Epigmenio García Segundo

Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
584/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Epigmenio García Segundo
  • Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México
  • Epigmenio García Segundo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Anotaciones y archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su depuración. Destino de los cuadernos incidentales Asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva y el duplicado del mismo es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asentar datos en carátula del expediente De conformidad, con el punto décimo primero, párrafo segundo, del citado acuerdo general se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Devolución documental aportada por autoridad judicial Debido a que el Juez de Control del Distrito Judicial del Oro, Estado de México, remitió veinte discos compactos de las carpetas administrativas 241/2019 y 247/2019 de su índice, por tanto debido a que ya no es necesario que siga en este órgano jurisdiccional, se ordena devolver dicha documental pública. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Incidental

    ÚNICO. Se niega a Epigmenio García Segundo, la suspensión definitiva contra las autoridades y actos precisados en la presente determinación.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en términos de la Circular SECNO10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina, entre otras cosas, que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de plazos y términos decretada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte; es procedente la reanudación en el presente asunto. En ese contexto, toda vez que se levantó la suspensión de plazos y términos, decretada ante la contingencia por el virus COVID-19; por tanto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para el desahogo de la audiencia incidental se señalan las doce horas con diez minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. En el entendido de que, debido a la contingencia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), en el caso de que así fuera su deseo, la comparecencia física de los intervinientes está prohibida y queda colmada a partir de los escritos presentados física o electrónicamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto dictado el veintidós de febrero del año en cita, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 584/2020-II, promovido por Epigmenio García Segundo, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades, en audiencia pública el Juez Oscar Antonio Madero González, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario David Ruedas Moncivais, que da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Conste. veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Abierta la audiencia de ley, se procede a hacer un análisis de todas las constancias que integran el expediente en que se actúa, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una, de conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la tesis1 del rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", en cuanto a que establece que es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en el acto. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. 1 Con número de registro 206494, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989; página 185, Octava Época, Materia Común. Ahora bien, previo a la apertura del periodo probatorio, se advierte que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a fin de aclarar la denominación de la autoridad responsable "Comisario de la Policía Ministerial de Mandamientos Judiciales en Atlacomulco, Estado de México", apercibido de no hacerlo dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, se tendrían por inexistentes; el cual fue notificado personalmente el ocho de marzo siguiente, sin que a la data presentara promoción para tal efecto. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se deja de tener como autoridad responsable en el presente juicio de amparo al "Comisario de la Policía Ministerial de Mandamientos Judiciales en Atlacomulco, Estado de México". Tiene aplicación la tesis III.2o.P.36 K, visible en la página 2329, Tomo XXIII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Novena Época, Materia Común, con número de registro 176376, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se??????????? realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario certifica: que la parte quejosa fue omisa en ofrecer medio de convicción alguno; mientras que la autoridad responsable denominada Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, ofreció diversas documentales públicas2; y certifica que no existe medio de convicción pendiente de acordar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales públicas ofrecidas por la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza; y, por otra parte de conformidad con el numeral citado a supralíneas aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas en el presente juicio de amparo, con lo cual se da por concluida dicha etapa. Enseguida, se abre la fase de alegatos y el secretario certifica: Que la parte quejosa se abstuvo de formularlos; mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sí formuló pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho del quejoso a manifestar alegatos y por formuladas las manifestaciones del agente del Ministerio Público adscrito. 2 Consistente en copia certificada del expediente digital de las carpetas administrativas 241/2019 y 247/2019, así como diversas videograbaciones en formato DVD relativas a las audiencias de formulación de la imputación sin detenido, audiencia intermedia y continuación de audiencia intermedia. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 584/2020-II, promovido por Epigmenio García Segundo, contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cuatro de septiembre de dos mil veinte y turnada a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Epigmenio García Segundo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. En auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la adscripción adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. Tercero. Mediante acta que antecede se tuvo por inexistente a la autoridad denominada "Comisario de la Policía Ministerial de Mandamientos Judiciales en Atlacomulco, Estado de México", por lo que se suspendió toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama un acto que tiene ejecución en el lugar en que este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I3, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo4, se advierten como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables. 1) Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de 3 Sirve de sustento a lo anterior, la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 4 Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; así como la diversa tesis del propio órgano colegiado, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, que en su rubro prescribe: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México (ordenadora). 2) Juez de Control del Distrito Judicial del Oro, Estado de México (ordenadora). 3) Agente del Ministerio Público Investigador del Único Turno de San José del Rincón, Estado de México (ordenadora). 4) Fiscalía General de Justicia del Estado de México (ejecutora). Actos reclamados. ? Orden de aprehensión o reaprehensión, presentación, comparecencia o detención, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por cuestión de método y técnica jurídica, a continuación se determinará si se encuentra acreditado o no los actos reclamados, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 212775, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 68 Octava Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, debe decirse que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades denominadas 1) Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México, 2) Juez de Control del Distrito Judicial del Oro, Estado de México, 3) Agente del Ministerio Público Investigador del Único Turno de San José del Rincón, Estado de México y 4) Fiscalía General de Justicia del Estado de México; toda vez que, al rendir sus respectivos informes justificados así lo manifestaron. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 209, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior que la autoridad responsable denominada Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, manifestó que encontró antecedentes del aquí quejoso que dentro de las carpetas administrativas 241/2019 y 247/2019; ambas iniciadas por el hecho delictuoso de lesiones agravadas por haberse cometido por disparo de arma de fuego y con la calificativa de haberse cometido con ventaja en agravio de Miguel Ángel García Urbina; de las cuales remitió copia certificada y en formato digital, además de los registros de audio y video de las diversas audiencias de formulación de la imputación sin detenido, incluyendo el auto de vinculación a proceso, así como la audiencia intermedia y las continuaciones de la audiencia intermedia. Asimismo, en ambas carpetas administrativas, se advierte que se solicitaron diversas órdenes de aprehensión en contra del aquí quejoso; sin embargo, dentro de la carpeta administrativa 241/2019 el veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve la Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes Aprehensión en Línea negó la orden de aprehensión solicitada; mientras que en la carpeta administrativa 247/2019, el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes Aprehensión en Línea negó la orden de aprehensión solicitada. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que en el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador del Único Turno de San José del Rincón, Estado de México, este informó que si bien es cierto que no se han emitidos los actos que reclama el aquí quejoso, se sigue la carpeta de investigación NIC: ATL/ATA/01/MPI/443/01748/19/06 por el hecho delictuoso de lesiones agravadas por haberse cometido por disparo de arma de fuego y con la calificativa de haberse cometido con ventaja en agravio de Miguel Ángel García Urbina, quedando registrada con el número de carpeta administrativa 247/2019 ante el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en la cual incluso el veinte de enero de dos mil veinte se dictó auto de vinculación en contra del quejoso Epigmenio García Segundo. En consecuencia, derivado de lo anterior, se advierte que, como se adelantó, no existen los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ahora bien, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que en caso de que en el informe justificado rendido por las autoridades, aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o bien, por cualquier medio tenga conocimiento de actos de autoridad que se encuentren vinculados con los reclamados, procederá la ampliación5; sin embargo, del criterio 1a./J. 45/2008 -utilizado por analogía-, emitido por la Primera 5 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, Novena Época, con número de registro 183932, del rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN", se advierte que señaló que en caso de que el acto que se reclama en el juicio de amparo sea la orden de aprehensión y en el informe justificado se desprenda que ya se decretó el auto de formal prisión resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo contra este último, pues indudablemente este generaría un cambio de estatus jurídico en el quejoso, es decir, no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado generado por una diversa etapa -en el caso la audiencia intermedia-. Asimismo, no se soslaya que de las constancias que remite el Juez oficiante, se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de dichos actos con fecha anterior, es decir, no son actos desconocidos por el quejoso, pues a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, cuatro de septiembre de dos mil veinte, el aquí quejoso ya había sido vinculado a proceso, esto es, en tanto que en audiencia inicial celebrada el veinte de enero de dos mil veinte, se vinculó a proceso al aquí quejoso por el delito de lesiones agravadas por haberse cometido por disparo de arma de fuego y con la calificativa de haberse cometido con ventaja en agravio de Miguel Ángel Urbina García, circunstancia que es del conocimiento del impetrante pues incluso por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, se tuvo por justificada su inasistencia a dicha diligencia. En consecuencia, derivado de las constancias se advierte que el quejoso sí que tenía conocimiento de los actos que señala la responsable incluyendo los posteriores a la presentación de la presente demanda de amparo, pues también de las constancias se desprende que el propio quejoso justificó su inasistencia. En ese contexto, y toda vez que el impetrante de amparo no aportó medio de convicción alguno que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables respecto a la inexistencia de los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión o reaprehensión, presentación, comparecencia o detención, así como su ejecución, es válido considerar que los actos reclamados a través de este juicio constitucional no existen. Sostiene lo anterior, el criterio con número de registro 187728, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que en su rubro y texto indica: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En las relatadas consideraciones, al no existir los actos reclamados; con fundamento en el artículo 63, fracción IV6, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Cobra aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia con número de registro 227634, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior la jurisprudencia con número de registro 226555, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 6 "Artículo 63.- Procede el sobreseimiento: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Epigmenio García Segundo, respecto de los actos reclamados y de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

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