parcela 45 Z-1 P1/8, con superficie de 7-04-24.12 hectáreas, ubicada en el ejido SAN NICOLÁS OBISPO, municipio de Morelia, Michoacán, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que a su interés convenga. [.]" La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, el acto reclamado deriva del expediente que en la vía de jurisdicción voluntaria promovió la quejosa para que se le adjudicaran los derechos agrarios de su extinto padre. Al efecto, se considera necesario traer a contexto el contenido de los artículos 163 y 165 de la Ley Agraria, así como el 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales por su orden, disponen: De la Ley Agraria: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." "Artículo 165. Los tribunales agrarios, además, conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean planteados, que requieran la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes." Del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas." De la transcripción literal de los preceptos en cita se obtienen las siguientes premisas: Los juicios agrarios tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria. Los tribunales agrarios conocen además en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que requieran la intervención judicial; y, La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Luego, en sus conceptos de violación, la peticionaria de amparo aduce esencialmente: Que la resolución reclamada viola lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, porque su extinto padre Pedro González Melchor y/o Pedro González, también le dejó cono parte de la herencia testamentaria agraria la parcela número 45 Z-1 P1/8, con una superficie de 7-04-24.12 hectáreas, ubicada en San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, según el certificado parcelario número 74635 que obra en el juicio agrario. Que dicha parcela se relacionó en la demanda testamentaria agraria y fue ofrecido el certificado mencionado como prueba documental, por lo que se acreditó dicha parcela como parte integrante del caudal hereditario y al no considerarlo así la responsable, inobservó lo dispuesto en el numeral 189 citado. Por lo anterior, aduce que no se apreciaron ni valoraron las pruebas y documentos ofrecidos, ya que el certificado parcelario exhibido se encuentra debidamente inscrito en el Registro Agrario Nacional, y con ello se acredita que la parcela en mención es parte integrante del caudal hereditario y como ya se le reconoció la calidad de ejidataria, le corresponde el usufructo de la multicitada parcela. Que la fijación de la Litis fue concedida en todas las prestaciones, excepto en la parcela 45 Z-1 P1/8, misma que no fue tomada en cuenta porque el Registro Agrario Nacional dolosamente y en un acto de omisión no la relacionó en el acta de vigencia de derechos agrarios, lo cual es incorrecto porque en el sumario existen pruebas suficientes para acreditar fehacientemente que la referida parcela pertenece al caudal hereditario y la responsable debió requerirle para que expidiera la vigencia de derechos de forma correcta. Señala también, que el Registro Agrario envió un legajo de copias certificadas entre las que obra el acta de asamblea de ejidatarios celebrada con motivo dela delimitación, destino, asignación de tierras del ejido San Nicolás Obispo, de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la que aparece la relación de ejidatarios, sus parcelas, el nombre del extinto ejidatario Pedro González Melchor y/o Pedro González, parcela 45, superficie 7-04-24.126 y la parcela número 122, superficie 0-16-07.115, con lo que se acredita que dichas parcelas son las que mencionó en su demanda y se fijaron en la Litis, por lo que la responsable varió la Litis al considerar que no había ningún documento que acreditara la existencia de la parcela como propiedad de su extinto padre. Argumenta que el Registro Agrario Nacional no anotó la parcela 45 en la constancia de vigencia de derechos agrarios, sino únicamente la 122, cuando aparecen juntas en la foja 196 del legajo de copias certificadas enviadas por el citado Registro, y que al momento de que la responsable recibió tal constancia no le notificó su llegada para imponerse de su contenido, sino que ordenó remitir el expediente a la secretaría de estudio y cuenta para la elaboración del proyecto de resolución. Que la responsable debió darle vista con la constancia en comento para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que tampoco se le hubiera notificado para el período de alegatos, cuando el artículo 344 del Código federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia dispone la apertura de la audiencia de alegatos, por lo que solicita se conceda el amparo para que se le llame a imponerse del citado documento y se abra el período de alegatos. Los conceptos de violación aducidos resultan infundados, como se expone a continuación. La quejosa se duele de lo resuelto por la Magistrada responsable en el sentido de no declararla como titular de la parcela 45 Z-1 P1/8, con una superficie de 7-04-24.12 hectáreas, ubicada en San Nicolás Obispo, municipio de Morelia. Al respecto, en la resolución combatida la autoridad responsable determinó que del estudio y análisis de los elementos de prueba ofrecidos por la promovente, valorados en conciencia en los términos del artículo 189 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria, por lo que -señaló- con la constancia de derechos agrarios expedida por el Registrador Integral adscrito al Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, se acreditó que Pedro González Melchor, fue ejidatario, que se encuentra vigente en sus derechos y es titular del certificado parcelario número 74631, que ampara la parcela 00122, zona 01, polígono 02, con una superficie de 0-16-07.110 hectáreas, así como el certificado sobre tierras de uso común número 21876, con un porcentaje de 0.909%, pertenecientes al ejido denominado San Nicolás Obispo, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán. También tuvo por acreditado que el autor de la sucesión no otorgó lista de sucesión ante dicha instancia. Asimismo, señaló que no escapó a su atención que la promovente en su escrito inicial hizo referencia a que el autor de la sucesión fue titular además de los derechos de la parcela 45 Z-1 P1/8, con una superficie de 7-04-24.12 hectáreas, ubicada en San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, Michoacán, sin embargo, al respecto dijo que de las constancias aportadas al expediente no obra medio de convicción alguno que demuestre que a la fecha, el de cujus cuente con la vigencia en la titularidad de dicha parcela. Ello, considerando que la constancia de vigencia de derechos expedida por la instancia registral únicamente reporta la parcela 122, así como el porcentaje de derechos sobre tierras de uso común. Por lo anterior, respecto de la parcela 45 Z-1 P1/8, con superficie de 7-04-24.12 hectáreas, ubicada en el ejido San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, Michoacán, la responsable dejó a salvo los derechos de la promovente para que los haga valer en la vía y términos que a su interés convenga, ello -dijo la magistrada- derivado del estudio de las constancias aportadas al expediente y que no existe prueba que demuestre que a la fecha, el de cujus cuente con la vigencia en la titularidad de dicha parcela. Dicha determinación se considera apegada a la legalidad porque, como se dijo con antelación, el trámite de las diligencias voluntarias comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del órgano jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En el caso, la parte quejosa promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con la finalidad de que se le reconocieran los derechos y se le adjudicaran en la vía sucesoria los que pertenecieron a su extinto padre Pedro González Melchor; trámite en el cual con las constancias exhibidas acreditó ser hija del autor de la sucesión, quien no otorgó lista de sucesión y de acuerdo con la constancia de vigencia de derechos agrarios expedida por el Registro Agrario Nacional, contaba con los derechos agrarios de la parcela 122, zona 01, polígono 02, con número de certificado parcelario 74631. Por otro lado, no obstante que la promovente exhibió el certificado parcelario número 74635 que ampara la parcela número 45 Z-1 P1/8, de la citada constancia de vigencia de derechos expedida por el Registro Agrario Nacional, se obtiene que no se incluyó dicha parcela, por lo que la autoridad responsable determinó que en el trámite de origen no se comprobó que esa parcela perteneciera al haber hereditario del extinto y dejó a salvo los derechos de Eplaína González Ángeles, para que los hiciera valer en la vía que conviniera a sus intereses Criterio que este juzgador comparte con la magistrada responsable porque, si en las constancias aportadas al trámite, específicamente la constancia de vigencia de derechos de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, expedida por el Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, y que fue valorada por la magistrada del tribunal agrario, únicamente se hizo constar que Pedro González Melchor, fue titular de la parcela 122 Z-1 P2, así como del porcentaje de 0.0909% sobre el total de las tierras de uso común ubicadas en el ejido de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, Michoacán, es incuestionable que -como señaló la autoridad responsable- en el expediente de origen no se comprobó que la parcela 45 Z-1 P1/8, también perteneciera al haber hereditario del de cujus y por ello, no procedía reconocer a la quejosa los derechos agrarios sobre la misma, sin que por ello sea dable aseverar que la responsable hubiere dictado sentencia contra las pruebas ofrecidas, variado la Litis, o realizado una incorrecta valoración de las pruebas. Se afirma lo anterior, pues se insiste, en el trámite de las diligencias voluntarias únicamente se solicita la intervención del órgano jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, y por lo mismo no procedía, como aduce la quejosa, darle vista con las constancias remitidas por el Registro Agrario Nacional, y requerirle para que expidiera nueva constancia de derechos agrarios incluyendo las dos parcelas señaladas. Es así, porque la jurisdicción voluntaria implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el órgano jurisdiccional intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que deba existir previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Como apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.826 C, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro digital 164011, del rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS. El supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria establecido en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que deba existir previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Por tanto, el escrito de jurisdicción voluntaria no constituye una propuesta de demanda para la decisión de si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas obligaciones o si es indebida la causa por la cual se incumplieron, pero son aspectos que pueden ser narrados por el solicitante como causa de pedir la intervención judicial para que se haga saber a la contraparte su interés en que cumpla, lo cual no desborda el supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria." Por tanto, si bien la quejosa aduce que el Registro Agrario Nacional remitió un legajo de copias certificadas, donde obra el acta de asamblea de ejidatarios celebrada con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras del ejido de San Nicolás Obispo, donde se aprecian ambas parcelas, la 122 Z-1 P2 y la 45 Z-1 P1/8, lo cierto es que el Registrador Integral del propio Registro Agrario Nacional expidió la constancia de vigencia de derechos donde únicamente se advierte la parcela 122, por lo que no obstante la existencia del certificado parcelario 74635 que ampara la referida parcela 45, no es posible tener por acreditado que esta perteneciera al haber hereditario de Pedro González Melchor, pues para el procedimiento de jurisdicción voluntaria no es parte de la vigencia de derechos. En esas condiciones, no procedía requerir al citado registrador para que elaborara diversa constancia pues esa circunstancia en todo caso no es materia del trámite de jurisdicción voluntaria promovido por la quejosa y por ello, en forma correcta la responsable determinó dejar a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que a su interés convenga. De igual forma, es erróneo lo que señala la quejosa en el sentido de que la magistrada responsable debió notificarle la llegada del documento consistente en la constancia de vigencia de derechos para imponerse de su contenido, requerir al registrador del Registro Agrario Nacional para que expidiera diversa constancia y además, notificarle el período de alegatos prevista en el artículo 344 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, porque -se reitera- diligencias de jurisdicción voluntaria son asuntos no litigiosos en los que únicamente se solicita la intervención judicial sin que esté promovida cuestión alguna entre partes determinadas y por lo mismo la audiencia de alegatos a que a que se refiere el aludido precepto legal no está prevista para dicho trámite, precisamente por no tratarse de un juicio, pues si se le exigieran las formalidades que regulan a estos últimos, se desnaturalizaría el trámite de la jurisdicción voluntaria. Finalmente, resulta inoperante lo expuesto por la quejosa en el sentido de que en forma dolosa el Registro Agrario Nacional elaboró en forma incorrecta el documento de vigencia de derechos exhibido en el juicio de origen, al no anotar la parcela número 45, sino únicamente la 122 y por ello este Juzgado de Distrito le debe conceder el amparo a fin de requerir de nueva cuenta a la citada dependencia para que expida la constancia en forma correcta. Es así, porque el documento consistente en la constancia de vigencia de derechos agrarios allegada al juicio natural, no puede tenerse como acto destacado en esta instancia constitucional, ya que no es posible analizar un documento que constituye una prueba en el procedimiento respectivo, es decir, no puede analizarse de manera autónoma, pues lo que aquí se estudia es el acto de la autoridad jurisdiccional que lo valora, en este caso, la sentencia impugnada; de ahí la inoperancia de los argumentos planteados. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia que suplir de oficio, se concluye que la parte quejosa no demostró que se infrinja en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eplaína González Ángeles, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones contenidas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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