Enrrique Avila Miramontes
Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juzgado Séptimo Civil de Partido En León, Guanajuato
- Enrrique Avila Miramontes
Actuaciones
- Principal
Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de octubre pasado, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Desechamiento. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto que nos ocupa, se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante hacer hincapié que en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". De antaño, el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, se situaban como tales, tanto los que afectaran derechos sustantivos, como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior. Un ejemplo de lo anterior, es la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que, en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, no obstante ello, en el actual precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole ahora esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante de la existencia de los criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior); por lo que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior; por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través del amparo indirecto. No es óbice el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva; en tanto ese numeral contiene una regla específica en amparo directo y en especial, tratándose de normas generales, por lo que su contenido no puede dar margen a estimar que en amparo biinstancial se aplique para estimar procedente el estudio de violaciones procesales relevantes. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que hay que observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos; consecuentemente, no es dable aplicar al primero de los amparos citados, lo que regula en relación al segundo de ellos, específicamente en cuanto a las cuestiones que surjan dentro de juicio sobre constitucionalidad de normas generales. En consecuencia, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendida en esa connotación, la admisión de la prueba pericial en materia de topografía y valuación inmobiliaria ofrecida en el juicio ordinario civil 272/2022-C, en la etapa de ofrecimiento de pruebas; lo anterior es así, pues dicha determinación únicamente produce efectos procesales en el juicio de origen, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. En consecuencia, ese tipo de actuaciones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino que deben hacerse valer hasta el amparo directo, para el caso de que sea adversa la sentencia definitiva, y en el supuesto de que sea favorable a la ahora quejosa, lo puede plantear en el amparo adhesivo, conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por similitud jurídica, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2014, de la décima época, materia común, registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por los razonamientos que han sido expuestos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar la demanda en estudio. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Óscar Cervantes Rodríguez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que ahí nombra, por no contar con dicho registro. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
Persona moral cumple requerimiento. Glósense a los autos para que obren como corresponda, el escrito y anexo remitidos por José Alejandro Luna Fandiño, apoderado legal de Pfizer, sociedad anónima de capital variable, personalidad que acredita con la documental que anexa a su escrito de cuenta, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso; en consecuencia, se provee: Vistos los escritos recibidos en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, téngase a Pfizer, sociedad anónima de capital variable, cumpliendo con el diverso requerimiento de treinta de septiembre pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada la prueba documental, en vía de informe, que ofertó la parte quejosa, a cargo de dicha autoridad, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Por otro lado, respecto al domicilio, para oír y recibir notificaciones, autorizados y solicitud de uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos para consulta del expediente, se determina no ha lugar a proveer de conformidad los mismos, al no ser parte en el presente juicio. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto a la prórroga que solicita, toda vez que ya remitió la información requerida. Finalmente, toda vez que la persona moral solicitó la reserva de sus datos personales, queda sujeta a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; a los diversos 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquesele que de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos en comento, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta.
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