Enriqueta Ramírez Ríos
Expediente 944/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Enriqueta Ramírez Ríos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, Y REQUIERASELE PARA QUE UNA VEZ RECIBIDA LA DEMANDA Y ANEXOS, LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. SOLICITESE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTA LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE DE LA QUE SE ADVIERTE LA IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA SE INDICAN; EN CONSECUENCIA, HAGASE TAL NOTIFICACIÓN POR LISTA. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, MISMO QUE ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Visto el oficio 2224/2015, de la Jueza Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5824/2015, por el que remite cuaderno de amparo, mismo que contiene: nota al pie, escrito de presentación, demanda de amparo promovida por Enriqueta Ramírez Ríos, proveído de veinticuatro de agosto de dos mil quince y constancia de emplazamiento; oficio 1983/2015, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; y, expediente 799/2008; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Enriqueta Ramírez Ríos, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable ordenadora al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, lugar donde ejerce sus funciones y como EJECUTORA.- al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, lugar donde ejerce sus funciones".- "IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, RECLAMO LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA dictada en fecha 065 de julio del año 2015, dos mil quince, la cual me fue notificada el día 074 (siete) de julio de 2015 dos mil quince. Dentro del expediente número 799/2008, DICTADA POR EL JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HIDALGO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el diez de noviembre de dos mil ocho, el hoy tercero interesado Juan Manuel Chávez Hernández, endosatario en procuración de Roberto Juárez Juárez, demandó a la hoy quejosa Enriqueta Ramírez Ríos, en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones. Así, el once de noviembre de dos mil ocho, la Jueza Civil y Familiar de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, admitió lo solicitado y radicó el asunto como expediente 799/2008. Seguido el juicio por sus trámites legales, el nueve de febrero de dos mil diez, se dictó sentencia definitiva; acto posterior, se inició el procedimiento de ejecución correspondiente. Luego, el veintitrés de marzo del año en curso, la parte demanda hoy amparista, interpuso incidente de extinción de la anotación preventiva por caducidad; y, el seis de julio de dos mil quince, la jueza de origen dictó la resolución interlocutoria que hoy se combate. Así las cosas, en contra de dicha resolución la ahora impetrante de garantías promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De lo anterior expuesto, se colige que como el acto reclamado en la especie se hizo consistir en la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil quince, relativa al incidente de extinción de la anotación preventiva por caducidad, emitida por la Jueza Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 799/2008; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva, pues como ya quedó establecido, la misma se encuentra emitida después de concluido el juicio natural, es decir, en procedimiento de ejecución; por lo que entonces, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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