Enriqueta Ramírez Herrera

Expediente 1953/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1953/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Enriqueta Ramírez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 774/2023 Resolución sobre la suspensión provisional El artículo 139 de la Ley de Amparo señala que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los diversos numerales 128 y 131 del ordenamiento citado, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva a efecto de no dejar sin materia el juicio de amparo; lo anterior, tomando las medidas que se estimen convenientes para no defraudar derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible. Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, con motivo de la suspensión es posible restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, siempre y cuando ello sea posible material y jurídicamente. En el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión contra los actos y autoridades siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social a) El ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador número PISI-A-NC-DS-0035/2021. b) Lo actuado en el procedimiento administrativo de origen. c) La emisión y ejecución resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PISI-A-NC-DS-0035/2021, de su índice. d) La emisión de la Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la parte quejosa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veintitrés. 2. Diario Oficial de la Federación a) La publicación de la Circular por la que se comunica a las dependencias, Fiscalía General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la parte quejosa. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que, mientras se emite el pronunciamiento respectivo en el presente asunto, la autoridad responsable no ejecute la resolución definitiva dentro del procedimiento de administrativo sancionador, esto es la abstención de celebrar contrato alguno sobre la materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de manera directa o interpósita persona, así como el cobro de una multa. Naturaleza de los actos reclamados Acto Consumado Asimismo, en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que la expedición y publicación de la circular impugnada, el ilegal emplazamiento y todo lo actuado, así como la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo sancionador en contra de la parte quejosa, se tratan de actos consumados en su totalidad, toda vez que se verificaron en un momento determinado, no siendo posible, aun con el otorgamiento de la suspensión, hacerlos desaparecer en el tiempo. Por tanto, respecto de los mismos procede negar la suspensión. Acto positivo En cambio, se considera que la ejecución de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PISI-A-NC-DS-0035/2021, se trata de un acto positivo, toda vez que implica un hacer de las autoridades responsables, consistente en cumplimentar la sentencia dictada en el procedimiento administrativo en comento. Por consiguiente, dado que dicho acto sí es compatible con la suspensión, procede analizar los restantes requisitos para concederla. Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: Interés suspensional En primer lugar, se acredita el requisito del interés suspensional, toda vez que en autos obra la copia certificada de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PISI-A-NC-DS-0035/2021 por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual le impuso la inhabilitación y multa a la moral quejosa por diversas infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se considera, de manera indiciaria, que acredita su interés para solicitar la suspensión del acto. Ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés público La ejecución de la resolución impugnada consistente en la inhabilitación. No obstante lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional la concesión de la suspensión traería como efecto la vulneración a los intereses de la colectividad y a disposiciones de orden público, respecto del acto reclamado consistente en la sanción de inhabilitación impuesta a la moral quejosa participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos por un año. Lo anterior toda vez que se contravendría el interés social y disposiciones de orden público en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, lo cual implica la adecuada administración de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; lo que resulta indispensable para desarrollo de la función pública. En efecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de la nación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Así, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias. El citado artículo dispone: "Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. [...]" Para tal efecto, la Ley de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público garantizará el estricto cumplimiento de lo previsto en el citado artículo constitucional, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar en caso de que las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones. Ahora bien, en el caso, a través de la resolución controvertida se determinó que la parte quejosa incumplió con diversas exigencias contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se le impuso la sanción de inhabilitación por un plazo de un año, para participar de manera directa en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados en la indicada norma legal, por lo cual se ordenó publicar la sanción en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la disposición legal señalada. En este sentido, a juicio de este juzgador, la sanción impuesta a la parte quejosa es una medida correctiva que tiene por objeto, la prevención para que en casos futuros los participantes no puedan infringir nuevamente las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en observancia del artículo 134 constitucional. En esta medida, la ejecución de la resolución controvertida, en la parte de la inhabilitación, resulta de orden público y de interés general, pues con tal actuar se pretende evitar que el Estado otorgue una licitación a favor de personas respecto de las cuales existe sospecha de haber cometido infracciones previstas en la ley de la materia. De ahí, la finalidad del acto administrativo reclamado sea garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública. Sobre el tema existe la jurisprudencia 2a./J. 157/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 162971, de texto: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que las acciones relativas a la adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, aunado a que esa sanción goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez. Por lo que en la especie la inhabilitación temporal de un licitante o proveedor, de inicio, es razonable para efectos de proveer sobre medidas cautelares como las que se solicitan en este asunto, en tanto que persiguen el propósito de salvaguardar el principio de honradez en los procedimientos de contratación o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. Aunado a que es de mayor relevancia para la sociedad la certeza colectiva del inicio del conteo del plazo de un año de la inhabilitación, como un efecto y consecuencia de la sanción que le imposibilita temporalmente para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que le fue impuesta a la moral quejosa, que una eventual afectación individual al derecho a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional. No pasa inadvertido que la parte quejosa haya citado en su beneficio la jurisprudencia 2a./J. 112/2005, de rubro y texto: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva. El citado criterio se señala que el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo de un servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de amparo y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva. Sin embargo, dicho criterio no es aplicable al caso, toda vez que la publicación de la sanción de inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación, no es un solo registro, para efectos administrativos, transitorios, preventivos o publicitarios, sino que tiene como objeto el inicio del conteo del plazo de la inhabilitación temporal, es decir, tiene consecuencias que trascienden más allá de la sola publicitación de la medida. Por tanto, dado que la concesión de la suspensión afectaría los intereses de la sociedad y violaría disposiciones de orden público, se considera procedente negar la medida respecto del acto consistente en la inhabilitación impuesta a la parte quejosa. La ejecución de la diversa sanción de multa impuesta a la parte quejosa en la resolución reclamada por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Por otra parte, el otorgamiento de la medida cautelar supera un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés público, toda vez que la suspensión tendrá por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, mientras se emite el pronunciamiento respectivo; lo que, a juicio de este órgano jurisdiccional, no genera un daño a la sociedad, ni le priva de algún beneficio que hubiere obtenido en caso de negarse la suspensión; habida cuenta que en la presente resolución se establecerán, como se verá más adelante, las medidas de efectividad para evitar que la parte quejosa se sustraiga del pago de la multa impugnada, en caso de no obtener sentencia favorable. Efectos sobre la suspensión provisional Con fundamento en los artículos 147, 148, 149, 150, 151 y 152 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que, mientras que se resuelve la suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ordenar y/o ejecutar la multa impuesta en la resolución administrativa de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PISI-A-NC-DS-0035/2021, por el monto de $**************. Garantía Dado que el acto reclamado por el cual se concedió la suspensión se ubica en el supuesto previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que acredite haber constituido o en su caso constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, por el monto de la multa impuesta, en el entendido de que, en caso de no cumplir con este requerimiento en un plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo dejará de surtir efectos la medida cautelar. Lo anterior, en razón de que se reclama la ejecución de una sanción que tiene la naturaleza de un aprovechamiento, por lo que es necesario que la parte quejosa garantice el interés fiscal para el caso de que llegara a obtener una resolución desfavorable. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A (10a.) (registro 2010522), que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO." El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Solicitud de informe previo y documentos Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y anexos, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Únicamente en el caso de asuntos urgentes podrán rendir su informe a través de alguna oficina pública de comunicaciones. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Apercibimientos en caso de no rendir informe previo En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Fijación de la audiencia incidental Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Copias Dígase a las partes en el presente asunto que podrán en todo momento, por sí o por conducto de sus autorizados, solicitar copia simple o certificada, a su costa, de las constancias que obran en autos, sin necesidad de presentar promoción previa, con su sola comparecencia en el área de actuaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación | Quejosa Personalmente Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Vía electrónica

  2. Principal

    ***Agréguese a los autos el recurso de revisión presentado por Directora de la Unidad Médica Familiar No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la sentencia. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación y resolución del recurso de mérito.****************************************Se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del correo electrónico occtc1ctoa@correo.cjf.gob.mx, la boleta de turno a fin de estar en posibilidad de continuar con el trámite del recurso de revisión. *************************************Ahora bien, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que se solicita la boleta de turno de inmediato en aras de una pronta remisión del recurso de trato; ello, sin perjuicio de que una vez que este juzgado federal cuente con las constancias de notificación pendientes de recibir se vinculen al expediente electrónico, además de remitir los autos originales. ****************************************En ese orden de ideas, se solicita atentamente al órgano revisor que, una vez que reciba la boleta de turno del recurso que nos ocupa y emita la determinación conducente, tome en consideración que este órgano jurisdiccional hará lo propio una vez que cuente con dichas constancias. ****************************************Asimismo, se ordenará la habilitación respectiva, con la que podrá visualizar vía electrónica, la totalidad de las constancias que obren en el expediente.****************************************Notifíquese a las partes de la siguiente forma:****************************************Parte********************Tipo de notificación****************************************Quejosa********************Vía electrónica****************************************Autoridad responsable********************Oficio****************************************Tercero interesado********************No existe****************************************Ministerio Público Federal********************Vía electrónica****************************************Oficina de Correspondencia Común del os Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito****************************************Oficio************************************************************

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