Enriqueta Verónica Garrido Borrayo
Expediente 348/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enriqueta Verónica Garrido Borrayo
Actuaciones
- Principal
Mesa "8" Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, intégrese a los autos el oficio suscrito por la secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución aprobada en sesión del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en los autos de la queja penal *****, en la que se determinó: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha la demanda presentada por la quejosa *****. Notifíquese." Háganse las anotaciones respectivas, inclúyanse a este expediente las actuaciones que consten dentro del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto y acúsese el recibo correspondiente. ARCHIVO Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y toda vez que del estado procesal del presente juicio se evidencia que no existe más por cumplimentar, de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA Conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del numeral 21 del referido cuerpo normativo, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en tres años. Asimismo, se indica que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; además de que no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por el promovente, a que se refiere el último párrafo del artículo 21 referido (de los mencionados en el artículo 3º, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, atendiendo al prudente arbitrio de la suscrita, se considera que este expediente no es de relevancia documental para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
Mesa "8" Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, intégrese a los autos el oficio procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas para la substanciación del recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintiuno de abril pasado; medio de impugnación que se admitió a trámite y quedó registrado como queja penal *****. Además, solicita se autorice la vinculación del expediente electrónico relativo al presente asunto. De lo anterior se toma nota para los efectos legales correspondientes; y, referente a la vinculación electrónica que requiere, hágase del conocimiento de la autoridad de cuenta que, conforme a la certificación secretarial que antecede, se instruyó a la oficial judicial A para que habilitara la vinculación electrónica del presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se dispuso en proveído de cuatro de mayo pasado; por lo que puede realizar la vinculación correspondiente; para lo cual, se precisa que el Número de Expediente Único Nacional es *****. Notifíquese.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Queja Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, intégrese a los autos el escrito signado por Enriqueta Verónica Garrido Borrayo, través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 102 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el precitado recurso. Por ende, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido que ES CIERTO el acto reclamado, consistente en el auto de veintiuno de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ---------------------, cuya legalidad se expone en dicha determinación. En ese sentido, remítase el original del escrito de cuenta y sus anexos, juntamente con los autos del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso de queja aludido. Consecuentemente, agréguese a los autos copia del libelo de cuenta para que obre como corresponda. Luego, con apoyo en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se precisa que en el asunto que nos ocupa, con anterioridad no ha tenido conocimiento algún Tribunal de Alzada. Por otra parte, a fin de que el Tribunal pueda realizar la consulta del presente juicio de amparo con la queja penal interpuesta, por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), instrúyase a la Oficial Judicial "A" a efecto de que realice el acceso en relación al expediente. Notifíquese.
- Principal
Mesa "8" Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. -RADICACIÓN- (.) intégrese a los autos el oficio procedente del procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, derivado del juicio de amparo *****, con el que declina competencia en razón de materia a favor de este órgano de control constitucional. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de dicho sumario. -ASPECTOS GENERALES- Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo *****. -CONSIDERACIÓN PREVIA- En primer término, el acto reclamado en el presente asunto es el siguiente: a) De la primera autoridad: La discusión y aprobación (2 de febrero de 2023), del Derecho publicado el uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México, específicamente la reforma a los artículos 350 Bis y 350 Ter. b) De la segunda autoridad: La promulgación y publicación del Decreto del uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México, específicamente la reforma a los artículos 350 Bis y 350 Ter. -DESECHAMIENTO DE DEMANDA La institución de improcedencia es de carácter eminentemente procesal, dado que se actualiza dentro de las diversas etapas que integran el juicio de amparo y puede derivar no sólo de la Ley de Amparo, sino también por razones previstas en la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte. En el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.) En el caso concreto ******, por propio derecho; sin embargo, del análisis de la demanda a consideración de este juzgado de distrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que *****, no acreditan tener interés legítimo, por cuanto hace a los actos reclamados en la presente instancia constitucional, por lo tanto, debe desecharse. En efecto, los actos que la impetrante de amparo reclaman en este juicio consiste en: La discusión y aprobación (2 de febrero de 2023), del Derecho publicado el uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México, específicamente la reforma a los artículos 350 Bis y 350 Ter. La promulgación y publicación del Decreto del uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de México, específicamente la reforma a los artículos 350 Bis y 350 Ter. (.) La fracción I del artículo 5° de la ley de la materia es expreso en indicar que se considerará quejoso a quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Por su parte, el arábigo 6° de dicho cuerpo legislativo establece uno de los principios fundamentales del juicio de derechos fundamentales, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad; esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. En cambio, la fracción XII del precepto 61 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de dicha legislación. (.) De lo anterior, se concluye que el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación que le da la posibilidad al accionante del amparo, de acreditar un interés legítimo, cuando resulte afectado con el acto de autoridad que en su caso reclame; es decir, que afecte su esfera de derechos públicos subjetivos y que, por ende, no constituya únicamente un interés simple en los términos expuestos. La Primera Sala ya ha tenido oportunidad de construir una línea jurisprudencial en torno al concepto de interés legítimo, pues desde el amparo en revisión *****, se indicó que el mismo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido de que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; y que para su existencia debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra. (.) De ahí que la quejosa *****, no acrediten por el momento, el interés jurídico para controvertir los actos que reclama en este juicio de amparo. Sin que este juzgado de distrito desconozca que la parte quejosa puede acreditar el interés jurídico durante secuela del juicio de amparo; por ello, no se ha visto comprometida su esfera jurídica con la ley que aduce combatir. Por tanto, debe decirse que los actos que en esta vía se reclaman de ningún modo alguno vulneran su esfera jurídica de derechos, pues de conformidad con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo, debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual se entiende como todo menoscabo, ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, es decir, que la afectación que en su detrimento aduzca el peticionario debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el citado numeral, por mandato constitucional de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado; es decir, el particular que se haya visto afectado en su esfera de derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Asimismo, dentro del concepto de legitimación de las partes debe distinguirse la legitimación en el proceso con la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; es decir, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Y, la segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. En síntesis, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. (.) En el caso, la quejosa promueve el presente amparo por su propio derecho, señalando que se vulneraron sus derechos humanos; sin embargo, se considera que la parte promovente carece de legitimación procesal para instar la presente sede constitucional, toda vez que no acredita de manera fehaciente que haya sufrido menoscabo a algún derecho protegido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; por ende, no se evidencia el agravio personal y directo que los actos que reprocha le hubieran provocado. De ahí que, si la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime por sí o por conducto, de su representante legal, y si la quejosa no probó la violación que haya sufrido en su esfera jurídica de derechos. De igual forma, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: (.) De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) De conformidad con el precepto citado, tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. (.) En efecto, la afectación a la esfera jurídica del gobernado puede vincularse tanto a su interés jurídico como legítimo, sin embargo invariablemente se requerirá la materialización de esa afectación, siendo el momento en que ello acontezca lo que determina si la norma debe considerarse autoaplicativa o heteroaplicativa. Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en condiciones de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si transcurre el citado término y no se promueve el juicio de amparo, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. (.) Así, tratándose de normas generales, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales normas, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. (.) De lo descrito en párrafos que antecede, se aprecia sustancialmente que no se está ante la presencia de una disposición, que por su sola entrada en vigor, modifique o altere la esfera jurídica del quejoso, debido a que no le impone obligación alguna. Para que la parte quejosa se encuentre bajo los supuestos a que se refieren las normas reclamadas, acontecería que se lleven a cabo actos contra alguno de los seres vivos a su cargo, sería en ese momento cuando habría una afectación a la esfera de derechos del gobernado, por lo que contrario a lo que expone la parte quejosa dicho sistema normativo es de carácter heteroaplicativa por que se requiere para actualizar la afectación en la esfera jurídica del particular de un acto que condicione su individualización. Lo cual puede consistir en una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía (reglamento, acuerdo, circular, entre otras) dirigida a todos aquellos destinatarios que se coloquen en la hipótesis legal, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en la ley y concrete el supuesto normativo en su perjuicio. De esa forma, la norma señalada no da pauta a consecuencias o valoraciones diversas que generen derechos u obligaciones, o impliquen una carga legal sobre el destinatario de ellas, de ahí que no causan un agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no tiene la característica de ser una norma autoaplicativa, con lo cual es incuestionable que debe reclamarse con motivo de un acto de aplicación que cause perjuicio en la esfera jurídica de derecho de la parte quejosa. En esa medida, mientras no se verifique la condicionante reseñada, las personas destinatarias de dichas disposiciones no verán afectadas incondicionadamente sus situaciones, aun cuando afirmen que ello podrá acontecer. (.) En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por el solicitante del amparo, no acreditó de modo alguno encontrarse en el supuesto referido en dichas disposiciones; ya que únicamente señalo que la reforma de la que se duele no se condiciona a la procedencia de delito de maltrato y crueldad en contra de animales, sin que quede demostrado que dicha disposición le ocasione un daño a su esfera jurídica. En la relatadas condiciones, al evidenciarse que los ordenamientos reclamados son normas de carácter heteroaplicativo y toda vez que la parte quejosa no las controvirtió con motivo de un acto de aplicación, se concluye que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de amparo. (.) -CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS- Con relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través del usuario ***** , el cual después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial A, para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. De igual forma (.) se autorizan las notificaciones vía electrónica a los usuarios citados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. (.) -USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS- Desde este momento, como lo solicita, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. -TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES- Conforme a los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo se publique esta información. Notifíquese; y, vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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