Epifanio Blanco Muñoz

Expediente 259/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
259/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2015

Partes del expediente

  • Epifanio Blanco Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el auto dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, sí existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos Toda vez, que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de dieciocho de mayo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del quejoso, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de mayo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, que dice. Ensenada, Baja California, quince de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Epifanio Blanco Muñoz, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez Mixto de Paz, de esta ciudad. 2. Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 259/2015-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El registro de antecedentes penales, ordenado al quejoso, dentro del proceso 64/2013, del índice del Juzgado Mixto de Paz, con residencia en esta ciudad, y su ejecución. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la transcripción que antecede, se pone de manifiesto que cuando el acto reclamado lo constituye alguna resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley conceda un recurso o medio de defensa, previo a la interposición del juicio de garantías, el gobernado debe cumplir con el principio de definitividad; esto es, debe agotar aquellos recursos ordinarios que la ley le confiera para combatir tales actos de autoridad. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia arriba indicada, en razón de que al reclamarse la orden de identificación administrativa (ficha signalética), como único acto y tratarse de un acto de autoridad de naturaleza administrativa, el cual por sí mismo no afecta o impone alguna forma de restricción o perturbación de la libertad del promovente Epifanio Blanco Muñoz, ni constituye una pena en términos del artículo 22 de la Carta Magna, sino que se trata de una simple medida que aportarán al Juez del proceso y de futuros procesos más elementos para individualizar la pena que en su caso deba imponerse al que cometió el ilícito, ello lleva a determinar que tal acto se rige por el artículo 16 constitucional; por ende, no se actualiza el caso de excepción al principio de definitividad, por lo que, para ocurrir al juicio de amparo, se requiere agotar dicho principio. Circunstancia que en el caso no acontece, puesto que del escrito de amparo del inconforme Epifanio Blanco Muñoz, no se advierte que haya agotado primeramente el recurso ordinario que prevé el artículo 320, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, para así ocurrir al juicio de amparo; esto es, que se hubiera inconformado contra la parte correspondiente del auto de formal prisión en el que se ordenó su identificación. Sustenta la anterior determinación, la tesis de Jurisprudencia número 1ª./J.60/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 164, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Ahora, al ser obligatoria para este órgano jurisdiccional la tesis de jurisprudencia transcrita, y actualizarse su hipótesis al caso en estudio, es incuestionable que al no agotarse el principio de definitividad que rige para el acto que aquí se reclama orden de identificación administrativa (ficha signalética) y su ejecución), se concluye que se actualiza la referida causal de improcedencia. De igual manera, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 79/2006, surgida de la contradicción de tesis número 58/2006, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de los criterios puestos sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo y Octavo, todos en Materia Penal del Primer Circuito, que es del rubro y tenor literal siguiente: "ESTUDIO DE PERSONALIDAD DICTADO DENTRO DEL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMA POR VICIOS PROPIOS, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO DEBE PROMOVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. De los artículos 72 del Código Penal y 296 bis del Código de Procedimientos Penales, ambas legislaciones para el Distrito Federal, se advierte que el estudio de personalidad es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa elementos suficientes para individualizar la pena. Ahora bien al igual que el auto del que deriva el mencionado estudio de personalidad es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 de la ley adjetiva citada cuando se reclama de manera destacada o como acto independiente el auto de término constitucional del cual emana, ya que el recurso tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legalidad de dicho estudio y, en su caso determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior y en acatamiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo cuando el estudio de personalidad se reclama por vicios propios; máxime que dicho estudio constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO el escrito inicial, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en boulevard las Dunas y Rocas, número 117, Altos 208, fraccionamiento Playa Ensenada, de esta ciudad, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Joaquín López Sánchez, Lizet Gastelum Mendivil y José Alfredo Hinojosa Arellano. Asimismo, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Ángela Isabel Martínez Chávez, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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