Enrique Yáñez Viramontes

Expediente 510/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
510/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
11/09/2015

Partes del expediente

  • Enrique Yáñez Viramontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En la misma fecha, el Secretario Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil quince en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata sobreseyó en este juicio de amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el mismo, además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primer del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, el legajo de fotocopias certificadas que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 510/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, DANIEL ARTEAGA CORREA, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ENRIQUE YAÑEZ MIRAMONTES, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. El Congreso del Estado de Zacatecas. 2. El Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. 3. El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. 4. El Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. 5. El Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. 6. El recaudador de rentas en Zacatecas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. 7. El C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. "IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Congreso del Estado de Zacatecas, reclamo la aprobación y expedición del artículo 52 fracción II y artículos del 21 al 27 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, que se refieren al cobro del derecho por inscripciones de documentos relativos a bienes inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo la promulgación y publicación de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas en el Periódico Oficial del Estado. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo de la Ley combatida. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, como refrendador de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, se reclama la publicación del Decreto a que se hace referencia en los puntos que anteceden. Del recaudador de rentas en Zacatecas, en su calidad de exactora el cobro del derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (primer acto de aplicación de la ley). Del Director del Registro Público de la Propiedad, la aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales al inscribir la escritura, en los que se hizo constar los contratos de compraventa por adjudicación de la escritura de propiedad. SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contemplados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular dictó proveído el diez de abril de dos mil quince, en que ordenó: su admisión y su registro bajo el expediente 510/2015; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en: La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 21 a 27 y 52, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas; y, La aplicación de los citados preceptos legales. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II.2.1. Certeza: Las autoridades responsables Secretario de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura; Gobernador del Estado; Secretario General de Gobierno; Administrador del Periódico Oficial de la Secretaría de Administración del Gobierno; y, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en la ciudad de Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron los actos que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Por su parte, el Secretario de Finanzas de Gobierno y el Recaudador de rentas en Zacatecas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad fueron omisos en rendir su informe justificado no obstante obrar en autos el acuse de recibo correspondientes, por lo que se presume cierto el acto a ellos atribuido. Cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que se les atribuyen, por ser de naturaleza legislativa, no están sujetos a prueba. Tiene aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así mismo es aplicable la siguiente tesis que determina: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA."". Este Juzgado Federal al realizar un estudio del presente asunto, considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, consistente en que la demanda de mérito resulta extemporánea. Dicha causal resulta fundada como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Por su parte, los artículos 17 y 18, del ordenamiento legal en cita, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, como puede apreciarse de la demanda de amparo, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 21 a 27 y 52, fracciones I y II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas; y, La aplicación de los citados preceptos legales. Así, de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, principalmente de la escritura número treinta y cinco doscientos cincuenta (sic) (foja 12 a 16), se desprende, que el ahora quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en que firmó las citadas escrituras públicas, pues así lo permite demostrar la citada documental en la cual se asentó: "NOTAS MARGINALES NÚMERO UNO. A los diecisiete de octubre de dos mil catorce.- con esta fecha se presentó y pagó el aviso del impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles que causa esta operación según recibo oficial número "398641 C" y su importe ascendió a la cantidad de $36,010.87 (treinta y seis mil diez pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional), expedido por la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.- Doy fe. Mi firma. ... Transcripción la anterior, de la cual se desprende que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, el quejoso Daniel Arteaga Correa, firmó la escritura pública y con ello en ese preciso momento es cuando por imperativo de la ley en que el adquirente entrega al fedatario el importe del impuesto respectivo. Sin embargo, la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el nueve de abril de dos mil quince, como se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, de donde se concluye que la misma, fue interpuesta en forma extemporánea, ya que entre la fecha en que tuvo conocimiento el quejoso del acto que ahora reclama, que lo fue el diecisiete de octubre de dos mil catorce y la diversa en que presentó la demanda, nueve de abril de dos mil quince, transcurrieron con exceso los quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de garantías. De tal suerte que se insiste, el acto de aplicación, en tratándose de adquisición de bienes inmuebles debe computarse a partir de que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicha retención, esto es, desde la fecha en que firmó la escritura pública, pues es en ese preciso acto, por imperativo de ley, en que el adquirente entrega al fedatario el importe del impuesto. De tal suerte que está plenamente demostrado que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de octubre de dos mil catorce. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de cuyo rubro y texto rezan: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 28 BIS-3, FRACCIÓN III Y 28 BIS-5, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LO CONSTITUYE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE. Conforme a los artículos 28 Bis, 28 Bis-3, fracción III, 28 Bis-5, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, inmersos dentro del capítulo II Bis, intitulado "Impuesto sobre adquisición de inmuebles", y 117 de la Ley del Notariado del Estado, los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares de la administración pública local en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues están obligados a calcularlo y retenerlo al momento de firmarse la escritura pública, así como declarar y enterar ante la autoridad hacendaria el citado tributo a cargo de terceros, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya haya pagado. En ese contexto, la retención del impuesto sobre adquisición de inmuebles que efectúa el fedatario público constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan, por lo que el término para promover el juicio de garantías en contra de aquéllos, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicha retención, esto es, desde la fecha en que firmó la escritura pública, pues de conformidad con los numerales referidos, es en ese preciso acto, por imperativo de ley, en que el adquirente entrega al fedatario el importe del impuesto. Lo anterior, siempre que en los documentos consistentes en la escritura pública o la nota notarial declaratoria del impuesto respectivo se precisen el concepto y el sustento legal de dicha actuación, lo que deberá acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley, y no inferirse con base en presunciones. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO." En esas condiciones, y por las razones apuntadas, al acreditarse en el presente asunto la causal de improcedencia analizada; con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de garantías promovido por DANIEL ARTEAGA CORREA, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ENRIQUE YAÑEZ MIRAMONTES. Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por DANIEL ARTEAGA CORREA, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ENRIQUE YAÑEZ MIRAMONTES, contra las autoridades responsables y en cuanto a los actos precisados en el considerando II.1, de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, diecinueve de agosto de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado lo permitieron. DOY FE.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales; con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que en término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por otra parte, en atención a las constancias que adjunta dicha autoridad; dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes; en tal virtud, con apoyo en lo establecido por el numeral 119, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que se acompañan, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva, y en atención a su volumen guárdense por separado a fin de facilitar el manejo del expediente en que se actúa. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, ténganse como delegados de la aludida responsable a las personas que se mencionan. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes de los que se advierte que en esta fecha se agrega el informe justificado de la autoridad antes mencionada; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dicho informe; SE DIFIERE la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, a través de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales; con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que en término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Por otra parte, en atención a las constancias que adjunta dicha autoridad; dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes; en tal virtud, con apoyo en lo establecido por el numeral 119, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que se acompañan, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva, y en atención a su volumen guárdense por separado a fin de facilitar el manejo del expediente en que se actúa. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, ténganse como delegados de la aludida responsable a las personas que se mencionan. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes de los que se advierte que en esta fecha se agrega el informe justificado de la autoridad antes mencionada; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dicho informe; SE DIFIERE la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

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