Epifanio Pelemón Jiménez Velázquez
Expediente 1427/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1427/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Epifanio Pelemón Jiménez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento que en auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio administrativo 145/2015, de su índice, dejo a disposición del quejoso los títulos de créditos 0000412, con número de póliza 0000061; en consecuencia, dígasele a la moral quejosa por conducto de quien legalmente la represente que deberá comparecer al local de la autoridad responsable a recoger los referidos títulos de crédito y una vez que realice el cobro respectivo lo haga del conocimiento de este juzgado federal. Con el apercibimiento para el caso de no hacerlo y de no informar lo requerido en el párrafo que antecede, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización...MESA 7
- Principal
AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Recepción de la Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Epifanio Palemón Jiménez Velázquez, por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México. Registro de la Demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1427/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Desechamiento de la Demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, al realizar una lectura íntegra de la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que el quejoso Epifanio Palemón Jiménez Velázquez, señala como acto reclamado la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1261/2018, promovido por Teresa Santiago Cruz, endosataria en procuración de Sandra Isabel Domínguez Gómez, en contra de Israel Jiménez Álvarez, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De los artículos transcritos, se advierte lo siguiente: a) El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado. b) El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal. Conforme a las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en este numeral tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto que, la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Lo anterior, se advierte del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". De lo señalado, se advierte que la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6 de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que ésta consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada o a los representantes legales del quejoso. Entonces, la aplicación a contrario sensu del numeral en comento, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1261/2018, promovido por Teresa Santiago Cruz, endosataria en procuración de Sandra Isabel Domínguez Gómez, en contra de Israel Jiménez Álvarez, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el que el amparista Epifanio Palemón Jiménez Velázquez, no es parte. Asimismo, el quejoso refiere que compareció mediante una tercería excluyente de dominio, reclamando el embargo realizado al vehículo de su propiedad marca "cutlas", en el juicio de origen, tercería en la que mediante resolución de uno de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emitió sentencia y ordenó levantar el embargo de dicho vehículo. Ahora bien, se hace del conocimiento del quejoso que la tercería excluyente de dominio es un juicio tanto en la forma como en el fondo, pues en ella se ventila una acción que debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento judicial en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales; es así que el artículo 1368 del código mencionado, da a las tercerías la calidad de juicio, pues ordena su tramitación por cuerda separada al principal, además, en el artículo 1362 citado, se reconoce que se deduce una acción distinta a la que se debate en el principal, llamando tercer opositor a éste nuevo litigante, circunstancias que patentizan que aun cuando se considera a la tercería juicio incidental por su íntima relación respecto al juicio del cual se interpone, ni por su forma ni por la materia es un incidente, sino un verdadero juicio. Lo anterior, dado que la tercería no se tramita en la misma pieza del juicio mercantil del que deriva, en ella se llevan a cabo otras diligencias, existe un periodo probatorio; todo lo cual, implica que deba ser radicada con un número diverso al del juicio mercantil del que proviene, es así, pues por medio de la tercería la accionante pretende que no se afecten sus derechos con el embargo y posteriores resoluciones que se emitan en el juicio principal y que incidan en su propiedad; derechos que, como se dijo, en ambas contiendas son distintos, además, es evidente que aunque la tercería excluyente de dominio se encuentra vinculada al juicio al que está afectando el bien que pretende excluir, ello no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería. En ese contexto, si la tercería excluyente de dominio en materia mercantil tiene una sustantividad propia y diversa a la del juicio preexistente, es evidente que el Juez responsable debe radicarla en forma separada y registrarla con un número distinto al juicio del que proviene, es decir, darle sustantividad propia, a fin de estar en posibilidad de determinar la cuantía del negocio, o bien, si es de cuantía indeterminada; lo que incide en tener certeza sobre la vía intentada, la competencia para conocer del asunto y para que las partes puedan tener seguridad de los recursos que pueden plantear, cuando su procedencia depende de la cuantía del negocio o si es indeterminada. Tomando en consideración el anterior razonamiento, el acto que por esta vía reclama el quejoso fue dictado en el ejecutivo mercantil 1261/2018, promovido por Teresa Santiago Cruz, endosataria en procuración de Sandra Isabel Domínguez Gómez, en contra de Israel Jiménez Álvarez, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y no así en la tercería excluyente de dominio que promovió con motivo del embargo realizado a su vehículo marca "cutlas", en la que ya obtuvo sentencia favorable, es decir, no es parte en el juicio ejecutivo mercantil del que deviene el acto reclamado, ya que la tercería y el juico de origen, se manejan en cuerda separada, inclusive con diverso número de asunto. Tomando en consideración lo anterior, el quejoso no demuestra la legitimación para impugnar el acto aludido, es decir, que le irrogue perjuicio alguno, pues como se evidenció, no es parte en el juicio ejecutivo mercantil 1261/2018, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, por lo que se estima que no tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado en estudio. Es aplicable, la tesis VI.2o.C.242 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1051, del tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ... Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia, visible en página 1598, Tomo II, Marzo de 2019, Libro 64, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.El citado precepto establece que el juicio de ampro indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda Epifanio Palemón Jiménez Velázquez, por propio derecho. Notificación del quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFÍQUESE.
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