Enrique Zamorano Esquivel

Expediente 756/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
756/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Enrique Zamorano Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    "...Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en auto de veintitrés de los cursantes, no se realizó mayor pronunciamiento respecto a la razón de imposibilidad para practicar la notificación del proveído de dieciocho de los cursantes, no obstante, del estado de autos se advierte que este último no ha sido notificado, en consecuencia, notifíquese el presente proveído, así como el de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado..." SÍNTESIS PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO: "...Agréguese el escrito signado por el quejoso...por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada el quince de los cursantes. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas se desprende que la parte quejosa las omisiones en que ha incurrido el Agente del Ministerio Público responsable para integrar la carpeta de investigación...número económico...lo que se traduce en la abstención de practicar las diligencias necesarias, así como, en su caso, ejercitar acción penal. DESECHAMIENTO. Al respecto, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, aplicables en el caso concreto. Los citados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: . XIV. Impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 240. Las decisiones del ministerio público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quien podrá impugnarlas ante el juez de control dentro de un plazo de tres días. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al ministerio público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia de la víctima, el ofendido o sus representantes legales a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la resolución de archivo temporal, abstenerse de investigar, suspensión de la investigación o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del ministerio público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que el código establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior." Del artículo 20, apartado C, fracción VII, se desprende que se deberán impugnar ante autoridad judicial entre otras las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; mientras que los diversos 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contemplan como derechos de la víctima u ofendido, entre otros, impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; quien podrá impugnarlas ante el juez de control dentro de un plazo de tres días. Luego entonces la víctima u ofendido, deberá impugnar, la omisión que alega ante el Juez facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de México, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su contra procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional. Sustenta la anterior afirmación, por analogía el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, registro 162669, página 17, de la voz y contenido: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De ahí que en el nuevo proceso penal acusatorio, deba estarse a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, el cual constituye una prerrogativa que se otorga al pasivo del delito, la cual no es opcional, ya que se le reconoce a nivel de la Carta Magna como un derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la fase procesal correspondiente e interponer los recursos que establezca la ley, como así se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses. Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Carta Magna consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, que retoma el legislador secundario en relación con el numeral 150, fracción XIV, y 240 del código adjetivo de la materia. Entonces, es de concluirse que para que el amparo biinstancial resulte procedente, es indispensable que previo a su promoción, el Juez de Control correspondiente, haya decidido en definitiva sobre la omisión que el quejoso imputa al agente del Ministerio Público dentro de la indagatoria de origen; lo que es así, porque será el pronunciamiento del Juez de Control, la resolución respecto de la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la parte quejosa de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Resulta aplicable por identidad de razón, los razonamientos vertidos en el criterio sustentado en la tesis XVIII.1o.P.A.2P(10ª.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2017, Materias Común, Penal, registro 2014279, página 2141, que establece: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Resolución que es acorde al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, al resolver el recurso de queja 15/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 9/2017, del índice de este juzgado. No pasa inadvertido para quien esto determina, que el quejoso refiere haber impugnado omisiones de la representación social ante el Juez de Control, respondiéndole el número de carpeta auxiliar 784/2016-VII, no obstante, al ser actos que se actualizan de momento a momento, es evidente que impugna omisiones diversas a las entonces reclamadas ante el referido juzgador, por lo cual se encuentra en aptitud de promover el medio de impugnación a que se refiere el numeral 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación al 61, fracción XXIII, se desecha de plano la demanda de amparo..."

  3. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial con que se da cuenta, se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de dieciocho de mayo del año en curso; por los motivos que ahí expone, sin que se realice mayor pronunciamiento, en virtud que mediante comparecencia de dieciséis de los cursantes se le notifico personalmente dicho proveído. No obstante, notifíquense el presente proveído; así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de las listas que se publican en los estrados de este juzgado, lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan).

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese sin mayor proveído el escrito signado por el quejoso, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada el quince de los cursantes, ello en virtud que el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se acordó idéntico escrito.

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