Epifanio Antonio Martínez Moralez
Expediente 1698/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1698/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Epifanio Antonio Martínez Moralez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficios de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por la Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por las Coordinadoras y los Coordinadores de los diversos órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con fundamento en los artículos 9, fracción XIV y 10, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", así como el arábigo 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se acordó como días inhábiles del dieciocho al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas; de igual forma, que por circular SGP/04/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, informó a la ciudadanía la decisión del "Paro Nacional de labores en toda la República", y que en consecuencia se suspendieron labores, términos y plazos procesales. Ahora, del estado procesal de los presentes autos se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se reservó acordar respecto al escrito del quejoso ******************** por medio del cual amplía la demanda de amparo origen del presente asunto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo únicamente respecto a los conceptos de violación que hace valer en el escrito de cuenta. Por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se corre traslado con copia del escrito de ampliación de demanda a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días contados a partir de aquél en que reciban el oficio notificatorio de este auto, rindan el informe justificado que les corresponde, en el que expondrán, las razones y fundamentos que estimen pertinentes para desvirtuar los argumentos que ahora hace valer la parte quejosa. Apercíbase a las autoridades responsables que por la omisión de rendir informe justificado de la presente ampliación, podría hacerlas acreedoras de una multa de conformidad con el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis 2a./J. 66/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2019, de rubro "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." En términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción IV y 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de demanda al Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a este juzgado, a efecto de darle la intervención que por derecho le corresponde en el presente asunto. Por otro lado, de conformidad en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que refiere en su escrito de ampliación, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de presentación y de expresión de agravios de ** por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de septiembre del presente año, en el que este juzgado de Distrito desechó la demanda propuesta. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a); 98, párrafo primero, 99 y 101, de la Ley de Amparo y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta CJF/CAP/DGGJ/STG/1300/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés, remítase el informe materia de la queja y el escrito de expresión de agravios, el primero con evidencia criptográfica al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a mandar copia certificada del presente juicio, en virtud de lo estipulado en los dispositivos normativos antes citados. En el entendido que el expediente electrónico quedará a disposición en el momento que se haga saber el número de expediente relativo al recurso de mérito. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Finalmente, no ha lugar a dar vista a las partes, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que al haberse desechado la demanda propuesta, las partes en el juicio no fueron llamadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado que se admite a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, este juzgado federal se da por enterado de la admisión a trámite del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número Q-474/2023, de su estadística. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el vía electrónica, el oficio de cuenta del Titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al cual se adjunta el símil CGAJ/DAJ/2023/OF/0779 de veintinueve de septiembre del presente año en el que el Coordinador General de Derechos Indígenas remitió el acta de asamblea de la Trigésimo Octava Asamblea para la Defensa del Territorio y Construcción de los planes de vida de los Pueblos Masewual, Tutunaku y Mestizo, celebrada el diecisiete de septiembre del citado año en la cabecera municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, misma que adjunta. Atento a lo anterior, intégrese sin mayor pronunciamiento, en virtud que mediante proveído de tres de octubre del presente año, se recibieron las constancias de referencia con sus anexos y se proveyó lo conducente. Por otro lado visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió al Director General de Minas, de la Secretaría de Economía, a fin de que determinara la improcedencia de las concesiones mineras que quedaron sin efecto por virtud de este amparo; lo anterior, en función de que el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el pueblo ********************, en la Trigésimo Octava Asamblea para la defensa del territorio y construcción de los planes de vida de los Pueblos Masewal, Tutunaku y Mestizo, negaron su consentimiento ante el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en su territorio, así como ante cualquier actividad extractiva. Sin embargo, se precisan nuevamente los efectos de la ejecutoria de amparo que faltan por cumplir en el presente juicio: "2. Emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de su expedición, pero antes de adoptar esa decisión, debe ordenar una consulta al pueblo ******************** o nahua de la Sierra Norte de Puebla, cumpliendo con los siguientes parámetros: 2.1 debe ser previa; 2.2 culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; 2.3 informada; y, 2.4 de buena fe. Asimismo, fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada. Para llevar a cabo la consulta, se deberá auxiliar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conforme lo marca la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, tesis: 2a. XXVIII/2016 (10a.), página 1211; que se transcribe para mayor claridad: (.) En el entendido, que para estar en posibilidad de realizar la consulta conforme a los lineamientos establecidos, la autoridad responsable deberá cerciorarse quiénes son los representantes legítimos de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena auxiliándose de dicha Comisión o bien, en cualquier otro medio que permita acreditar fehacientemente quiénes son los sujetos designados y reconocidos para representarlos, pudiendo bien ser los que ahora promueven este juicio de amparo, o en su caso aquellos que ostenten los cargos de representación correspondiente al momento de realizar la consulta, atento con lo determinen los miembros de la misma. Con relación a los efectos de esta sentencia de amparo, resultan obligadas todas aquellas autoridades competentes pertenecientes a la estructura de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia protectora, para que logre vigencia real y eficacia práctica." Lo subrayado es propio. En congruencia con lo anterior, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE PRECISA QUE EL REQUERIMIENTO FORMULADO EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS AL DIRECTOR GENERAL DE MINAS, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, NO ES PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE NUEVAS CONCESIONES RELACIONADAS CON LAS QUE QUEDARON SIN EFECTO POR VIRTUD DE ESTE AMPARO, SINO PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, LA REFERIDA AUTORIDAD, INCLUYENDO EL COORDINADOR GENERAL DE MINERÍA, DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN MINERA, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE MINERÍA Y DERECHOS MINEROS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ASÍ COMO, AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ENCARGADO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS EN TRÁMITE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS), ACREDITEN QUE CUMPLIERON A CABALIDAD CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS TRAZADOS EN LA EJECUTORIA DE AMPARO CON RELACIÓN A LA PRÁCTICA Y DESARROLLO DE LA CONSULTA INDÍGENA A QUE ESTÁN OBLIGADOS. LINEAMIENTOS QUE QUEDARON TRANSCRITOS CON ANTERIORIDAD. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, se requiere al superior jerárquico de las citadas autoridades responsables, es decir, al Secretario de Economía, para que les ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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