EPIFANIO ANALCO MORALES y Otros.

Expediente 328/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
328/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • EPIFANIO ANALCO MORALES y Otros.
  • Epifanio Analco Morales
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a cinco de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Epifanio Analco Morales, Fredi Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Benito Teodoro Pastrana, Cuauhtémoc Torres Cortez y Gustavo Ángel Pimentel Antúnez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su correcta denominación) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ciudad. EJECUTORA: Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia del Ministerio Público Auxiliar de San Marcos, Guerrero. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: La ilegal orden de aprehensión y/o presentación librada en su contra. SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de expediente 328/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente. TERCERO. En proveído de nueve de mayo del año en curso, se previno al quejoso Benito Teodoro Pastrana para que indicara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y como acto reclamado la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete dictada en el Toca Penal número IV-252/2016, sin que realizara manifestación alguna, por lo que se continuó el trámite del juicio en los términos propuestos en el escrito inicial de demanda y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto, de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso aportara dentro del procedimiento prueba idónea para desvirtuar tal negativa, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta municipalidad, aun cuando al rendir su informe justificado negó el acto; pues de las actuaciones que remite a las cuales se les concede valor probatorio pleno dada su naturaleza, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, si bien el seis de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 164/2015-I, negó la orden de aprehensión en contra de los quejosos respecto de la comisión del delito de daños a la propiedad, en agravio de Ignacio Analco Rendón; por resolución de dieciséis de marzo del año en curso, se revocó aquella determinación y giró orden de captura. En razón de lo anterior, se tiene por cierta la ejecución de la orden de captura reclamada a la autoridad señalada como ejecutoras, pese a la negativa de ello realizaron al rendir su informe. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en de la Ley de Amparo. Sobre el particular se precisa que en diligencias de siete y ocho de abril de dos mil diecisiete se declaró extinguida la acción respecto de Epifanio Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Cuauhtémoc Torres Cortes, Gustavo Angel Pimentel Antunez y Fredy Analco Morales al habérseles otorgado el perdón del ofendido. En ese sentido, oficiosamente se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el numeral transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión la cual se emitió al revocarse la determinación del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares; y, por cuanto hace a los quejosos Epifanio Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Cuauhtémoc Torres Cortes, Gustavo Angel Pimentel Antunez y Fredy Analco Morales, el siete y dieciocho de abril del año en curso, se declaró extinguida la acción por habérseles otorgado el perdón del ofendido. De lo anterior, se tiene que ha cesado en sus efectos el acto reclamado al producirse el mismo resultado para el caso de que se concediera el amparo; por lo que, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y lo procedente es sobreseer en el presente, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que se atribuye al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, con sede en San Marcos, Guerrero, en razón de que no le fue reclamado por vicios propios. QUINTO. En relación con los actos reclamados por Benito Teodoro Pastrana, quien en la causa penal 164/2015-I-8 aparece con el nombre de Benito Carrillo Niño, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. La orden de captura la emitió la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete en el Toca Penal IV-252/2016 al revocar la determinación del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta municipalidad; la cual se estima vigente, pues aun cuando el agraviado Ignacio Analco Rendón le otorgó el perdón del ofendido, no existe constancia alguna de la que se advierta que a la fecha lo haya aceptado o no el incidentista -requisito indispensable para declarar extinta la acción penal. Sin que haya sido señalada como acto reclamado ni como autoridad responsable, pese a habérsele prevenido para tal efecto; lo cual impide analizar la constitucionalidad de esa conducta. En ese sentido, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de esos requisitos que debe colmar el quejoso al acudir a la instancia constitucional, es el que se deriva del numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido de que en la demanda relativa debe señalarse a la autoridad responsable que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el que produciría lo anterior de realizarse, lo que en el caso corresponde particularmente En ese orden de ideas, es factible sostener que, si a pesar de que haber sido requerido el solicitante del amparo por este juzgador para que señalara su deseo designar como acto reclamado dicha determinación y como autoridad responsable a la Segunda Sala en mención, y no lo hizo así, se constituye una imposibilidad para analizar la constitucionalidad de un acto de una autoridad que no forma parte de la relación procesal derivada del juicio de amparo instaurado, de ahí que no pueda vinculársele con motivo de la decisión judicial. Esto, al quedar evidenciado que la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, constituye la conducta de autoridad por virtud de la cual se creó una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, que derivó en la ejecución que reclama. Bajo ese contexto, se concluye que, en el caso, queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia en análisis por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita; por tanto, procede decretar el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 328/2017, por las razones contenidas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Incidental

    R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Los quejosos Epifanio Analco Morales, Fredi Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Benito Teodoro Pastrana, Cuauhtémoc Torres Cortez y Gustavo Ángel Pimentel Antunez, solicitaron la suspensión definitiva de los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ciudad. EJECUTORA: Comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia del Ministerio Público Auxiliar de San Marcos, Guerrero. ACTO RECLAMADO: La ilegal orden de aprehensión y/o presentación librada en su contra. SEGUNDO.- Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de dos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Los jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto, de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia del acto que se les atribuye; por tanto, tomando en consideración que en el sumario no obra medio de convicción alguno del que se advierta lo contrario, pues la parte incidentista no aportó prueba tendente a acreditar la existencia del mismo, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se niega la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre cual decretarla. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta municipalidad, aun cuando al rendir su informe previo negó el acto; pues de las actuaciones que como hecho notorio se agregaron a este cuaderno, se advierte que, si bien el seis de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 164/2015-I, negó la orden de aprehensión en contra de los quejosos respecto de la comisión del delito de daños a la propiedad, en agravio de Ignacio Analco Rendón; por resolución de dieciséis de marzo del año en curso, se revocó aquella determinación y giró orden de captura. En razón de lo anterior, se tiene por cierta la ejecución de la orden de captura reclamada a las autoridades señaladas como ejecutoras, pese a la negativa de ello realizaron al rendir su informe. TERCERO. Ahora, antes de resolver en definitiva la medida cautelar solicitada se precisa lo siguiente: El artículo Cuarto Transitorio, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece lo siguiente: ".Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto". De las actuaciones que integran el presente cuaderno incidental, se advierte que el proceso penal que se sigue en contra de los incidentistas, se lleva con los principios y lineamientos del sistema de justicia penal tradicional; por lo que al presente sumario se aplica la Ley de Amparo Abrogada, de conformidad con el criterio jurisprudencial número I.7o.P. J/3 (10a.) emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Décima Época, Tomo III, Materia Común, página 2069, del rubro y texto, siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ BAJO LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL, LA LEGISLACIÓN APLICABLE ES LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN EL CAPÍTULO RESPECTIVO. De la interpretación de los artículos cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y primero, segundo y décimo transitorios (este último vigente hasta el 17 de junio de 2016) de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril de 2013 se obtiene que para resolver sobre la suspensión del acto reclamado -tratándose de la materia penal-, es indispensable verificar la legislación bajo la cual se inició la causa de la que emana dicho acto, porque será esta circunstancia la que determine si es la Ley de Amparo en vigor o la abrogada la que se observará, ya que no pueden aplicarse disposiciones creadas para un sistema que se rige por determinados principios a un asunto iniciado bajo la vigencia de otro cuyos postulados son distintos. Lo anterior, porque aun cuando ya entró en vigor en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio, no significa que a los asuntos ya iniciados -en su generalidad- deban aplicárseles las disposiciones concebidas bajo el nuevo paradigma procesal contenidas en los diversos cuerpos normativos (Constitución General de la República, Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros), pues tal aplicación está sujeta al presupuesto elemental relativo a que la tramitación del asunto se haya iniciado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial; de ahí que, si el acto reclamado se emitió bajo los principios del sistema procesal penal tradicional, para efectos de la citada medida en amparo indirecto, la legislación aplicable es la Ley de Amparo abrogada, en el capítulo de suspensión". CUARTO. Ahora, no obstante que se cumple con el requisito que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, puesto que la medida cautelar fue solicitada; se declara sin materia el incidente respecto de los actos reclamados a las autoridades aludidas en líneas precedentes, por los quejosos Epifanio Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Cuauhtémoc Torres Cortes, Gustavo Angel Pimentel Antunez y Fredy Analco Morales, en razón de que con fechas siete y dieciocho de abril del año en curso; a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Abrogada por remisión expresa de su artículo 2º; se declaró extinguida la acción por habérseles otorgado el perdón del ofendido. Determinación que se hace extensiva respecto de los actos que reclama Benito Teodoro Pastrana, quien en la causa penal 164/2015-I-8 aparece con el nombre de Benito Carrillo Niño; lo anterior ya que la orden de captura la emitió la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete en el Toca Penal IV-252/2016 al revocar la determinación del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta municipalidad, autoridad diversa a las señaladas como responsables en este asunto, pese a que se le requirió al incidentista para tal efecto, sin que así lo hiciera. Aunado a que se estima vigente la orden de captura emitida por la citada Sala, pues aun cuando el agraviado Ignacio Analco Rendón le otorgó el perdón del ofendido, no existe constancia alguna de la cual se advierta que a la fecha lo haya aceptado el incidentista no lo ha aceptado -requisito indispensable para declarar extinta la acción penal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se niega a Epifanio Analco Morales, Fredi Analco Morales, Bladimir Mendoza García, Benito Teodoro Pastrana, Cuauhtémoc Torres Cortez y Gustavo Ángel Pimentel Antunez, la suspensión definitiva que solicitaron, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta que antecede, de donde se advierte que el quejoso Benito Teodoro Pastrana no desahogó la vista que se le dio en proveído de nueve de mayo actual; por tanto, se le tiene por perdido el derecho para señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y como acto reclamado la resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete dictada en el Toca Penal IV-252/2016; sígase el trámite del presente juicio, sin darle intervención a la citada Sala. Notifíquese.

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