Epifanio Barriga Sarabia

Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
468/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Epifanio Barriga Sarabia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. Regularización. Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, sin que se haya realizado el pronunciamiento correspondiente a los incidentes de suspensión, en los cuales se negó la medida suspensional provisional y definitiva; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en los términos judiciales siguientes. 2. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 2.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 4. Devolución de constancias. Finalmente, por ser innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional, devuélvase las constancias que remitieron las autoridades responsables Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Morelia y el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, en apoyo a sus informes justificados, en el entendido de que servirá como acuse de recibo la constancia que al efecto elabore el personal de este juzgado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, con transcripción del auto de tres de agosto de dos mil veintidós, hace del conocimiento que recibió el oficio 23487/2022, de veintisiete de julio del año en curso, por medio del cual se notificó la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, manifiesta que, toda vez que el diecisiete de marzo del año en curso, se remitieron las constancias del juicio a la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, a fin de que provea lo conducente, ordenó remitir el referido comunicado 4111, al que anexó el diverso 23487/2022, a dicha secretaría. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 468/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dos de febrero de dos mil veintidós, Epifanio Barriga Sarabia, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad (fojas 10-26). En la demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. El asunto fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, órgano que, el catorce de febrero de dos mil veintidós, previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda (fojas 27-31); subsanada la misma, el once de marzo siguiente la admitió a trámite, dando lugar al juicio de amparo 108/2022 (fojas 54-57). El veintisiete de abril de dos mil veintidós, el juzgado ordenó remitir el juicio a este órgano jurisdiccional para continuar con el conocimiento del asunto, en términos de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (fojas 83-85); por tanto, el tres de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito tuvo por recibidos los autos, registrándolos con el número 468/2022, y continuó con la secuela procesal (fojas 93-100). Previo los trámites de ley, el diez de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución (fojas 130-132). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclaman actos de autoridades residentes en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: - El auto de once de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del toca III-1/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra la certificación asentada por el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, en la parte superior del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 169/2017. En dicho proveído ordenó devolver el original del escrito de agravios y del informe rendido con motivo del mismo, al juzgado de origen, con la finalidad de que su titular resuelva el recurso, al considerar que es el competente para conocer del mismo, pues se hizo valer contra una actuación atribuida al secretario de acuerdos adscrito a ese órgano jurisdiccional. De la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán: - La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 169/2017, en la que resolvió en el fondo el recurso de queja intentado por el quejoso. Del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán: - En su función como Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, la omisión de ejercer la facultad contenida en la fracción V del artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, para que la impartición de justicia sea expedita, pronta y cumplida. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en su función como Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, negó la omisión que se le reclama (foja 74). Justifica lo anterior al referir que la atribución contenida en el artículo 91, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tiene alcances administrativos y no jurisdiccionales que no implican que deba dar indicaciones para que los jueces y magistrados resuelvan en determinado sentido, pues ejercen la función jurisdiccional de manera autónoma. Asiste la razón a la citada autoridad responsable, pues la omisión que se le atribuye es inexistente, y para así considerarlo, se toma en consideración que el citado numeral 91, fracción V, que la parte quejosa refiere se inaplicó en su perjuicio, prevé lo siguiente: "Artículo 91. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia lo será también del Consejo y tendrá las atribuciones siguientes: (.) V. Proponer al Consejo las medidas que estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, así como para que ésta sea expedita, pronta y cumplida;" De su contenido, se advierte que una de las facultades del Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es proponer las medidas que estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, así como para que sea expedita, pronta y cumplida. Sin embargo, como refiere la responsable, esta facultad únicamente tiene alcances administrativos y de buen funcionamiento institucional, y por tanto, es ajena a la función jurisdiccional encomendada a los jueces y magistrados que pertenecen al Poder Judicial del Estado de Michoacán, por lo que no tiene relación directa con las decisiones que de manera autónoma toman los operadores jurídicos en los asuntos que son de su conocimiento. A mayor abundamiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendió un estudio del marco normativo constitucional aplicable a los Consejos de la Judicatura de los Poderes Judiciales, tanto en el ámbito Federal como local. Primero, consideró que la existencia de dichos organismos, es únicamente obligatorio en el régimen Federal y de la Ciudad de México, por estar expresamente previstos en los artículos 100 y 122, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su existencia en el ámbito estatal no es imperativa. Sin embargo, en caso de que las legislaturas locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, a fin de mantener coherencia con el sistema federal, debe seguirse garantizando la independencia y la autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división de poderes; para lo cual su constitución debe cumplir por lo menos, con dos principios fundamentales: 1. En la suma total de componentes de un Consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y, 2. La conformación del Consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará. Todo lo cual se obtiene de la siguiente jurisprudencia: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN. Los Consejos de la Judicatura, como órganos de administración del Poder Judicial, sólo son obligatorios en el régimen Federal y en el ámbito del Distrito Federal, conforme a los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, su existencia en el ámbito estatal no es imperativa. Sin embargo, en caso de que las Legislaturas Locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, por cuestión de coherencia con el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Ley Suprema, ello no debe contravenir los principios establecidos por el Constituyente; antes bien, en acatamiento a los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales, debe seguirse garantizando la independencia y la autonomía del Poder Judicial Local, en función del principio general de división de poderes, sin perjuicio de que esta modalidad se oriente por los principios que para el nivel federal establece la propia Ley Fundamental de acuerdo con su artículo 40, lo que no significa mezclar diferentes regímenes del Estado mexicano, sino sólo extraer los principios generales que el Constituyente Permanente ha establecido para los Consejos de la Judicatura en pleno acatamiento al sistema federal imperante en el país, en el que los Estados de la República son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Norma Suprema. En este tenor, de acuerdo con los procesos legislativos que han originado la creación de los Consejos de la Judicatura, el Constituyente Permanente ha establecido, por lo menos, dos principios fundamentales: 1. En la suma total de componentes de un Consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará, al cual previsiblemente regresarán una vez que terminen sus funciones; y, 2. La conformación del Consejo es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, por tanto, sus decisiones deben respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administrará. Estos principios tienden al pleno respeto a la división de poderes como expresión de una correcta distribución de funciones, pues se garantiza que la función jurisdiccional se vea reflejada en las decisiones administrativas; se acotan funciones de otros Poderes para no permitir que, en ningún caso, formen mayoría que incida en las decisiones administrativas del Poder Judicial; se evitan suspicacias nocivas relativas a una posible intervención en la administración del Poder Judicial por parte de personas designadas por Poderes ajenos al mismo y, finalmente, se garantiza que exista una mayor representatividad de los integrantes del Poder Judicial en la toma de decisiones administrativas y organizacionales del indicado Poder, todo lo cual conduce a desempeñar correctamente la función encomendada relativa a otorgar una adecuada impartición de justicia hacia los gobernados." Para el caso concreto, es especialmente importante el segundo de estos principios, pues como se ve, la función administrativa de los Consejos de la Judicatura Locales, como lo es la del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es únicamente de servicio administrativo a la función jurisdiccional; y por tanto, sus decisiones no tienen el alcance de controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órgano jurisdiccionales que administra. Por tanto, dado que las funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Consejo del Poder Judicial del Estado, son ajenas a las jurisdiccionales que directamente ejercen los órganos jurisdiccionales, no tienen orden, dependencia o sumisión con él, ni entre ellos existe una posición subordinada o relación de mando o dominio, en atención a que en cada ámbito llevan a cabo atribuciones diferenciadas, porque la función jurisdiccional corresponde ejercerla a los Jueces locales, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, los quehaceres administrativos se encomiendan al Consejo referido. Es aplicable al caso el siguiente criterio: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENEN ORDEN, DEPENDENCIA O SUMISIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE ELLOS EXISTE UNA POSICIÓN SUBORDINADA O RELACIÓN DE MANDO O DOMINIO. Del artículo 64, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California se advierte que el Consejo de la Judicatura Local es un órgano auxiliar en las tareas administrativas del Poder Judicial de esa entidad, porque realiza las funciones de vigilancia, administración, supervisión y disciplina, de ahí que los Jueces no tienen orden, dependencia o sumisión con él, ni entre ellos existe una posición subordinada o relación de mando o dominio, en atención a que en cada ámbito llevan a cabo atribuciones diferenciadas, porque la función jurisdiccional corresponde ejercerla a los Jueces locales, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, los quehaceres administrativos se encomiendan al Consejo referido." Todo lo anterior permite concluir que si bien el referido numeral 91, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, faculta al Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a proponer medidas para dar buena marcha a la impartición de justicia, esta facultad debe entenderse limitada únicamente al plano administrativo, sin que tenga el alcance de dar órdenes directas a los operadores jurídicos en la toma de sus decisiones, pues con lo anterior se afectaría la independencia judicial, garantizada constitucionalmente. Lo que es relevante para el estudio de la existencia del acto reclamado al Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado, ya que para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden, es necesario advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Como se advierte en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." En ese sentido, en su escrito de demanda, la parte quejosa medularmente aduce que con la omisión del Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de proponer al Consejo medidas convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, se afectó su derecho a una justicia pronta en el toca III-1/2022, del que conoció la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como en el juicio ordinario civil 169/2017, seguido ante la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán. Sin embargo, es precisamente esa circunstancia la que evidencia la inexistencia de la omisión atribuida al Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, toda vez que como se explicó, las funciones y atribuciones que ejerce el Consejo, son únicamente en un plano de vigilancia, administración, supervisión y disciplina, respecto de los órganos jurisdiccionales que administra, sin que exista una relación de subordinación, dependencia o sumisión entre éste y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de modo que las decisiones tomadas en el toca III-1/2022, y juicio ordinario civil 169/2017, fueron tomadas de manera autónoma por los juzgadores que conocieron de los mismos, en ejercicio de su función jurisdiccional. Lo que significa que deberán ser estos últimos y no el Presidente del Consejo, quienes respondan de la constitucionalidad de las actuaciones que emanen de esos expedientes. Con lo que se concluye que la omisión reclamada a este último es inexistente, y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo, en relación a la omisión en estudio. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por lo que hace a las autoridades responsables Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama (fojas 58 y 77-78). Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas consistentes en el original del toca III-1/2022, y copias certificadas del juicio ordinario civil 169/2017, mismas que obran en dos tomos de prueba por separado; documentales a la que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Es preciso señalar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado (fojas 124-127). Empero, tal pedimento se desestima, en virtud de que la existencia e inexistencia de los actos reclamados quedaron analizadas en este y en anterior considerando, en los términos ahí precisados. QUINTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causas de improcedencia que pudieran actualizarse en el juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones en cita son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De su contenido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando esa improcedencia emane de otros preceptos constitucionales o de la propia Ley de Amparo; y que el juicio de amparo indirecto procedente entre otros casos, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El propio precepto señala que la última resolución consiste en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o bien, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, de las constancias de las que emanan los actos reclamados se desprenden los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, el quejoso Epifanio Barriga Sarabia demandó de J. Jesús Chávez Zavala y de otras personas, en la vía ordinaria civil, la prescripción adquisitiva del predio rústico denominado "Contembo", ubicado en el Municipio y Distrito de Ario de Rosales, Michoacán, y prestaciones accesorias (fojas 1-10 del tomo de pruebas I). Negocio que fue admitido a trámite el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, quedando registrado con el número 169/2017 (foja 11 del tomo de pruebas I). Seguido el curso del procedimiento, el once de septiembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, que declaró improcedente la acción intentada, y absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas, sin hacer condena en costas (fojas 81-92 del tomo de pruebas I). Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que conoció el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca I-314/2018; autoridad que en sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, revocó el fallo de primer grado, para ahora considerar procedente la acción intentada, declaró prescrito a favor del actor Epifanio Barriga Sarabia, la propiedad del predio rústico denominado "Contembo", ubicado en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, por lo que ordenó la inscripción de la sentencia ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, para que le sirva al actor de título de propiedad; ordenó girar oficios a las autoridades catastral y municipal para los fines administrativos correspondientes; y condenó a los demandados al pago de las costas procesales de ambas instancias, con excepción de dos de ellos, por considerar que carecen de legitimación pasiva para ser llamados a juicio (fojas 117-126 del tomo de pruebas I). Determinación que quedó firme por ministerio de ley, al no admitir medio de defensa ordinario en su contra; y además, ese órgano superior informó que contra dicho fallo no se promovió juicio de amparo alguno (foja 117 del tomo de pruebas I). Con la finalidad de ejecutar la sentencia ejecutoria, en proveídos de treinta y uno de enero y veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, acordó las peticiones de la parte actora y ordenó girar oficios al Administrador de Rentas de Ario de Rosales, y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, para que realicen el registro de la sentencia y generen la cuenta de predial a nombre del actor-ejecutante (fojas 129 y 133 del tomo de pruebas I). En contestación a los oficios derivados de esos acuerdos, el Administrador de Rentas de Ario de Rosales informó que para realizar el registro individualizado del predio, es necesario que se presente la autorización prevista en los artículos 419 y 420 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, y acreditar el pago del impuesto municipal de adquisición de inmuebles (fojas 132 y 137 del tomo de pruebas I). Por lo que, en acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado dio vista a la parte actora para que acate lo indicado por la autoridad municipal para realizar el registro respectivo (foja 138 del tomo de pruebas I). Posteriormente, el actor presentó diversas promociones insistiendo en que se requiera al Administrador de Rentas municipal para dar cumplimiento a la sentencia (fojas 140, 142, 158, 178 del tomo de pruebas I); empero, en todas ellas se acordó que debe estarse a lo dispuesto en el proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, referenciado en el párrafo anterior (fojas 141, 143, 159, 179 del tomo de pruebas I). En acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la responsable ordenó de nueva cuenta girar oficios a las autoridades registral y de catastro, para generar el registro y cuenta de predial del inmueble (foja 181 del tomo de pruebas I). No obstante, en la promoción presentada el cuatro de octubre siguiente, el actor manifestó que el oficio que derivó de ese proveído no fue recibido por la autoridad catastral municipal (fojas 188-199 del tomo de pruebas I), por lo que el siete de octubre, la responsable ordenó la entrega del oficio a través de la actuaria adscrita (foja 200 del tomo de pruebas I). El Encargado de la Administración de Rentas de Ario de Rosales dio contestación al oficio, informando que no le fue posible dar cumplimiento a lo requerido, porque el actor no se presentó en las instalaciones en el plazo establecido (foja 203 del tomo de pruebas I); manifestaciones con las que se ordenó dar vista a la parte actora en acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno (foja 201 del tomo de pruebas I). En promociones presentadas el veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó el uso de medios de apremio para conminar a la autoridad catastrar municipal a cumplir con la sentencia (fojas 210 y 212 del tomo de pruebas I); mismas que fueron acordadas el veintisiete de octubre y uno de noviembre siguientes, en ambos casos la responsable le indicó que debía estarse a lo acordado el veintidós de octubre, referenciado en el párrafo anterior (fojas 209 y 211 del tomo de pruebas I). Inconforme con la determinación de veintisiete de octubre, el actor interpuso recurso de apelación (fojas 212-217 del tomo de pruebas I); sin embargo, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable no admitió el medio de defensa intentado, por considerar que no encuadra en los supuestos de procedencia previstos en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (foja 218 del tomo de pruebas I). Contra esta última determinación, el actor interpuso recurso de queja (fojas 219-222 del tomo de pruebas I); promoción a la que recayó el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (foja 223 del tomo de pruebas I). En dicho proveído, el secretario de acuerdos adscrito asentó una certificación del plazo con el que contaba el actor para inconformarse; y tomando en consideración lo asentado, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, decidió no admitir el recurso intentado, por estimar que se interpuso fuera de término. Esa certificación del plazo a su vez fue combatida a través de un segundo recurso de queja, interpuesto el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 224-224 del tomo de pruebas I). Este medio de impugnación fue inicialmente conocido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca III-1/2022; sin embargo, el once de enero de dos mil veintidós, determinó carecer de competencia legal para conocer del mismo, por haber sido interpuesto contra la actuación del secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán; por lo que estimó que es a la titular de ese órgano jurisdiccional a quien corresponde su conocimiento y resolución (foja 78 del tomo de pruebas II). Esta determinación consiste en el primero de los actos reclamados. Adicionalmente, el veintiocho de enero del mismo año, la titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, resolvió el recurso de queja interpuesto, determinando que el mismo es procedente, por lo que ordenó al secretario de acuerdos, levantar una nueva certificación en la que se realice correctamente el cómputo para determinar la procedencia del diverso recurso de queja intentado por la quejosa. Resolución que es el segundo de los actos que reclama. Pues bien, la anterior síntesis de antecedentes evidencia que como se indicó con anterioridad, los actos reclamados fueron emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no le ponen fin, por no tratarse de resoluciones en las que: a) Se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; b) Declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; c) Ordene el archivo definitivo del expediente; o, d) Tratándose de los procedimientos de remate, en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por el contrario, en el primer acto reclamado, la Magistrada responsable resolvió que el órgano jurisdiccional que debía conocer del recurso de queja, cuando se interpone contra actuaciones atribuidas a un secretario de acuerdos, es el juzgado de primera instancia; y, el segundo, resolvió el recurso de queja contra la certificación, medio de impugnación que incluso se declaró procedente, lo que condujo a que en posterior auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se admitiera el recurso de denegada apelación (foja 243 del tomo de pruebas I), sin que de lo anterior se advierta que hayan concluido en definitiva las actuaciones emitidas en ejecución de sentencia. De modo que, al no dar fin a ese procedimiento ejecutivo, el juicio de amparo es improcedente, pues, en su caso, pueden ser reclamadas como violaciones procesales en la demanda de amparo que se intente contra la resolución con la que culmine la etapa de ejecución. No se inadvierte que, por excepción, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos intermedios en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, como se advierte de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Tampoco se pierde de vista que el planteamiento toral del quejoso en su escrito de demanda, es que las responsables, a través de dilaciones constantes, han quebrantado su derecho de contar con una impartición de justicia pronta y expedita. Sin embargo, esa sola circunstancia, por si misma, no es irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque no lesiona de modo actual y directo derechos fundamentales de la parte quejosa, ajenos a la cosa juzgada; además, para que una dilación en la etapa de ejecución de sentencia afecte en ese plano los derechos de los justiciables, la dilación al procedimiento debe ser abierta, o su paralización total, pues sólo en ese caso el juicio es procedente. Se considera así tomando en consideración el contenido de la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En consecuencia, se sobresee en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que al haberse actualizado las causas de improcedencia aquí estudiadas, se hace innecesario abordar el análisis de las restantes que pudieran actualizarse en la especie, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Se invoca la jurisprudencia de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Epifanio Barriga Sarabia, por su propio derecho, contra los actos y por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, KATIA OROZCO ALFARO, hasta el día de hoy veintisiete de julio de dos mil veintidós, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

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