Enrique Zamora Agundez

Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Enrique Zamora Agundez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que tuvo no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Cuenta. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que dieran cumplimiento a la prevención que se les formuló por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, sin que desahogara la misma. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuenta. El ocho de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 8399. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de julio de dos mil veintiuno. Designación de defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Coordinadora de Área Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, designa a los licenciados Mariana Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, a fin de que brinden el servicio de defensa al quejoso Enrique Zamorano Agúndez. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Mariana Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, y en términos de los arábigos 2, fracción I, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con el auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se previno al quejoso; a fin de que la parte quejosa, se encuentre en aptitud de desahogar dicha prevención. Asimismo, se les hace del conocimiento que en dicho proveído -veinticinco de junio de dos mil veintiuno-, se apercibió al quejoso que de no dar cumplimiento al mismo, en el plazo de cinco días hábiles, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Plazo de cinco días que comenzara a computarse, una vez que tanto el quejoso, como sus asesores se notifiquen del presente proveído. De igual manera, se ordena darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato e servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados, a las personas que se precisan. Domicilio. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados defensores públicos el indicado en el oficio que se atiende. Notifíquese y personalmente al quejoso y a sus defensores públicos.

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