Enriqueta Chavelas Mora
Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Enriqueta Chavelas Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, se determina que el EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, se determina que el EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Finalmente, dado que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recojan los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
Principal 19/2023-I Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido y agréguese sin mayor proveído, para que obre como corresponda el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, toda vez que el trece de febrero actual, se dictó sentencia en el sumario en que se actúa. Notifíquese
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez horas con cuarenta minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 19/2023-I, promovido por *****, por propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. La secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda (fojas 2 a 6); auto admisorio (fojas 7 a 11); constancias de notificación a las partes; informe justificado (fojas 21 a la 60); proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 62 y 63), que acordó su recepción y se dio vista a las partes con su contenido. En este acto, se hace constar que la autoridad responsable Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no rindió su informe justificado, pese a encontrarse debidamente notificada del oficio 701/2023 a través del cual se le requirió el mismo. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho corresponda. Atinente a la falta de informe de la autoridad indicada, acuérdese lo conducente al resolver en definitiva este sumario. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, al rendir su informe justificado. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. A continuación, se procede al desahogo de la etapa de alegatos, y la secretaria hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. La Jueza de Distrito acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. Desahogada en sus etapas la audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 19/2023-I, promovido por Enriqueta Chavelas Mora, en contra de actos de la Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno al día siguiente, a este Juzgado Cuarto de Distrito, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: "1).- La H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO,. 2).- El INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,." ACTO RECLAMADO: "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1.- De la autoridad señalada como responsable la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO, se le reclama la INACTIVIDAD PROCESAL en el expediente laboral número 296/2021, traducida en: b).- La omisión de desahogar la prueba de informe con cago al instituto mexicano del seguro social, marcado con el número 4, ofrecido por el tercero interesado, ya que desde la fecha de su admisión el día 25 de febrero del año 2021, al fecha han transcurrido 1 año 11 meses. b).- La OMISIÓN de aplicar las medidas de apremio (MULTAS) establecidas en el artículo 731 fracción I, y 771 de la Ley Federal del Trabajo, al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, al no dar contestación a los oficios números 08.43-1458/2022 y 4987/2022 de fechas 7 de abril y 18 de octubre ambos del 2022. 2.- De la autoridad señala como responsable el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, se le reclama: b).- La OMISIÓN de dar contestación a los oficios números 08.43-1458/2022 y 4987/2022 de fechas 07 de abril y 18 de octubre ambos del año 2022, y que fueron girados por la H. Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, en donde se le solicitó el informe sobre la prueba marcada con el número 4, que ofreció la tercera interesa, adjuntándole para mayor proveer el escrito de pruebas." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 19/2023-I; se solicitó a las autoridades responsables rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción V, 35, 37, todos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, toda vez que se reclama un acto que carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y de las constancias remitidas por la autoridad responsable que rindió su informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La omisión de desahogar la prueba documental en vía de informe ofrecida con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio laboral 296/2021 del índice de la Junta Especial número cuarenta y tres de la 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, solicitada mediante oficios 08.43- 1458/2022 de siete de abril de dos mil veintidós y 4987/2022 de dieciocho de octubre de ese año. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no rindió su informe justificado, pese a encontrarse debidamente notificado del oficio con el cual se le requirió el mismo; por lo que con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se declara la presunción del acto reclamado. Por su parte, la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, por conducto de su representante legal, negó el acto que se le reclama; sin embargo, vierte manifestaciones que evidencian su certeza, habida cuenta que aduce que el veinte de enero del año en curso, presentó ante la junta federal en la misma fecha, la respuesta que emitió a través del oficio 1290014100/JL/120/2023, a lo ordenado por la junta obrera a través de los oficios 08.43- 1458/2022 de siete de abril de dos mil veintidós y 4987/2022 de dieciocho de octubre de ese año, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le reprocha. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391). Lo anterior, se corrobora además con el original del acuse de recibo del oficio 1290014100/JL/120/2023 de veinte de enero del año en curso, en el que rindió el informe solicitado en vía de prueba documental ofrecida a su cargo; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que se trata de una documental pública expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Causal de improcedencia. En el caso, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado estima que se configura la causal de improcedencia que contempla en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Texto del que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, nunca hubiese existido, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Puede afirmarse que han cesado los efectos de esos actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, es decir, cuando las autoridades de quienes emanan los actos, dejan de hacerlo, dicho en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, dejándolos insubsistentes, lo cual constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que ha dejado de existir el acto mismo, pues ya no sigue surtiendo efectos, esto es, dejó de tener vida jurídica, imposibilitando con ello arribar al estudio de su constitucionalidad para determinar si existieron derechos fundamentales vulnerados. Sirve de apoyo a lo anterior el contenido de la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, el acto reclamado a las autoridades responsables es la omisión de desahogar la prueba documental en vía de informe ofrecida con cargo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio laboral 296/2021 del índice de la Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, solicitado mediante oficios 08.43-1458/2022 de siete de abril de dos mil veintidós y 4987/2022 de dieciocho de octubre de ese año. Sin embargo, en autos obra constancia de que mediante oficio 1290014100/JL/120/2023 de veinte de enero del año en curso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó ante la junta responsable el informe solicitado a través de los mencionados oficios 08.43- 1458/2022 de siete de abril de dos mil veintidós y 4987/2022 de dieciocho de octubre de ese año, como se aprecia del sello original que obra al margen superior izquierdo del oficio de referencia. Con lo anterior se evidencia que dejó de existir el agravio que fue causado a la quejosa con el acto que reclama. De ahí que si el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó ante la junta federal responsable el informe solicitado por ésta, a través de los oficios 08.43-1458/2022 de siete de abril de dos mil veintidós y 4987/2022 de dieciocho de octubre de ese año, lo cual, se reitera, constituye la omisión que dio origen a este sumario constitucional, es palmario que se actualiza la causal de improcedencia analizada con sustento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo. En apoyo de lo anterior tiene aplicación la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, que al rubro reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71) Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por *****, en contra de actos que atribuye a la Junta Especial número cuarenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la secretaria María Chávez Valencia, que autoriza y da fe.
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