Epifanio Salvador Roque
Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/07/2023
Partes del expediente
- Epifanio Salvador Roque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA HA CAUSADO EJECUTORIA...SE DECRETA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO...DEVUÉLVASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ...DÉSE VISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS ACUDAN A RECOGER LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS...FINALMENTE...UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES PROVEÁSE LO CONDUCENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EXHIBIDO...
- Incidental
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA HA CAUSADO EJECUTORIA...SE DECRETA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO...DEVUÉLVASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ...DÉSE VISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS ACUDAN A RECOGER LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS...FINALMENTE...UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES PROVEÁSE LO CONDUCENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL BILLETE DE DEPÓSITO EXHIBIDO...
- Principal
***SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 24 DE JULIO DE 2023; QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE "Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que las partes dentro del término legal concedido de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, no se inconformaron de la sentencia dictada en autos el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la que, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; consecuentemente, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en la certificación de cuenta no se haya computado el término para las autoridades responsables dado el sentido del fallo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia P./J.22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio 2003, página 23, Materia Común, del rubro y texto siguientes: Tomo XVIII, Julio de 2003. "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En tal razón, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; y dado, que no existe promoción pendiente de acordar ni diligencia por desahogar, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se decreta el archivo del presente asunto como enteramente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 17 fracción III inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que no se encuentra contemplado en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 15 del Acuerdo en comento, pues no constituye un asunto de relevancia documental. En el entendido de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Ahora bien, considerando que, en el sumario, se ordenó aperturar por separado el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, el cual, obra en una única pieza de autos, de conformidad con el artículo 264 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; bajo ese contexto, y considerando lo acordado en líneas precedentes, se estima que, el referido incidente de suspensión, es susceptible de CONSERVACIÓN; ello con fundamento en el artículo 17 fracción III inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración y conservación integra de los expedientes conservables generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedido la suspensión definitiva solicitada; por tanto, dicho incidente de suspensión resguárdese por separado en el archivo de este Juzgado Federal, durante un lapso de tres años; ya que después de ese lapso será susceptible de transferencia por parte de este Órgano Jurisdiccional. Intégrese copia autógrafa del presente acuerdo al incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Se comunica a las partes que conforme a lo señalado en los artículos 8 fracción I, 9 y 17 fracción III inciso a) del referido Acuerdo, así como los artículos 11 fracción XV y 86 fracciones XVII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; el presente expediente se conservará en el archivo de este Juzgado durante un lapso de tres años, ya que después de ese lapso será transferido al Archivo de Concentración. Asimismo, devuélvase a la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto de San Juan del Río, Querétaro, las documentales consistente en copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente oral mercantil ***, de su índice, en dos tomos de pruebas; que remitió en apoyo a su informe justificado, así como a su informe previo; por lo que, con fundamento en el artículo 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el oficio de notificación que derive de este auto, sirva de recibo por parte del Actuario adscrito para su envío correspondiente; quien deberá asentar con precisión la entrega de las mismas. En razón de que en el presente sumario obran documentos originales exhibidos por la parte tercera interesada, se ordena dar vista a la misma para que dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo la Dirección General de Archivo y Documentación, en el momento oportuno determinara lo que en derecho corresponda, respecto del destino de las mismas. Finalmente, toda vez que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, por auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por constituida la garantía fijada a la quejosa en la resolución incidental de cinco de junio de dos mil veintitrés, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que se le concedió respecto del acto reclamado, al exhibir el billete de depósito ** por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.); y atendiendo a que conforme a lo establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo, la parte tercera interesada es quien, dentro del plazo de seis meses contados a partir de su notificación de este acuerdo, puede pretender hacer efectiva en su favor la citada garantía por los daños y perjuicio que pudieran habérsele causado con la suspensión del acto reclamado; hágase del conocimiento de la parte quejosa, que una vez agotado ese lapso sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, por escrito podrá ocurrir a este Juzgado a solicitar su devolución, ya que de no hacerlo transcurridos dos años a partir de que fenezcan los consabidos seis meses, se prescribirá el billete de depósito aludido y su importe se hará efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación."
- Principal
...AGRÉGUESE EL OFICIO SIGNADO POR...ACUSA RECIBO DEL OFICIO...CONTIENE LA SENTENCIA DE AMPARO...LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES...
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