Enriqueta Huerta Martínez
Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Enriqueta Huerta Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con el oficio signado por el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano de control constitucional, resolvería de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: "Pronuncie, con libertad de jurisdicción, resolución en el recurso de revisión *******, con independencia de que sea o no favorable a los intereses de quien promovió el citado medio de impugnación". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable, efectúo lo siguiente: ? El doce de noviembre del año en curso, dictó resolución en el recurso de revisión *****. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de doce de noviembre del año en curso, dictada en el recurso de revisión ******************** En consecuencia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la tercero interesada, por el término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDOS de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se amplié plazo para cumplir con la ejecutoria. A lo anterior, ha de decirse que una vez que quede debidamente notificada del presente proveído, tiene un plazo IMPRÓRROGABLE de CINCO DÍAS HÁBILES, a fin de que informe el acatamiento dado al fallo protector dictado en autos. Bajo el APERCIBIMIENTO que en el caso no acatar lo anterior, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por los artículos 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, como hay materia para exigir el cumplimiento de esta sentencia, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, informe a este juzgado federal el acatamiento que se haya dado a dicho fallo protector; asimismo, para que informe periódicamente los actos que dicte en el expediente de origen, tendentes a impulsar el procedimiento y remita las constancias con las que acredite lo anterior; APERCIBIDA que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258, de la Ley de Amparo; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para continuar con el trámite de inejecución de sentencia; con fundamento en el numeral señalado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el tercer párrafo, de este último artículo, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que la autoridad responsable en este juicio carece de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo debe hacerse directamente a dicho órgano. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia J/3, del Pleno en Materia Civil del Primero Circuito, visible en la página 1378, Libro 9, Tomo II, agosto de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007295, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
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