Enriqueta Fuentes Anel
Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Enriqueta Fuentes Anel
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, once de diciembre de dos mil veinte. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
"Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veinte. De la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria adscrita para notificar personalmente a la quejosa ****** el auto de veintisiete de noviembre del año en curso por los motivos en ella expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el auto referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad donde pueda ser notificada." Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que antecede, notifico a la parte quejosa *******, el contenido integro del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 618/2020 que le corresponde. DESECHAMIENTO En primer lugar resulta pertinente destacar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo.: Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la quejosa, consiste en: ? La privación del derecho que otorga la Ley 223 para las personas físicas mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y tampoco cuenten con la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir un apoyo económico. En relación con ello en los antecedentes que la quejosa expone bajo protesta de decir vedad, manifiesta que recibe el apoyo económico a que se refiere la Ley antes citada y que "por versiones de algunas personas que trabajan en el Congreso del Estado", tuvo conocimiento que un diputado de la fracción parlamentaria morenista, está promoviendo ante el Congreso que se derogue dicha Ley, con base en argumentaciones relativas a que los beneficiarios no reciben directamente el apoyo económico. En ese sentido, aduce tener el temor que se anule dicha Ley y se le quite el beneficio del cual goza, dejándolo en estado de indefensión. CONCLUSIÓN Atento a lo antes expuesto, se concluye que en este momento la parte quejosa no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta. En efecto, la quejosa se duele del hecho que, al parecer, existe una propuesta para derogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y tampoco cuenten con la protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del Estado de Veracruz. Sin embargo, el sólo hecho que exista dicha propuesta no implica que la Ley que nos ocupa vaya a ser derogada, y en ese sentido, el acto reclamado se traduce en un acto futuro de realización incierta, pues por el momento no extingue ni modifica los derechos de la inconforme. Máxime que aún en el supuesto que se presentara dicha propuesta, ésta tendría que ser sometida al proceso legislativo respectivo para su votación, momento último en el que podrían verse afectados los derechos de la quejosa y no ahora, como lo argumenta. Resulta importante precisar que en el caso no existe la posibilidad que, de admitirse la demanda, la quejosa en el curso del procedimiento acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto que reclama, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el trámite del juicio y, por ello, no existe lugar a dudas que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia en estudio, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería su improcedencia. No es óbice que la quejosa manifieste ser un adulto mayor, pues tal aspecto no implica que pueda soslayarse la improcedencia de la demanda. Sustenta lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019754 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Civil Tesis: I.12o.C.33 K (10a.) Página: 2422 "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del País ha precisado que conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han marcado una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: a) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y protección; c) no discriminación en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) protección ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condición de vulnerabilidad no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de interés general, y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden público e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actúe al margen de la ley." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se facultan en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en el diverso 25/2020 emitido por el Pleno del citado Consejo, requiérase a la parte quejosa para que se sirva proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Además, en términos de los artículos 22, fracción I y 28 el Acuerdo invocado en primer término, se le exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo que deberá informar a este Juzgado, mediante escrito en el que exprese su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se le notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, a través del cual informa que el quejoso ******* egresó por libertad de su centro de reclusión, para lo cual anexa la constancia respectiva. Ahora bien, dado el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que en el acto de la notificación del presente proveído o bien por escrito y dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que, de no hacerlo, este juzgado resolverá respecto del cumplimiento dado al fallo protector, con base en los documentos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, dado que no existe diverso domicilio donde practicarse al quejoso la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción III, inciso a), realícese por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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