Enriqueta Moreno Montoya

Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
15/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Enriqueta Moreno Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa ENRIQUETA MORENO ********************, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes.********************En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.********************Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente.*Notifíquese.

  2. Principal

    Vista lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Enriqueta Moreno Montoya, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Al respecto, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento efectuado a través del proveído antes citado. Ahora, en el escrito inicial de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO:- La omisión de la Autoridad señalad como responsable al dejar de dar cumplimiento con la sentencia dictada en fecha 30 de mayo del año dos mil veintidós, por la sala regional del golfo norte, en el expediente 349/22- 18-01-6, en la que se determina la procedencia del juicio por haberse aprobado por la suscrita y se declara la nulidad de la resolución negativa ficta para los efectos que precisa el considerando tercero dé la resolución fiscal, que lo fue para que la institución ahora autoridad responsable emita un acto debidamente fundado y motivado donde calcule y determine los incrementos a la pensión de la parte actora es decir a la suscrita y en su caso realice los ajustes correspondientes y pague las diferencias con motivo de su omisión y como consecuencia de ello se actualice mi pensión jubilatoria en cumplimiento de la sentencia." Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso artículo 217 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De conformidad con los preceptos antes transcritos, se puede advertir del primero, que el juicio de amparo resultaría improcedente al contravenir disposiciones contenidas en la Norma Superior de la Nación o en la propia Ley de Amparo. Por su parte, el último de los preceptos transcritos establece que los Jueces de Amparo, se encuentra obligados a acatar la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como también deben observar aquellos criterios que emitan sus Salas. En esa virtud, como ya se mencionó, la parte impetrante en esencia reclama de la autoridad responsable la omisión de cumplir con la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Golfo Norte, dentro del expediente 349/22-18-01-6, pues considera que con dicha omisión o falta de cumplimiento se demora la administración de justicia, lo cual transgrede en su perjuicio la garantía de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 Constitucional. Al respecto, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo para lograr la cumplimentación de una determinación, resolución o sentencia dictada por un tribunal jurisdiccional, estaba reservada para aquellos tribunales que carecían de medios coercitivos para ello, es decir, no eran Tribunales de Plena Jurisdicción de manera que a través del Juicio de amparo se podía cumplir con la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional de obtener la plena ejecución de las sentencias, como sucedía con el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, que al ser un Tribunal de mera anulación, sin facultades coercitivas o de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, era menester acudir al juicio de garantías para ello. En tal virtud, con fundamento la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia destacada. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que se trata, en términos del artículo 113, ibídem. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    antes de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y 108 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo o no señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad. Lo anterior, en atención a que en el capítulo relativo al acto reclamado manifiesta que reclama "el dejar de dar cumplimiento con la sentencia dictada en fecha 30 de mayo de dos mil veintidós, por la sala regional del golfo norte, en el expediente 349/22-18-01-6, en la que determina la procedencia del juicio por haberse aprobado por la suscrita y se declara la nulidad de la resolución negativa ficta para los efectos que precisa el considerando tercero de la resolución fiscal, que lo fue para que la institución ahora autoridad responsable emita un acto debidamente fundado y motivado donde calcule y determine los incrementos a la pensión de la parte actora, es decir a la suscrita y en su caso realice los ajustes correspondientes y pague las diferencias con motivo de su omisión y como consecuencia de ello se actualice mi pensión jubilatoria en cumplimiento de la sentencia." Lo anterior en virtud que, este órgano de control constitucional no está facultado para suponer de oficio cuál o cuáles son las autoridades a quienes se les señala el acto reclamado, sino que la expresión con precisión de tales autoridades es una atribución exclusiva de la parte quejosa, lo que constituye un requisito que debe cumplir la demanda de amparo en términos de los artículos 108 y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo cual el legislador instituye para que el tribunal que conozca de la demanda esté en condiciones de atender las cuestiones planteadas en la demanda, solicitar el informe justificado, así como para que la responsable pueda rendirlo, dar contestación a lo que se le atribuye, otorgar a las demás partes la legal intervención que les corresponde. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada, en términos del párrafo séptimo del numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Finalmente, deberá de exhibir copias de su escrito aclaratorio necesarias para la tramitación del presente juicio, a fin de correr traslado a cada una de las partes. Notifíquese; por correo electrónico a la parte quejosa.

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