Enrriqueta Castro Morales

Expediente 1008/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1008/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Enrriqueta Castro Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción Il de esa normatividad. Asimismo, es destruible el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 20, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y Departamento de Pensiones perteneciente al mismo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su intención, la documental que anexa al oficio de cuenta, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, al realizar una revisión minuciosa de las constancias aludidas se advierte que la responsable emitió el oficio ********************, de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual dio contestación al escrito presentado por la aquí quejosa el diez de abril del año en curso, ante la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mismo que se notificó a la parte quejosa mediante el correo electrónico oscar.chavez.espinosa.1972@gmail.com, mismo que señaló para oír y recibir notificaciones. Por lo anterior, este Juzgador estima que, en el caso, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el numeral en cita refiere que es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, entendiéndose por tal situación cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio 1999, visible a página 38, de registro 193758 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esto es así, ya que la razón que justifica dicha causa de improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto consiste en: la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito presentado por la aquí quejosa el diez de abril del año en curso, ante la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Luego, si del informe con justificación rendido por la responsable y de las constancias que anexó al mismo, las cuales fueron calificadas con valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitió el oficio ********************, mediante el cual dio contestación a lo peticionado por la parte quejosa, luego entonces, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado. De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos que motivaron el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de las violaciones reclamadas y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquéllas. De ahí que, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, de conformidad con el artículo 63 fracción V, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 184572 y rubro: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido para este juzgador el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala la obligación de otorgar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda, promueva otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda; sin embargo, lo cierto es que el juicio de amparo que se promoviera contra tal respuesta, resultaría improcedente. Se afirma lo anterior, dado que no en todos los casos resulta procedente la ampliación de la demanda de amparo contra la respuesta que otorgue la autoridad a una solicitud en materia de pensiones -como sucede en el particular-, por lo que será necesario que, en caso que la contestación no satisfaga su interés, se cuestione a través del medio ordinario de defensa respectivo. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (Lo resaltado es propio) En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de esa legislación. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del doce de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese, y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    V I S T O para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1008/2023-I, promovido por Enrriqueta Castro Morales, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se requirió el informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Actos reclamados. Los actos impugnados por la parte quejosa consisten en: - La omisión de dar respuesta a la solicitud de diez de abril de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). SEGUNDO. Inexistencia. La autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva (por falta de materia sobre la cual decretarla) en virtud que es imposible concederla sobre actos cuya existencia no ha quedado demostrada en los autos del incidente de suspensión en que se actúa; esto, de conformidad con la jurisprudencia número 286 visible a foja 237 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto indica: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Certeza. La autoridad responsable Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. No obstante lo anterior, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, entre otros requisitos, se debe analizar la naturaleza del acto combatido y si en el caso se presenta apariencia del buen derecho en la petición del incidentista, para dilucidar si es susceptible o no de ser suspendido. En ese sentido, al reclamarse la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre su escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), no resulta procedente conceder la suspensión definitiva, pues de hacerlo, se otorgarían efectos restitutorios que son propios del análisis del fondo del asunto; lo anterior, porque uno de los principios fundamentales de la medida cautelar, es que ésta carece de efectos constitutivos de derechos, pues su finalidad es la de conservar vigentes e inalterados los derechos del gobernado, pero de ninguna manera puede ser generadora o constitutiva de derechos, hasta en tanto se dicte la sentencia que resuelva el juicio de amparo en lo principal. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.)2 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que debe dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En efecto, la suspensión procede sobre el acto mismo, nulificándolo en sí y en sus consecuencias, es decir, la suspensión sólo opera en relación con éstas, o lo que es lo mismo, la suspensión produce los efectos del amparo sólo en la medida en que impide la ejecución del acto, o bien, una vez ejecutado, en cuanto vuelve las cosas al estado que tenían antes de la ejecución, pero no puede nulificar, dejar insubsistente o revocar el acto mismo, lo cual sería propio de la sentencia de fondo; en decir, de concederse la medida suspensional se estaría otorgando un beneficio a la peticionaria de manera definitiva; por lo que, se reitera, tales efectos son propios de la sentencia de amparo que se pronuncie en el expediente principal. No se desatiende que la medida cautelar pueda llegar a ordenar la anulación de una conducta de autoridad, positiva o negativa, mientras se resuelve la controversia constitucional, pero de hacerlo en el caso, como se dijo, sus efectos llegarían a coincidir con los propios de la sentencia, por lo cual se insiste no es procedente la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2026730; consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." No es óbice para este juzgador, que el acto reclamado por la parte quejosa es de naturaleza negativa con efectos positivos, en contra del cual resultaría factible restituirla provisionalmente en el goce del derecho violado, previa ponderación entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en atención a la naturaleza del acto reclamado, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible; sin embargo, de la demanda de amparo, no se advierte que la promovente haya exhibido algún medio probatorio idóneo, del cual se desprenda la afectación del derecho que reclama; es decir, el descuento que dice le fue efectuado en la pensión que percibe a través del instituto de seguridad social, que en su caso pudiera hacer procedente la concesión de la medida cautelar solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis: XVIII.2o.P.A.2 A (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro digital: 2025252, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, visible en página: 5375, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE LA MATERIA, CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA DENUNCIA CIUDADANA FORMULADA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 185, 186, 187 Y 188 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. Hechos: En el incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de dar respuesta a una denuncia ciudadana fundada en los artículos 185, 186, 187 y 188 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional por estimar que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, por lo que, de otorgarse la medida cautelar, se constituiría un derecho a favor de la quejosa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional contra la omisión referida, al constituir un acto negativo con efectos positivos, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y al artículo 147 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente de su publicación, es posible restituir provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, en relación con lo cual refiere que lo determinante para conceder la medida cautelar debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en atención a la naturaleza del acto reclamado, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, para que las cosas se mantengan en el estado que guarden, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 85/2018, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.". En ese contexto, en atención a las consecuencias o efectos que pudiera producir la omisión reclamada, debe considerarse como un acto negativo con efectos positivos que puede poner en riesgo no sólo los derechos patrimoniales de la quejosa, sino también la seguridad e integridad física de los ocupantes del inmueble colindante, por lo que su desatención genera que se permita la continuación de una construcción presuntamente al margen de la ley." En ese tenor, con fundamento en los artículos 128 y 131 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Enrriqueta Castro Morales, por propio derecho, respecto de los actos que reclama a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y tercero de esta resolución y por los motivos aquí expuestos. Notifíquese.

  4. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el informe previo rendido por el representante de las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para ser tomado en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable citada a las personas que menciona en su oficio y como domicilio el que precisa. Finalmente, en atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza a los usuarios "***", e "********************", la consulta del mismo, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. Notifíquese.

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