Enrique Vizcarra Jiménez
Expediente 1540/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1540/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Enrique Vizcarra Jiménez
Actuaciones
- Principal
*pral. 1540/2015 mesa amp. 1-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a siete de diciembre de dos mil quince. Vistos los autos, de los que se advierte que no se notificó a la autoridad responsable, Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el auto de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 27-31), en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; así como el diverso de cuatro de noviembre pasado (fojas 38-40), en el que quedó firme ese auto; en consecuencia, transcríbasele esos autos, que dicen: TRANSCRIPCIÓN: ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil quince. Dada cuenta con el oficio número 14093, signado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, recibido el día de ayer en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y en la misma fecha en este órgano Jurisdiccional, al que anexa el escrito de demanda de ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Del contenido del oficio de cuenta, a través del que se transcribe el acuerdo de presidencia, dictado con fecha catorce de octubre en curso, en el amparo directo 734/2015, se advierte que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En consecuencia, acúsese recibo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional a quien por turno correspondió, ACEPTA LA COMPETENCIA, para avocarse al conocimiento del juicio de amparo promovido por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En atención a lo anterior; fórmese expediente con el número 1540/2015; y, anótese su ingreso en el libro de gobierno. Ahora, de la demanda anexa al oficio de cuenta, se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la siguiente autoridad y acto reclamado: Autoridad responsable: Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Acto reclamado: "La sentencia definitiva dictad en fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, dentro del toca familiar de apelación 313/2014, por la autoridad señalada como responsable" Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del contenido del artículo anterior, se advierte que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por su parte, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Consecuentemente, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe interponerse dentro del plazo de QUINCE DÍAS. Ahora, del análisis del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el acto que aquí reclama el quejoso ENRIQUE VIZCAYA JIMÉNEZ a la Sala Familiar responsable, se hace consistir en la resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil quince, en autos del expediente familiar 313/2014, de la que tuvo conocimiento el veintidós de abril de dos mil quince, como así se advierte de la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de la Sala Familiar y de la constancia de notificación que en copia certificada se anexó a este expediente, deducida de los autos del referido expediente familiar. En ese orden de ideas, al haber tenido el quejoso conocimiento del acto que aquí reclama, el veintisiete de abril de dos mil quince, fecha en que surtió efectos la notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al treinta de junio de dos mil quince, en que presentó la demanda de amparo "directo", ante la responsable, transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo con que contaba para promover el juicio de amparo, atendiendo la fecha de notificación (22-abril-2015) transcurrió del veintisiete de abril al veinte de mayo de dos mil quince, sin contar los días (uno, dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; así como los días veinticuatro de abril y once de mayo de dos mil quince, por haber sido declarado no laborables para la Sala Responsable en razón de la toma de oficinas); por lo anterior, es inconcuso que la demanda de amparo fue presentada más de veinte días después del plazo de quince días, que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo En esa virtud, la demanda intentada por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ contra el acto reclamado a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia definitiva dictada el veintiuno de abril de dos mil quince, en el toca familiar de apelación 313/2014, RESULTA EXTEMPORÁNEA, por haber precluído el derecho que pudo en su oportunidad ejercitar, y no lo hizo; en consecuencia, la demanda de amparo que se examina respecto del referido acto y autoridad responsable, se torna notoriamente IMPROCEDENTE; por tanto, DE PLANO, SE DESECHA la misma, con fundamento en lo que disponen los artículos 17 y 18, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Se hace constar, además, que el acto combatido no se ubica en los casos de excepción establecidos en el artículo 17 la Ley de Amparo aplicable; aunado a que, no combate una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición (en que la promoción del amparo será dentro de treinta días); la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en cuyo caso la demanda puede promoverse hasta en un plazo de ocho años); ni se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los nucleos de población ejidal o comunal (en que la promoción del amparo será dentro de los siete años); ni mucho menos el acto aquí reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que podrá promoverse el Juicio de Amparo en cualquier tiempo). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Así como el criterio con los siguientes datos de localización: "Novena Época Registro: 189523 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001 Materia(s): Común Tesis: 2a. XCIV/2001 Página: 298 AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que dispone que si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, aquél se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda con sus anexos al que corresponda su conocimiento, se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo directo contra actos respecto de los cuales por su naturaleza procede amparo indirecto. Ahora bien, en este caso no es válido estimar que la demanda respectiva ha sido presentada extemporáneamente aun cuando en la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito correspondiente haya transcurrido el término de quince días contemplado en el artículo 21 de la ley de la materia para su interposición, pues debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo y, por tal situación, presentó dicha demanda por conducto de la autoridad responsable dentro del término de quince días, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado que corresponda declare posteriormente su incompetencia para conocer y resolver respecto de ella; en tal hipótesis debe entenderse que la demanda fue presentada oportunamente". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica; y por autorizados para tal efecto, a las personas que indica. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, con apoyo en el precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido que la autoridad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Patricia Pérez de la Torre, Secretaria Judicial que autoriza y da fe. Doy fe". ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a cuatro de noviembre de dos mil quince. Agréguese el oficio número 1220/2015, firmado por el presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que anexó el original del escrito de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, firmado por Enrique Vizcarra Villanueva, sin que haya lugar a tener al promovente formulando alegatos; lo anterior, toda vez que mediante proveído de dieciséis de octubre pasado (fojas 27 a 31), se desechó, de plano, la demanda de amparo interpuesta por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ. No obstante lo anterior, se le tiene apersonándose a este juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados únicamente para ese efecto a las personas que menciona; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentran autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En otro contexto, aparece de autos que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de octubre pasado (fojas 27 a 31), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, dentro del término que establece el 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que el referido proveído ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento del quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ese proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del proveído relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Ahora, toda vez que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó la licenciada Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia del titular que le fue autorizada mediante sesión de veintisiete de octubre de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y, comunicada por el secretario técnico de dicha Comisión mediante circular CCJ/08/2015, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y firma ante la licenciada Patricia Pérez de la Torre, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. NOTIFÍQUESE.
- Principal
*pral. 1540/2015 mesa amp. 1-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a cuatro de noviembre de dos mil quince. Agréguese el oficio número 1220/2015, firmado por el presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que anexó el original del escrito de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, firmado por Enrique Vizcarra Villanueva, sin que haya lugar a tener al promovente formulando alegatos; lo anterior, toda vez que mediante proveído de dieciséis de octubre pasado (fojas 27 a 31), se desechó, de plano, la demanda de amparo interpuesta por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ. No obstante lo anterior, se le tiene apersonándose a este juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados únicamente para ese efecto a las personas que menciona; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentran autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". En otro contexto, aparece de autos que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de octubre pasado (fojas 27 a 31), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ENRIQUE VIZCARRA JIMÉNEZ, dentro del término que establece el 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que el referido proveído ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento del quejoso, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ese proveído estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del proveído relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Ahora, toda vez que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA 5 A PRAL. 623/2015-Oaxaca de Juárez Oaxaca, a veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos, la copia del oficio número 819.036.2652, signado por Rafael Ordaz Zárate, Jefe del CAP CENTRO, OAX., del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, dirigido al Jefe de Administración en Putla, Oaxaca; en su atención, se le tiene informando que solicitó a su similar de Coixtlahuaca, Oaxaca, el tratamiento aplicado a los registrados postales con números MN534335452MX y MN534335466MX, depositados en esa oficina a su cargo, según factura del ocho de septiembre del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de quince de octubre de dos mil quince (foja 117). NOTIFÍQUESE.
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