Epifania Tamay Y Dzul
Expediente 1014/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Epifania Tamay Y Dzul
- Juan Ramirez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional pero se concedió la definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-1014/2021, promovido por EPIFANÍA TAMAY Y DZUL y JUAN RAMIREZ ORTIZ, contra actos que reclaman de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia Yucatán y el Subdelegado Jurídico Estatal, en ausencia del representante Estatal en Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambos con sede en esta ciudad, Presidente Municipal de Valladolid, por sí, y en representación del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, los cuales ya obran agregados a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas documentales que los quejosos adjuntaron a su demanda de amparo, y con los informes justificados rendidos por las responsables; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. En el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo III-1014/2021, promovido por EPIFANÍA TAMAY Y DZUL y JUAN RAMIREZ ORTIZ, contra actos que reclaman de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables, por violación a los artículos 1° y 4° Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada por EPIFANÍA TAMAY Y DZUL y JUAN RAMIREZ ORTIZ, contra actos que reclaman de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables, consistentes en: La autorización, ejecución de obras, destrucción y reconstrucción de la calle denominada "la calzada de los frailes", ubicado en la calle cuarenta y uno, letra "A", del barrio de Sisal, en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, al querer implementar el proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto que no requiere ejecución material, y haberse presentado la demanda en este Circuito Judicial. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se estima que el acto que aquí reclama el quejoso consiste en: La autorización, ejecución de obras, destrucción y reconstrucción de la calle denominada "la calzada de los frailes", ubicado en la calle cuarenta y uno, letra "A", del barrio de Sisal, en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, al querer implementar el proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Director del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia Yucatán, y el Subdelegado Jurídico Estatal, en ausencia del representante Estatal en Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se le reclama. Por lo tanto se tiene por inexistentes los actos reclamados, lo anterior sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su correspondiente informe justificado, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, por si y como Titular del citado Ayuntamiento, negaron el acto que se les atribuye; sin embargo, de la lectura de los informes de ley que rindieron, se advierte que niegan las violaciones aducidas por la parte quejosa, pero no la existencia del acto reclamado. Esto es así, pues de los informes rendidos se advierte la existencia del proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños", marcado con el número AC-31102M002, pues por una parte, refiere que se hicieron diversas gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, a nivel federal para la aprobación de dicho proyecto, dentro del "Programa de Mejoramiento Urbano"; por ende, se tiene por cierto el acto reclamado a las citadas autoridades. QUINTO.- Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, a criterio de quien esto resuelve, resulta improcedente el juicio de amparo promovido, respecto de los actos reclamados a las responsables consistentes en: La autorización, ejecución de obras, destrucción y reconstrucción de la calle denominada "la calzada de los frailes", ubicado en la calle cuarenta y uno, letra "A", del barrio de Sisal, en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, al querer implementar el proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002". En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, los quejosos reclaman de las responsables la autorización, ejecución de obras, destrucción y reconstrucción de la calle denominada "la calzada de los frailes", ubicado en la calle cuarenta y uno, letra "A", del barrio de Sisal, en la Ciudad de Valladolid, Yucatán, al querer implementar el proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002". Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente Municipal de Valladolid, por sí, y en representación del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en sus informes justificados, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que el mismo realizó diversas manifestaciones, entre las que destacan que en fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno se realizó una reunión donde se abordó el tema de la construcción integral de la imagen de la calzada de los frailes y espacios públicos con vecinos de sisal, teniendo la participación del Presidente Municipal, el Secretario Municipal, Director de Obras Públicas de Valladolid, representantes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, representantes de la constructora OPERESA, vecinos y locatarios de la calzada que se ubica en la colonia sisal, dicha reunión se realizó con el objetivo de dar a conocer el proyecto, entre otras cosas, así como que se tenga la participación de los avecindados de dicha colonia, para la escucha de opiniones e inquietudes, apuntando que en dicha reunión no fue posible llegar a ningún tipo de acuerdo con los comerciantes, vecinos y locatarios de la Calzada de los frailes, por lo que el proyecto denominado "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002", está en proceso de cancelación. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de los actos atribuidos a las responsables, al haberse demostrado que la obra denominada proyecto "construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid, Yucatán, marcado con el número PAC31102M002", se encuentra en proceso de cancelación, por lo que los actos primigenios reclamados han cesado y ya no existe una violación a los derechos de los impetrantes de amparo, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque los quejosos reclaman de las diversas autoridades señaladas como responsables, actos en el ámbito de su competencia, relacionadas con la aprobación, ejecución, y construcción que se realizaría en la vía pública en la calle donde tienen su domicilio, lo que, en su concepto, se traduce en la imposibilidad de acceder por vía terrestre, de manera libre al predio de su propiedad, lo que en el caso se subsana con la cancelación del aludido proyecto. Lo que incluso se corrobora con lo expresado por el Subdelegado Jurídico Estatal de la Delegación Estatal en Yucatán de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por oficio YUC.1151.01350.2021 de tres de septiembre de dos mil veintiuno recibido en este juzgado el nueve de septiembre siguiente, en el que informó que en sus archivos "NO OBRAN CONSTANCIAS RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA QUE NOS OCUPA", lo que denota que, si bien se tenía el proyecto de construcción integral de la imagen urbana de la calzada de los frailes y espacios públicos aledaños, en Valladolid Yucatán lo cierto es que no se autorizó. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía el acto reclamado; sin embargo, tal como se ha señalado, el proyecto reclamado se encuentra en cancelación, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EPIFANÍA TAMAY Y DZUL y JUAN RAMIREZ ORTIZ, contra actos que reclaman de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables, por los motivos expuestos en el tercer y quinto considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad UNIDAD DE APOYOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS (UAPIE) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)", A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS", con sede en la Ciudad de México, para que informe el estatus administrativo que guarda el proyecto - - - -, marcado con el número - - - -, y remita copia certificada de todas y cada una de las constancias con las que se pueda constatar el mismo. Ahora bien, dado que hasta la presente fecha no obran en autos las constancias de referencia, que resultan necesarias para resolver el presente asunto, por tal motivo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, UNIDAD DE APOYOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS (UAPIE) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)", A TRAVÉS DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS", con sede en la Ciudad de México, vía estafeta, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, informe el estatus administrativo que guarda el proyecto - - -- - - - , marcado con el número - - - - - , y remita copia certificada de todas y cada una de las constancias con las que se pueda constatar el mismo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirla vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión, en el entendido que deberán contar con el acuse de recibo por parte de este Juzgado de la recepción del mismo, para considerarse rendido. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 2581, en armonía con el diverso ordinal 2382, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Remítase copia del presente proveído a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), con sede en la Ciudad de México, como superior jerárquico de la autoridad requerida, con la finalidad de que sean remitidas a este juzgado, a la brevedad, dichas constancias, haciéndolo del conocimiento de este órgano judicial en ese mismo plazo, apercibido que de no observar el presente mandamiento legal, también se le impondrá la multa precisada en el párrafo que precede, ello acorde a los propios numerales que han sido invocados con antelación. Finalmente, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta, se advierte que en acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS" DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APOYOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS (UAPIE) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)", con sede en la Ciudad de México, para que informe el estatus administrativo que guarda el proyecto "Construcción Integral de la imagen urbana de la Calzada de los Frailes y Espacios Públicos Aledaños", marcado con el número PAC-31102M002, y remita copia certificada de todas y cada una de las constancias con las que se pueda constatar el mismo; por tal motivo, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que sea el caso volver a solicitar las constancias de mérito, toda vez que por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se requirieron las mismas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
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