Enriqueta Diaz Tapia

Expediente 1032/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1032/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Enriqueta Diaz Tapia
  • Enriqueta Diaz Tapia y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    I) Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia, pues en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Toluca, Estado de México; veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta evidencia que feneció el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, en relación con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnico-Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Enriqueta Díaz Tapia y por José Luis Lupercio Magallon, contra la Legislatura y el Gobernador Constitucional del Estado de México, en la cual reclamó la aprobación y promulgación del Decreto que originó la vigencia del artículo 77 en su fracción I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, así como en su fracción II, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de dos mil doce. Asimismo, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, reclamó el primer acto de aplicación de dicha porción normativa, traducido en el cobro de la cantidad pagada por concepto de derechos de inscripción ante el Instituto de la Función Registral, con motivo de la operación contenida en la escritura pública ciento un mil quinientos veintiocho (101,528), de la Notaria Pública Número Veintinueve (29) del Estado de México, respecto del bien inmueble defendido, a saber, compraventa. Ahora, mediante sentencia de siete de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enriqueta Díaz Tapia y José Luis Lupercio Magallón, por derecho propio, respecto del primer acto de aplicación de la porción normativa reclamada, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Inconforme con dicha determinación los quejosos por conducto de su autorizado en términos amplios interpuso recurso de revisión contra la sentencia de referencia, medio de impugnación que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que fue radicado con el número de recurso de revisión 439/2017, la cual mediante ejecutoria de amparo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1032/2017-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en los considerandos octavo y décimo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enriqueta Díaz Tapia y José Luis Lupercio Magallón, contra la aprobación y promulgación del artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, asimismo contra el cobro por concepto de derechos para inscribir ante el instituto mencionado la escritura que otorgó para adquirir un inmueble; ello, por las razones expresadas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, acorde con lo expuesto en el noveno considerando de esta ejecutoria." Atento a lo anterior, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se requirió a la Directora General del Instituto de la Función Registral en el Estado de México, para que dentro de plazo de tres días, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cumplimiento al fallo protector, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de la Superioridad, esto es, para que desincorporara a los quejosos de su esfera jurídica respecto del artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, concesión que se hizo extensiva a fin de que la Directora General de dicho Instituto proveyera lo necesario para restituir a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado, es decir, para que les fuera aplicada la tarifa mínima contenida en el precepto declarado inconstitucional y se les restituyera la diferencia entre dicho importe y la cantidad que hubieran enterado como primer acto de aplicación de dicha disposición. Atento a lo anterior, mediante proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora Técnico-Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del cheque con número de folio 0005339, por la cantidad de $32,730.68 (treinta y dos mil setecientos treinta pesos 68/100 moneda nacional), de treinta y uno de enero pasado, documento que la responsable dejó a disposición de la representante común Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTYE QUEJOSA

  4. Principal

    I. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA ENRIQUETA TAPIA Y OTRO Número de expediente: 1032/2017 Acuerdo: Toluca, Estado de México; seis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de signado por la Directora Técnico-Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditar su dicho remite copia certificada del cheque con número de folio 0005339, por la cantidad de $32,730.68 (treinta y dos mil setecientos treinta pesos 68/100 moneda nacional), de treinta y uno de enero pasado, el cual se encuentra a disposición de Enriqueta Díaz Tapia representante común de los quejosos en las oficinas de la responsable oficiante. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta y anexo adjunto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

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