Enrique Villar Rodríguez
Expediente 2051/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2051/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- ENRIQUE VILLAR RODRÍGUEZ y Otros.
- Enrique Villar Rodríguez
- CÉSAR ALBERTO HERNÁNDEZ MAGIN y Otros.
- César Alberto Hernández Magin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento original. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa adjuntó diverso documento original a su escrito de demanda de amparo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido en auto del once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la parte promovente a efecto de que compareciera a ratificar el contenido y reconocer la firma que calza en la promoción recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el ocho de noviembre del presente año, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, y por ello, se tiene por no presentado el escrito a través del cual pretendía desahogar la prevención. Se tiene por no desahogada la prevención. Asimismo, el diverso término de cinco días concedido a la parte promovente en auto del treinta de octubre de dos mil diecinueve, transcurrió sin que desahogara la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tiene únicamente como acto reclamado el oficio 1265-D/2019 del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve del Director de Desarrollo Urbano de Tehuacán, Puebla. ? Se desecha demanda. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se procede a proveer lo conducente. En el caso, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Al respecto, se considera que el acto reclamado no es de imposible reparación y, por lo tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para mejor comprensión de lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo lo siguiente: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esos términos, se estimó que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento judicial propiamente dicho, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprenden los siguientes antecedentes de mayor relevancia: ? El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Dirección de Desarrollo Urbano de Tehuacán, Puebla, recibió el acta de acuerdos de los vecinos propietarios de las viviendas ubicadas en la calle Colombia sur del Fraccionamiento Exhacienda El Riego, en la que hicieron costar su inconformidad por las instalaciones de un autolavado instalado que se encontraba invadiendo espacios destinados para áreas verdes del mismo fraccionamiento. ? Derivado de lo anterior, el Director de Desarrollo Urbano de Tehuacán, Puebla, emitió la orden de vista con número de folio 001265-D de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la que ordenó a Fernando Javier López, inspector de obra adscrito al citado Ayuntamiento, para que realizara una visita de inspección en el predio ubicado en calle Chihuahua norte, con numero físico y/o número oficial s/n frente #513, colonia Fraccionamiento El Riego de esa ciudad, propiedad, posesión o responsabilidad de César Hernández o quien resulte, para efectos de verificar el debido cumplimiento a la normativa que en materia urbanística rige el municipio. ? El seis siguiente, se llevó a cabo la inspección en el domicilio antes indicado, en el que el inspector hizo constar en lo que interesa, que en el lugar de inspección se apreciaba un autolavado, enseguida solicitó a la persona que lo atendió -César Hernández- los permisos de uso de suelo comercial, quien manifestó que no contaba con ellos, por lo que se le hizo la invitación para acudir al departamento de Desarrollo Urbano, dentro del plazo de cinco días, para que en ejercicio de su derecho de audiencia compareciera y manifestara lo que a su interés conviniera, presentara pruebas, señalara domicilio para recibir y oír notificaciones, así como a las personas autorizadas para tal efecto, levantando el acta de visita correspondiente. ? Finalmente, ante la omisión de la parte interesada de presentar los permisos correspondientes, mediante oficio sin número de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el Director de Desarrollo Urbano del citado Ayuntamiento, realizó una última invitación a Cesar Hernández, propietario o poseedor del predio en cuestión, para que regularizara su situación respecto de los permisos que no exhibió en relación al auto lavado, tal como se advierte de la siguiente ilustración: Dicho oficio constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Bajo ese panorama, es factible concluir que el oficio reclamado no produce una afectación material a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues sólo afecta derechos procesales o adjetivos, ya que -en atención a que feneció el plazo otorgado en el acta de visita de seis de septiembre del año en curso-, se realizó una última invitación al quejoso Cesar Hernández, para que regularizara su situación respecto de los permisos que no exhibió en relación al auto lavado en cuestión, y, por lo tanto, esa determinación únicamente produce el efecto de que la autoridad responsable continúe con la tramitación del procedimiento administrativo de origen, el cual incluso podría concluir con una resolución favorable a los intereses del quejoso, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivar de su tramitación, pues será la resolución definitiva que resuelva el procedimiento de origen, la que en su momento podrá controvertir a través de los medios de defensa que estime oportunos. De ahí que no es posible sostener que en contra del oficio reclamado proceda el amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Además, no debe soslayarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, en términos generales, que no es dable que se paralicen injustificadamente los procedimientos administrativos, pues existe un interés preponderante de la sociedad en que se culminen los procedimientos iniciados por incumplimiento a la normatividad urbana, al estar de por medio el interés social y orden público. Finalmente, no se soslaya que la parte quejosa señaló como acto reclamado la imposición de una multa derivada del referido oficio , sin embargo, dicho acto reclamado constituye un acto futuro de realización incierta, si se pondera que su materialización depende de la conducta que asuman los quejosos. En efecto, de la lectura del oficio de mérito se advierte que el Director de Desarrollo Urbano de del Municipio de Tehuacán, realizó a a Cesar Hernández, propietario o poseedor del predio en cuestión, una última invitación para regularizar su situación respecto de los permisos que no exhibió en relación al auto lavado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuaría con el procedimiento instaurado en su contra el cual podía culminar con la suspensión de obra y el pago de una multa por infracciones cometidas al Reglamento de Construcciones de la ciudad de Tehuacán Puebla, equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente, esto es, la cantidad de $5,134.00 (cinco mil ciento treinta y cuatro pesos); de ahí que, se insiste dicha multa dependerá de la conducta que asuma la parte requerida -quejosa-; por tanto, se trata de un acto futuro de realización incierta, el cual no puede estudiarse en esta instancia constitucional. Asimismo, es pertinente destacar que la definición contenida en la Ley de Amparo relativa a qué debe entenderse por actos de imposible reparación, no es contraria al principio de progresividad por lo que se refiere al derecho al recurso judicial efectivo, pues ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio constitucional y así evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Por último, cabe precisar que esta determinación no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues cuando se dicte la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de origen, en caso de no ser favorable a sus intereses, podrá controvertirla a través de los medios de defensa que estime oportunos. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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