Epifania Roque Alfaro
Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Epifania Roque Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 929/2023 MESA 7 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con siete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 929/2023, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran: a) la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho. Asimismo, hace constar que: a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa aportó la documental consistente en el acuse de recibo del escrito de catorce de marzo de este año, con sello de recepción de quince de marzo siguiente. Por tanto, se acuerda: Ténganse por desahogada la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. No existiendo medios de convicción pendientes de desahogar, se cierra esta fase. Etapa de alegatos. Se hace constar que las partes no los formularon ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; por lo que se cierra esta etapa y quedan vistos los autos para dictar la siguiente: Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 929/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veintisiete de septiembre del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y registrada en este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre siguiente, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro y admisión. En auto de veintinueve de septiembre del año en curso se registró la demanda de amparo con el número de expediente 929/2023 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que la parte quejosa reclama: - La falta de contestación del escrito de catorce de marzo de este año, con sello de recepción de quince de marzo siguiente. Omisión que atribuye al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Autoridad no rindió informe justificado. La autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante haber sido notificada de su petición el tres de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis que se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo . CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Concepto de violación. Resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, al señalar que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° constitucional, ya que la responsable no ha contestado la petición que le formuló mediante escrito de catorce de marzo de este año, presentado ante la responsable el quince de marzo siguiente. Precepto constitucional vulnerado. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, que la obliga a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Ese ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan por lo siguiente: La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. La contestación debe: a. Emitirse en breve término. b. Ser congruente con la petición. c. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. En el caso, la parte quejosa demostró que el catorce de marzo de dos mil veintitrés presentó un escrito ante el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; sin que, hasta la fecha en que se promovió la demanda de amparo (27/septiembre/2023), la responsable hubiere dado contestación a la petición formulada en el referido ocurso, no obstante haber transcurrido más de seis meses desde su presentación. Aunado a que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, de modo que, a la fecha en que se resuelve, existe la omisión reclamada, al no obrar en autos constancia que permita concluir lo contrario. Ahora, el artículo 8º constitucional no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados; por ello, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atiende al concepto de plazo razonable, que refiere el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: "Artículo 8.- Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". En el caso *********, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un estándar interpretativo mediante el uso de varios criterios, que permiten al juzgador analizar cuándo se ha cumplido con la obligación del plazo razonable de conformidad con la Convención; para lo cual, se debe estudiar: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. Ante ello, los más de seis meses que transcurrieron entre la presentación de la primera promoción y el de la demanda de amparo, y ocho meses, de la primera fecha a esta data en que se resuelve este asunto, se estima que se ha rebasado el término prudente en el que la responsable debió atender la petición de la parte quejosa, ya que no existe prueba alguna que demuestre la imposibilidad que se ha tenido para contestar; por tal motivo debió pronunciarse al respecto, ya que el derecho fundamental de petición se agota con el dictado del acuerdo respectivo y su notificación al interesado. De ahí que la conducta omisiva configura una vulneración directa al derecho fundamental previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Ante ello, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto omisivo, se concede a la quejosa *********** el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca: a) Dicte el acuerdo que conforme a derecho proceda sobre lo peticionado por la parte quejosa mediante escrito de fecha catorce de marzo de este año, con sello de recibo de quince de marzo siguiente; y b) Lo haga de su conocimiento (notifique) conforme a la ley que rija la materia del acto que se le reclama. Se invoca en apoyo por tratar sobre el tema la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 248 del tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181149, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ******** contra la falta de contestación al escrito de fecha catorce de marzo de este año, con sello de recibo de quince de marzo siguiente, atribuida al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; en términos del considerando quinto y para los efectos del diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
DEN 18/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se concede prórroga. Agréguese un oficio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (COFEPRIS), por conducto de la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, mediante el que solicitan se requiera a la directora de Regulación de Fomento Sanitario del Estado de Oaxaca remita la constancia que acredite que el denunciante *********** quedó notificado del oficio ***********. En atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que dicha constancia no se considera necesaria para analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de uno de septiembre del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de inconformidad 37/2023. 2. Estado de autos. Ahora, visto el estado de autos y toda vez que las autoridades denunciadas I) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y II) directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (COFEPRIS) comunicaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de uno de septiembre del año en curso, emitida por el referido Tribunal Colegiado, en el recurso de inconformidad 37/2023; en esas condiciones, se procede a establecer si del análisis de las constancias remitidas por dichas autoridades se encuentra cumplido tal fallo; para ello, se destaca lo siguiente: 3. Resolución de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Mediante resolución emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se declaró procedente pero infundada la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucional 1/2018, que planteó *********** contra las autoridades denunciadas I) directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y II) Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 4. Recurso de inconformidad. El dieciséis de junio del año en curso se tuvo al denunciante interponiendo recurso de inconformidad contra la resolución de mérito, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el número de toca 37/2023. 5. Ejecutoria del Tribunal Colegiado. Mediante ejecutoria de uno de septiembre de este año, emitida en sesión ordinaria virtual celebrada en el recurso de inconformidad 37/2023, el referido órgano revisor declaró fundado dicho medio de impugnación y ordenó devolver los autos a este Juzgado de Distrito a efecto de que se ordenara a la directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lo siguiente: "A. Dejara sin efecto cualquier determinación que haya emitido y otorgara la autorización sanitaria solicitada por el inconforme respecto del consumo lúdico o recreativo, siempre que se trate de las actividades de adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente respecto del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". B. Precisara en dicho permiso administrativo lo siguiente: B.1. Los lineamientos y modalidades bajo las cuales se puede adquirir la semilla; y, B.2. Que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisando que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros, como fue establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, en la inteligencia de que deberá expedir la autorización sanitaria para el consumo lúdico o recreativo de marihuana en el término de tres días contados a partir del siguiente al que surte efectos la notificación de esta resolución, y así acreditarlo, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo así, el juez de Distrito actuará como lo disponen los artículos 192 al 198 de la ley de la materia." (Transcripción) Por lo que, en acuerdo de once de septiembre último se proveyó al respecto y, además, se solicitó al comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, para que, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad denunciada, gestionara las medidas necesarias para que esta última cumpliera esos requerimientos. 6. Remisión de constancias y vista al denunciante. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo a I) la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y II) directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (COFEPRIS), por conducto de la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, comunicando lo relativo al cumplimiento de la referida ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 37/2023, y remitiendo copia certificada del oficio ***********, fechado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con esa documental se ordenó dar vista al denunciante, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiese realizado manifestación al respecto, pese a que quedó notificada de ese acuerdo. 7. Análisis de las constancias. De las constancias remitidas, con valor probatorio pleno, por haber sido expedida por funcionario públicos en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (COFEPRIS): * Dejó sin efectos la resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el oficio **********. * En su lugar, emitió el oficio *************, de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que: 1° Inaplicó los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) con fines recreativos, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2028, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. 2° Otorgó la autorización sanitaria a ********** para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana"; sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como, para la adquisición legal de la semilla de cannabis, con la limitante de que la marihuana no se puede sembrar, cultivar o cosechar en lugares públicos. 3° Se requirió al denunciante para que informe a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante escrito libre ingresado en el Centro Integral de Servicios de dicha Institución, el domicilio donde serán realizadas las actividades de siembra, cosecha y cultivo que le fueron autorizadas, a efecto de que dicha autoridad sanitaria pueda ejercer sus facultades de vigilancia sanitaria. Asimismo, precisó que en el domicilio que señale deberá designar una área cerrada o de acceso restringido para desarrollar dichas actividades, a fin de prevenir que exista acceso incidental a personas no autorizadas, así como también, que el lugar debe tener el acondicionamiento necesario que no permita que los gases que exhalen los productos invadan espacios públicos o privados, que puedan perjudicar a terceras personas. 4° Indicó el procedimiento a seguir para la adquisición de la semilla cannabis con fines lúdicos o recreativos. 5° Señaló que la autorización no comprende, en ningún caso, la realización de actos de importación, comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las referidas sustancias, así como de las semillas adquiridas, mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas, en lugares como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de trasporte público de pasajeros; instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público. 6° Precisó que el derecho que comprende dicha autorización se limita únicamente al consumo personal, sin afectar a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan otorgado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, aunado a que tampoco se podrá realizar, en general, cualquier actividad bajo los efectos de esas sustancias que puedan poner en riesgo o dañar a terceros, incluyendo conducir vehículos ni operar maquinas peligrosas. 7° En términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 380 de la Ley General de Salud, dicha Comisión Federal se reservó el ejercicio de las facultades de control sanitario previstas en el diverso numeral 194 del referido ordenamiento legal, a efecto de revisar que se mantengan las condiciones y términos bajo los cuales se emitió la autorización, a través de visitas de verificación previstas en el precepto 386, fracción I, de esa Ley. 8° Hizo del conocimiento del denunciante que, anualmente, deberá informar las actividades que realice respecto del uso de la semilla del cannabis. 9° Señaló que la vigencia de la autorización es por tiempo indeterminado, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 de la Ley General de Salud. 10° Acotó que la autorización sanitaria es de uso personal e intransferible. 11° Finalmente, destacó que la autorización puede ser revocada en caso de que se utilice en contravención a los términos en fue otorgada. 8. Declaratoria de cumplimiento. Por lo expuesto, se advierte que la directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas (COFEPRIS) cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de uno de septiembre del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de inconformidad 37/2023; de ahí que no existe defecto o exceso en su ejecución, por lo que se declara que ha sido cumplida dicha resolución. 9. Archivo del expediente. Se reserva acordar lo relativo al archivo de este expediente, hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 929/2023 MESA 7 AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia incidental en este incidente, como se ordenó en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra una omisión del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. Enseguida, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. ETAPA PROBATORIA. A continuación, se abre el período probatorio, en el que se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba documental la que anexó a su escrito de demanda. A lo que se acuerda: Ténganse por desahogada la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de Ley de Amparo. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos, por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 929/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Radicación. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en cumplimiento al proveído de esa fecha dictado en el juicio de amparo 929/2023, se formó el incidente de suspensión solicitado por **********, por propio derecho, contra una omisión del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Medida cautelar. En el referido auto se negó la suspensión provisional de los actos reclamados; se solicitó informe previo a la autoridad responsable, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 169 de la Ley de Amparo vigente; 49, 50 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Para efectos de la resolución de este incidente de suspensión, se tiene como acto reclamado por la parte quejosa, el siguiente: La omisión de responder a su escrito de petición presentado el quince de marzo de este año. Que atribuye al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. TERCERO. Informe previo. La autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, no rindió informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas otorgado en acuerdo de veintinueve de septiembre de este año; pese a que quedó notificado de su petición a las once horas con treinta y un minutos del tres de octubre pasado. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Suspensión definitiva. Ahora, los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión provisional o definitiva que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, a saber: I. Que el quejoso haya solicitado la apertura del incidente. II. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. III. Que el solicitante de la suspensión acredite el interés para obtenerla, de manera indiciaria, es decir, analizado sin rigorismos, que tiene como finalidad que la suspensión no sea un modo de constituir derechos. IV. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. V. Si con la suspensión puede ocasionar daño o perjuicio a terceros y si es necesario o no garantizar su reparación. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. Respecto al primer punto se precisa que se satisface, pues existe petición expresa de la parte quejosa solicitando que el acto reclamado sea suspendido. Sin embargo, es innecesario el análisis de todos los demás requisitos, debido a que el segundo no se satisface, pues se está en presencia de un acto omisivo. Y si bien los actos de naturaleza omisa no representan un factor que determine la concesión o negativa de la medida cautelar, lo cierto es que ello debe analizarse en función de las consecuencias que pueden producir los actos reclamados, lo que es determinante para decidir el efecto de la suspensión; de modo que, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la parte quejosa alcance transitoriamente un beneficio, lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de ahí que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Bajo ese tenor, con fundamento en el artículo 138, fracción I, y 128, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, pues el acto consistente en la omisión de responder a su escrito de petición presentado el quince de marzo de este año, por parte de la autoridad responsable, es un acto de naturaleza omisiva y, en ese sentido, si bien hay actos de esa naturaleza en los que es posible, jurídica y materialmente, conceder la suspensión para que se restablezca provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, lo cierto es que esa hipótesis no se surte en este caso, pues de conceder la suspensión para que la autoridad responsable abandone su conducta omisiva el juicio de amparo quedaría sin materia. Resulta aplicable al caso, la tesis XXI.2º.11K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, abril de 1997, página 214, registro 199059, que dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS.- Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención y omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicita." QUINTO. Se reserva archivar el incidente. Se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en relación con lo señalado en el apartado 3.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, aplicable conforme al artículo noveno transitorio del Acuerdo General citado, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. Por lo expuesto, fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a la quejosa ************, contra una omisión del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de responder a su escrito de petición presentado el quince de marzo de este año; en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En el momento procesal oportuno, se ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. PRAL 1160/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Determinación de Alzada. Incorpórese a los autos el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual remite: a) el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de trece de septiembre de dos mil veintitrés, b) el expediente original del juicio de amparo 1160/2022 de este Juzgado y c) un tomo de pruebas; acúsese el recibo de estilo correspondiente, preferentemente vía interconexión. De la ejecutoria recibida se advierte que el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia dictada en audiencia constitucional de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Destino del cuaderno de copias certificadas. A fin de no duplicar las actuaciones judiciales, incorpórense al expediente principal las constancias que obren en el cuaderno de copias certificadas, posteriores al envío al Tribunal de Alzada; y en relación con las constancias restantes del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, se determina que es DESTRUIBLE, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, dentro del plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo de ese artículo, destrúyase; y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Publicación de la resolución. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Devolución de constancias. Con apoyo en el artículo 20 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger las pruebas documentales que anexó a la demanda de amparo, con las que se integró un tomo anexo; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán destruidas al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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