Enrique Villagomez Cortes

Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
91/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Enrique Villagomez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Salvatierra, Guanajuato, por conducto de su síndico ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, por conducto de su síndico *** contra actos que reclama del Gobernador y Legislatura, ambos del estado de Guanajuato y de la Comisión Federal de Electricidad; por violación a las garantías consagrada en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 91/2019-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el Sistema Electrónico y la utilización de firma electrónica para consulta y uso para las partes, se implementará una vez que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, por conducto de su Sala Superior o de su Comisión de Administración, según corresponda, y el Consejo expidan la normativa aplicable, en el ámbito de su competencia, relacionada con los certificados digitales que emitirán, así como con los expedientes electrónicos que integrarán, a partir de las bases establecidas en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, y la certificación levantada por el Secretario del Juzgado, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis pormenorizado de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por los siguientes actos reclamados: "A.- Convenio de recaudación del derecho por concepto de alumbrado público firmado el día 1 de marzo del 2018 B.- Lay de Hacienda para el Estado de Guanajuato, vigente C).- Ley de Ingresos para el Municipio de Salvatierra, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año de 2018, mismo que fuera publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el día 26 de diciembre de 2017, específicamente en sus artículos 34 y 35 Dentro de sus ámbitos de competencia, reclamo la publicación de las normas referidas, la fijación y aplicación y cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) mismo que se determina por las responsables a partir de actos que invaden flagrantemente las esferas de competencia de la Federación, situación que queda evidenciada mediante la expedición del oficio número SSB/DP/01-DAP-004-2019 por el cobro del derecho de alumbrado público con respecto del mes de diciembre de 2018, que fuera cuantificado por la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del Responsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos en la zona comercial de Salvatierra, División Comercial Bajío, mismo que anexo a la presente y que fuera entregado a mi representada el día 11 de enero de 2019 y que sirve de forma clara para establecer que el pago que realiza mi representada, deriva de conceptos inconstitucionales por sí mismos." Ahora bien, sostiene la quejosa en su escrito de demanda que el acto reclamado tiene el carácter de ser heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que depende del pago que realiza su representada ante la Comisión Federal de Electricidad, por lo que estima que se genera a partir de cada pago que se realiza. Tal afirmación resulta ser parcialmente correcta, pues la manera en que acude el juicio de garantías, efectivamente se trata de un acto heteroaplicativo; sin embargo contrario a lo alegado, dicho acto de aplicación no depende del pago que se realizó ante la Comisión Federal de Electricidad, ya que estimar correcto ello, quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría llevar el pago que se le requiere, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico. En efecto, se parte de lo anterior, pues la propia quejosa como lo refirió expresamente en su demanda de garantías, estableció que tuvo conocimiento del acto de aplicación del que se duele, desde el momento en que le fue entregado el oficio número SSB/DP/01-DAP-004-2019 por el cobro del derecho de alumbrado público con respecto del mes de diciembre de 2018 ( y no hasta que realizó su pago), ocurriendo ello el día once de enero de dos mil diecinueve, como se corrobora con la propia documental referida que anexo a su demanda de garantías y que trae el sello de recibido en esta última data. Por ende se estima que tuvo conocimiento del acto de aplicación a partir del once de enero de dos mil diecinueve, en que le fue entregado el oficio número SSB/DP/01-DAP-004-2019 por el cobro del derecho de alumbrado público con respecto del mes de diciembre de 2018; pues en dicho documento quedó asentado el cobro que ya le estaban haciendo y del que se duele. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 115, Tomo IX, Febrero de 1999, Tesis 1ª V/99 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, registro 194587, que indica: AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico. Precisión que encuentra apoyo además en las Jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden, partiendo del supuesto que la quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación a partir del once de enero de dos mil diecinueve, el término de quince días para promover la demanda de amparo inició a computarse precisamente a partir del catorce de enero al uno de febrero de dos mil diecinueve, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero del presente año. De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que la demanda de amparo fue presentada, en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el segundo de los preceptos legales invocados y con ello consentida, conforme al primero de los mencionados artículos. Es aplicable la jurisprudencia J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, el promovente consintió los actos reclamados, siendo así que se considera que tácitamente es una consecuencia lógica y jurídica, puesto que el término para la promoción de la demanda de amparo inició a correr como se dijo, el partir del catorce de enero al uno de febrero de dos mil diecinueve, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero del presente año, ya que la presente demanda de garantías la presentó en ventanilla de oficialía de partes de este Juzgado hasta el doce de febrero de dos mil diecinueve, la cual fue turnada a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad para su turno correspondiente, y obra su fecha de recepción el día doce de febrero de dos mil diecinueve. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que NO SE PROMOVIÓ la presente demanda de amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; se desecha la demanda promovida por el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, por conducto de su síndico ***. Es aplicable la Tesis consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Y por lo que informa, en su parte conducente, la Jurisprudencia número 27/96, obtenida de la Contradicción de Tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, instancia del Pleno; cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Ahora bien, en razón de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones por medio de listas, lo que se denomina estrados de este Tribunal Federal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte en términos amplios, con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos, al licenciado ***, por no encontrarse en dicho supuesto. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por el el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO, por conducto de su síndico Enrique Villagómez Cortés por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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