Enrique Villafaña Nagel y Otros.
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Enrique Villafaña Nagel
- Enrique Villafaña Nagel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
téngase por rendido el informe en comento así como por recibidas las documentales que exhibe y pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, asimismo, dese cuenta con ellos en la audiencia constitucional.ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas que adjunta, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno para ello, y para un mejor manejo de las mismas, se ordena formar un anexo de pruebas con carátula de identificación correspondiente. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en el presente juicio la demanda de amparo, fue promovida por Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho, en contra del Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, respecto de los actos que en esencia hace consistir en: ? La sentencia interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno dictada en el expediente 772/2021, del índice del Juzgado Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la que confirma lo resuelto en esa misma diligencia, respecto al concepto de alimentos a sus acreedores alimentarios de que debe pagar tres días salarios mínimos. Precisado lo anterior, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo que constituye un hecho notorio1 para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se localizó que el diversa quejosa Irma Gabriela Rodríguez González, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales R.V.R. y G.V.R., dentro del juicio constitucional 871/2021-VI, correspondiente a la estadística de este Juzgado Federal, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que en esencia hace consistir en: ? La resolución emitida en la audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 772/2021, del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el cual se determinó lo relativo a la pensión alimenticia de carácter provisional a favor de las menores de iniciales R.V.R., y G.V.R.. Precisado lo anterior; después del estudio que se realiza al presente juicio de amparo 897/2021-II, así como al diverso sumario 871/2021-VI, se advierte que en ambos expedientes en esencia se reclama: ? La resolución interlocutoria emitida en audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 772/2021, del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el cual se determinó lo relativo a la pensión alimenticia de carácter provisional a favor de las menores de iniciales R.V.R., y G.V.R.. Por tanto, se advierte que se trata de asuntos que fueron promovidos contra la misma autoridad responsable, a saber, Juez Décimo Tercero de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y por el mismo acto reclamado. Lo que este Juzgador Federal toma en consideración como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para efectos de decretar la acumulación del presente juicio de amparo 897/2021-II, al diverso 871/2021-VI. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema 1 Orienta lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, (V Región) 3o.2 K (10a), Décima Época, página 2181, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTENTICA." Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. ." Por tanto, debe concluirse que para evitar que en los juicios de amparo que nos ocupan, se dicten fallos que resulten contradictorios respecto a un mismo acto, lo prudente es ordenar la acumulación de esos sumarios constitucionales. Del análisis de los presente asuntos, se advierte que el expediente 897/2021-II, es más reciente que el diverso 871/2021-VI; por tal motivo, el primero de los asuntos señalados deberá acumularse al último de los mencionados, lo anterior por así advertirse de las papeletas de ingreso de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. Cabe citar al respecto la tesis aislada, página ciento setenta y siete, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que al epígrafe establece: ACUMULACIÓN. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA TRAMITARLA." Por todo lo antes expuesto, se dejan sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, y se ordena remitir los autos originales del presente expediente, así como los incidentes de suspensión aperturados y un tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, al diverso juicio de amparo 871/2021-VI, del índice de este Juzgado Federal, para que provea lo conducente.
- Incidental
Por otra parte, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 12052; por medio del cual, rinde informe previo la Juez Civil de Cuantía Menor en Funciones de Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. A todo lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo de la responsable Juez Civil de Cuantía Menor en Funciones de Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Abierto el período de pruebas: El Secretario, hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. Acto seguido el Juez acuerda: Sin pruebas por acordar culmina la fase probatoria. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno y que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento. El Juez acuerda: Sin alegatos de las demás partes se concluye con esta etapa. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 897/2021-II, promovido por Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en la copia de la demanda y escrito aclaratorio con que se formó este cuaderno. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial, recibido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado el nueve de septiembre de este año, a este Juzgado Federal, Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho, promovió juicio de amparo, contra la autoridad y acto precisado en la copia de la demanda y escrito aclaratorio con el que se formó este incidente, mismos que en este momento se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. SEGUNDO. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que los actos reclamados, tienen ejecución dentro del Municipio de Naucalpan de Juárez, jurisdicción donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo el acto reclamado que es materia de estudio en el incidente de suspensión en que se actúa, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno dictada en el expediente 772/2021, del índice del Juzgado responsable, en la que confirma lo resuelto en esa misma diligencia, respecto al concepto de alimentos en donde el quejoso debe pagar a sus acreedores alimentarios tres días salarios mínimos diarios. TERCERO. La Juez Civil de Cuantía Menor en Funciones de Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe previo, aceptó la existencia de la resolución interlocutoria reclamada, manifestando: "Es CIERTO EL ACTO RECLAMADO ya que en este Juzgado se radicó en fecha veinticuatro de mayo del año en curso el expediente 772/2021, relativo al juicio DIVORCIO INCAUSADO, promovido por IRMA GABRIELA RODRIGUEZ GONZÁLEZ en contra de ENRIQUE VILLAFAÑA NAGEL, y que en el mismo, se dictó el auto de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, que admitió a trámite la solicitud de divorcio de la cónyuge divorciante, y al existir menores de edad, decretó medidas provisionales, entre ellas una pensión alimenticia provisional a cargo del hoy quejoso a favor de las menores de iniciales reservadas G.V.R. y R.V.R. a razón de DOS SALARIOS MINIMOS GENERALES VIGENTE DE FORMA DIARIA, correspondiendo un salario para cada acreedora alimentaria, y se ordenó al deudor alimentario asegurar los alimentos provisionales decretados a favor de sus acreedoras alimentarias, por una anualidad en cualquiera de las formas que la ley establece en el numeral 4.143 del Código Civil del Estado de México, medida provisional que se determinó en términos del numeral 4.95 del Código Civil del Estado de México. En fecha dieciocho de agosto del año en curso, tuvo verificativo la segunda junta de avenencia del juicio de divorcio incausado, sin embargo, ante la imposibilidad de que las partes celebraran un convenio sobre las consecuencias de la disolución de su vínculo matrimonial, en el caso en particular, sobre el monto de la pensión alimenticia definitiva de sus menores hijas, la suscrita en la fase respectiva, en cuanto a la revisión de la pensión alimenticia provisional precitada, las partes solicitaron sea revisada la medida provisional de alimentos decretada en favor de las menores acreedoras; la solicitante adujo que no resultan suficientes para atender a las necesidades de éstas, por lo que, se procedió a valorar las constancias procesales y herramientas de convicción aportadas por la actora hasta éste momento, como lo es el contrato de arrendamiento que exhibiera, del que se obtiene que conforme al último estilo de vida que llevaba con el demandado, habían contratado una renta de doce mil pesos mensuales, y que además en los servicios básicos del hogar, conforme a los tickets de compra de diversas tiendas de autoservicio se aprecia que ella utilizada la tarjeta del señor VILLAFAÑA NAGEL ENRIQUE para el pago de gasolina hasta por $500.00 (quinientos pesos 00/100mn.) en un día; de suministro de gas del domicilio donde habitan la menores de hasta $1,480 (un mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100m.n), así como de luz del domicilio donde habitan la menores de hasta $7.826.00 (siete mil ochocientos veintiséis pesos 00/100m.n), lo que acredita de manera presuntiva el estilo de vida que en gastos afrontaba la familia, con lo cual se advierte que la capacidad económica del deudor alimentario en efecto es superior, con tendencia hacia un notorio aumento, pero sobre todo tomando en consideración la capacidad económica del deudor alimentario justifica hasta el momento, con valor demostrativo pleno en términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, y no se encuentra en un plano de congruencia con el monto de la pensión alimenticia a que se encuentra obligado provisionalmente como fue fijado en el auto inicial de demanda, como tampoco se observa existir un equilibrio entre sus ingresos actuales con su obligación alimentaria para con sus menores hijas, de ahí que se determinó la necesidad de ajustar el monto de alimentos establecido conforme a la capacidad que actualmente se acredita, a fin de que la progenitora tenga la plena posibilidad de sufragar los gastos de las menores que resultan necesarios para su manutención; por lo que, sin perjuicio del resultado del estudio pericial en Trabajo Social que sea emitido por perito oficial designada por este juzgado, a fin de ajustar la pensión alimenticia provisional que se tiene decretada a cargo del deudor alimentario, y observando el principio de proporcionalidad de que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, ya que si los gastos de las menores conforme a las documentales precisadas ascienden a más de DOS DIAS DE SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE, y si no se encuentra acreditado en autos que la actora labore actualmente, ya que no se puede privilegiar a las partes en la estipulación de la pensión alimenticia, pues como se ha dicho, el monto de los alimentos que cada uno de los obligados debe proporcionar a sus hijas, deberá fijarse de acuerdo con las posibilidades de cada uno de ellos y las necesidades de las menores, es decir, tomando en cuenta el monto de su salario o ingresos, así como el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión alimenticia provisional que les corresponde a las menores, pero atendiendo también a las propias necesidades del deudor alimentista, atento a las consideraciones económicas ya pormenorizadas, esto conlleva a establecer que no le causa algún perjuicio económico a ENRIQUE VILLAFANA NAGEL el establecimiento de una pensión alimenticia orientada a cubrir las necesidades de sus menores hijas, con cargo al deudor alimentario, SOBRE LA CANTIDAD DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD, a favor de sus menores hijas, cantidad que deberá de entregar personalmente a sus acreedores alimentarios a través de la actora, ya sea mediante depósito bancario a la cuenta que se sirva proporcionar la accionante, o bien, mediante consignación correspondiente en éste juzgado, dentro de los primeros cinco días de cada mes, sirviendo de recibo al deudor alimentario la dicha de depósito, bajo apercibimiento al deudor alimentario que de no hacerlo pese a que se aplicarán las medidas de apremio en su contra y que conforme a derecho corresponda, y se ordenara dar vista al Agente del Ministerio Público, para que en representación de las menores, proceda a iniciar la carpeta de investigación necesaria ante cualquier incumplimiento de los deberes alimentarios, pensión alimenticia que se incrementará de acuerdo al incremento proporcional que sufra el salario mínimo vigente en esta zona económica, sin perjuicio de modificarse en audiencia inicial que se señale en este procedimiento. La anterior determinación se emitió en base al contenido de los numerales 4.126, 4.127, 4.130, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142 y 4.143 del Código Civil del Estado de México, en relación a los numerales 2.373, 2.374, 2.377, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y al criterio sostenido por nuestro Máximo Tribual bajo el rubro: ALIMENTOS REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DE DISTRITO FEDERAL Y DE ESTADO DE CHIAPAS) (.) Ante la determinación emitida, el deudor alimentario interpuso en su contra el recurso de revocación en audiencia, el cual se resolvió en la misma, confirmando la medida provisional alimentaria decretada, siendo esta la resolución de la cual se duele el hoy quejoso. Por todo lo anterior, las determinaciones emitidas por la suscrita en la fase de revisión de medidas provisionales de la segunda junta de avenencia de fecha dieciocho de agosto del año en curso, y la resolución que decretó improcedente el recurso de revocación que hizo valer el impetrante de garantías, se encuentran debidamente fundadas y motivadas por los razonamientos y motivos expresados en dicha resolución, y se deberá de negar la suspensión definitiva respecto del acto reclamado a esta Autoridad, toda vez que se encuentra debidamente fundadas y motivadas, al fijarse el incremento en base a las constancias incorporadas a los autos y a las manifestaciones hechas por las menores hijas de las partes al momento de ser escuchadas." Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución, y 128, 131, segundo párrafo, 138 y 147 de la Ley de Amparo, a efecto de determinar si se debe conceder la suspensión en el presente asunto: a) Que sea material y jurídicamente posible dictar la medida cautelar. En primer lugar, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 85/2018, determinó que el elemento clave para determinar si el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, es decir, si la medida cautelar definitiva resulta material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, ello con independencia de la naturaleza del acto reclamado. Sobre esas bases, primeramente, debe decirse que el acto reclamado es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, de manera que si es susceptible de ser suspendido, porque requiere de un actuar por parte de la autoridad responsable, que aún no ha sido ejecutado, además de que implica la imposición de una obligación periódica a cargo del quejoso, la cual puede ser ejecutada de forma coactiva en caso de incumplimiento; por lo tanto, los efectos de la suspensión -que de acuerdo al artículo 147, de la Ley de Amparo seria que la autoridad no lo ejecute-, se actualizarían de momento a momento, y en su caso los efectos para los que se conceda sí podrían ser suspendidos en caso de que se niegue la suspensión definitiva, o inclusive, el amparo en la sentencia ejecutoria. En otras palabras, la concesión de la suspensión, no es susceptible de dejar sin materia el juicio de amparo. Por tanto, se estima que el acto reclamado sí es susceptible de ser suspendido. b) Que exista la solicitud de la parte quejosa; Cumplido dicho requisito para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. Requisito que en este caso, también se encuentra satisfecho, ya que el quejoso sí solicitó la suspensión del acto reclamado, y además, es la persona a quien le fue fijada la pensión alimenticia a favor de sus hijas menores de edad en el juicio de origen, lo cual se acredita con el informe previo rendido por la juez responsable. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debiéndose realizar, en su caso, un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En relación con este requisito, es importante señalar que la medida cautelar de la suspensión, participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo, es decir, que sus efectos no se limitan sólo a establecer medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso; en ese sentido, se ha establecido que la suspensión constituye un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto. Así, en términos del artículo 138, de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, con la finalidad de asegurar que la medida provisional no lesionará el orden público o el interés social sin alguna justificación adecuada, como lo es el derecho aparente del quejoso. Por tanto, es necesario hacer un análisis sobre la apariencia del buen derecho del quejoso, el cual consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. En ese sentido, en el presente asunto, el acto reclamado se originó con motivo de que la juez responsable al fijar las medidas provisionales en el juicio natural, impuso al quejoso por el concepto de alimentos dos salarios mínimos a favor de sus menores hijas, aspecto que posteriormente fue analizado por la juez de origen, en la revisión de esas medidas en la audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y al valorar los medios de convicción aportados por las partes modificó el concepto de pensión alimenticia de dos a tres días de salario mínimo en favor de las menores, tal y como se advierte de su informe previo. Inconforme con la determinación de la juez primigenia, el quejoso interpuso recurso de revocación que propicio el acto del cual se duele, es decir, de la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto último, en la que confirmó la imposición de una pensión alimenticia provisional de tres días de salario mínimo, en favor de sus menores hijas, así, debe señalarse, que de conformidad con los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo, no procede la suspensión del acto reclamado cuando se impida el pago de la pensión alimenticia, porque la sociedad y el Estado están interesados en que no se prive de alimentos presentes o futuros a las personas que deben recibirlos, que sean necesarios para su subsistencia, máxime que es notorio que los menores de edad acreedores alimentarios, por sí mismos, no pueden allegarse de los recursos económicos para su subsistencia. Bajo ese parámetro, la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto del año en curso, dictada por la juez responsable, es una resolución de orden público que debe ser respetada al ser dictada por una autoridad jurisdiccional. No obstante ello, la jurisprudencia acepta ciertas excepciones a dicha regla, al estimar que existen casos, en que si puede concederse la medida cautelar si con la negativa de la suspensión, puede causarse mayor afectación al interés social -por ejemplo poniendo en riesgo la misma subsistencia del quejoso-. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional ante quien se ventile un asunto de esta naturaleza, debe valorar cada situación particular, pues, por ejemplo, de considerar que el importe decretado con motivo de la pensión alimenticia es tal que pone en riesgo la propia subsistencia del deudor alimentario, se debe considerar procedente conceder la medida, a efecto de garantizar la manutención de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal -momento en el cual se contarán con todos los elementos necesarios para resolver lo conducente-, ya que de no hacerlo así, la afectación al interés social resultaría mayor. En esos términos, es necesario en casos como el presente tomar en consideración que tanto acreedor como deudor alimentario tienen derecho a un mínimo vital, el cual implica que puedan obtener las percepciones suficientes, que permita a ambos satisfacer sus necesidades básicas para que puedan llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, es decir, para que tengan las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, también debe tomarse en consideración que tratándose de la subsistencia de las personas (en el caso el menor acreedor alimentario), el artículo 152, de la Ley de Amparo, establece que la suspensión del acto reclamado se podrá conceder en los casos en que no se ponga en peligro la subsistencia de quien deba recibir determinado monto en su favor, mientras se resuelve el juicio de amparo; sin embargo, dicho precepto sí permite suspender la ejecución del acto reclamado en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Precepto que aun cuando se refiere a la materia laboral, el criterio que lo rige, consistente en la subsistencia del trabajador, que por su mayoría de edad y condiciones para el trabajo puede allegarse por sí los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia; debe permear, por mayoría de razón, en el derecho de alimentos hacia los menores, que por su minoría de edad gozan de la presunción de incapacidad para allegárselos, para favorecer su derecho al mínimo vital. A partir de las anteriores consideraciones, se debe señalar que en la resolución reclamada en el presente asunto, se confirmó la determinación de fijar al aquí quejoso una pensión alimenticia provisional equivalente a tres días de salario mínimo general vigente, cantidad que multiplicada por los días de cada mes, asciende a $12,753.00 (doce mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m. n.) mensuales, la cual, como se dijo se encuentra a cargo del acreedor alimentario, aquí quejoso, y en favor de sus menores hijas. Ahora, no obstante el acto reclamado se trata de una obligación de pagar alimentos, el quejoso refiere que el auto de la pensión lo pone en un estado en detrimento económico, además de que se encuentra dado cumplimiento a la pensión inicial que le fue decretada en el juicio natural, y la juez responsable no hizo una mínima proporcionalidad de la medida de pensión. Sin embargo, ponderando la apariencia del buen derecho con el orden público e interés social, de la demanda de amparo, no se advierte que el quejoso acredite aún de manera indiciaria la afectación en su patrimonio, es decir, su imposibilidad para cubrir la pensión que le fue determinada (tres días de salario mínimo), o bien, que se atente contra su propia subsistencia, dado que no cuenta con alguna discapacidad que mengüe su actividad laboral, amén, de que es una persona preparada al contar con la especialidad de odontología, la cual se encuentra desempeñando y tener una propiedad (un inmueble). Máxime, que tampoco ofreció medio de prueba alguno en la incidencia que avalara sus afirmaciones; por lo tanto, es preciso ponderar las necesidades de ambas partes acreedor y deudor alimentarios, a fin de poder resolver lo relativo a la suspensión definitiva. Así las cosas, en el asunto, pesa más la lesión que se puede causar al orden público y al interés social (la resolución reclamada) que la apariencia del buen derecho del quejoso, en atención al interés superior del menor; por ende, con fundamento en el artículo 136, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, toda vez que las acreedoras alimentarias (hijas) dependen económicamente de su progenitor, esto es, el quejoso es el que proporciona sus necesidades (alimentarias, vestido, educación, etc.),en razón de que la actora, aquí tercera interesada no cuenta con algún empleo o una fuente económica con la cual pueda contribuir al sustento familiar; pues, de lo contrario se estaría afectando el orden público y el interés social al impedir que los acreedores alimentarios pudieran recibir lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. se niega la suspensión definitiva solicitada por Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese a las partes por lista en los términos de lo que establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el expediente principal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 128, de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 897/2021-II, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto de la que derivó el presente incidente de suspensión. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este cuaderno suspensional que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Consecuentemente, pídase a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro de un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para lo cual, se le remite copia simple del escrito inicial de demanda. En atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se informa a la autoridad responsable que únicamente se le notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. AUDIENCIA INCIDENTAL. Hágase del conocimiento de las partes que se han señalado las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la audiencia incidental, hora y día disponibles en la agenda que para ese efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que las partes estimen conveniente acudir de manera virtual a la audiencia incidental, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia incidental de manera física o en línea. Para el caso de que las partes acudan de manera virtual al desahogo de la audiencia incidental, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. MEDIDA CAUTELAR Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, reclama en esencia lo siguiente: La sentencia interlocutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno dictada en el expediente 772/2021, del índice del Juzgado Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en la que confirma lo resuelto en esa misma diligencia, respecto al concepto de alimentos a sus acreedores alimentarios de que debe pagar tres días salarios mínimos. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución, y 128, 131, segundo párrafo, 138 y 147 de la Ley de Amparo, a efecto de determinar si se debe conceder la suspensión en el presente asunto: a) Que sea material y jurídicamente posible dictar la medida cautelar. En primer lugar, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 85/2018, determinó que el elemento clave para determinar si el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, es decir, si la medida cautelar resulta material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, ello con independencia de la naturaleza del acto reclamado. Sobre esas bases, primeramente, debe decirse que el acto reclamado es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, de manera que si es susceptible de ser suspendido, porque requiere de un actuar por parte de la autoridad responsable, que aún no ha sido ejecutado, además de que implica la imposición de una obligación periódica a cargo del quejoso, la cual puede ser ejecutada de forma coactiva en caso de incumplimiento; por lo tanto, los efectos de la suspensión -que de acuerdo al artículo 147, de la Ley de Amparo seria que las autoridades no lo ejecuten-, se actualizarían de momento a momento, y en su caso los efectos para los que se conceda sí podrían ser suspendidos en caso de que se niegue la suspensión definitiva, o inclusive, el amparo en la sentencia ejecutoria. En otras palabras, la concesión de la suspensión, no es susceptible de dejar sin materia el juicio de amparo. Por tanto, se estima que el acto reclamado sí es susceptible de ser suspendido. b) Que exista la solicitud de la parte quejosa; Cumplido dicho requisito para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128, de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. Requisito que en este caso, también se encuentra satisfecho, ya que el quejoso sí solicitó la suspensión del acto reclamado, y además, es la persona a quien le fue fijada la pensión alimenticia a favor de sus hijas menores de edad en el juicio de origen, lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debiéndose realizar, en su caso, un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En relación con este requisito, es importante señalar que la medida cautelar de la suspensión, participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo, es decir, que sus efectos no se limitan sólo a establecer medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso; en ese sentido, se ha establecido que la suspensión constituye un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto. Así, en términos del artículo 138, de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, con la finalidad de asegurar que la medida provisional no lesionará el orden público o el interés social sin alguna justificación adecuada, como lo es el derecho aparente del quejoso. Por tanto, es necesario hacer un análisis sobre la apariencia del buen derecho del quejoso, el cual consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. En ese sentido, en el presente asunto, el acto reclamado se originó con motivo de que el juez responsable al fijar las medidas provisionales en el juicio natural, impuso al quejoso por el concepto de alimentos dos salarios mínimos a favor de sus menores hijas, aspecto que posteriormente fue analizado por el juez de origen, en la revisión de esas medidas en la audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y al valorar los medios de convicción aportados por las partes modificó el concepto de pensión alimenticia de dos a tres días de salario mínimo en favor de las menores. Inconforme con la determinación del juez primigenio, el quejoso interpuso recurso de revocación que propicio el acto del cual se duele, es decir, de la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto último, en la que confirma la imposición de una pensión alimenticia provisional de tres días de salario mínimo, en favor de sus menores hijas, así, debe señalarse, que de conformidad con los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo, no procede la suspensión del acto reclamado cuando se impida el pago de la pensión alimenticia, porque la sociedad y el Estado están interesados en que no se prive de alimentos presentes o futuros a las personas que deben recibirlos, que sean necesarios para su subsistencia, máxime que es notorio que los menores de edad acreedores alimentarios, por sí mismos, no pueden allegarse de los recursos económicos para su subsistencia. Bajo ese parámetro, la resolución interlocutoria de dieciocho de agosto del año en curso, dictada por el juez responsable, es una resolución de orden público que debe ser respetada al ser dictada por una autoridad jurisdiccional. No obstante ello, la jurisprudencia acepta ciertas excepciones a dicha regla, al estimar que existen casos, en que si puede concederse la medida cautelar si con la negativa de la suspensión, puede causarse mayor afectación al interés social -por ejemplo poniendo en riesgo la misma subsistencia del quejoso-. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional ante quien se ventile un asunto de esta naturaleza, debe valorar cada situación particular, pues, por ejemplo, de considerar que el importe decretado con motivo de la pensión alimenticia es tal que pone en riesgo la propia subsistencia del deudor alimentario, se debe considerar procedente conceder la medida, a efecto de garantizar la manutención de la parte quejosa, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal -momento en el cual se contarán con todos los elementos necesarios para resolver lo conducente-, ya que de no hacerlo así, la afectación al interés social resultaría mayor. En esos términos, es necesario en casos como el presente tomar en consideración que tanto acreedor como deudor alimentario tienen derecho a un mínimo vital, el cual implica que puedan obtener las percepciones suficientes, que permita a ambos satisfacer sus necesidades básicas para que puedan llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, es decir, para que tengan las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, también debe tomarse en consideración que tratándose de la subsistencia de las personas (en el caso el menor acreedor alimentario), el artículo 152, de la Ley de Amparo, establece que la suspensión del acto reclamado se podrá conceder en los casos en que no se ponga en peligro la subsistencia de quien deba recibir determinado monto en su favor, mientras se resuelve el juicio de amparo; sin embargo, dicho precepto sí permite suspender la ejecución del acto reclamado en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Precepto que aun cuando se refiere a la materia laboral, el criterio que lo rige, consistente en la subsistencia del trabajador, que por su mayoría de edad y condiciones para el trabajo puede allegarse por sí los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia; debe permear, por mayoría de razón, en el derecho de alimentos hacia los menores, que por su minoría de edad gozan de la presunción de incapacidad para allegárselos, para favorecer su derecho al mínimo vital. A partir de las anteriores consideraciones se debe señalar que en la resolución reclamada en el presente asunto, se confirmó la determinación de fijar al aquí quejoso una pensión alimenticia provisional equivalente a tres días de salario mínimo general vigente, cantidad que multiplicada por los días de cada mes, asciende a $12,753.00 (doce mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m. n.) mensuales, la cual, como se dijo se encuentra a cargo del acreedor alimentario, aquí quejoso, y en favor de sus menores hijas. Ahora, no obstante el acto reclamado se trata de una obligación de pagar alimentos, el quejoso refiere que el auto de la pensión lo pone en un estado en detrimento económico, además de que se encuentra dado cumplimiento a la pensión inicial que le fue decretada en el juicio natural, y el juez responsable no hizo una mínima proporcionalidad de la medida de pensión. Sin embargo, ponderando la apariencia del buen derecho con el orden público e interés social, de la demanda de amparo, no se advierte que el quejoso acredite aún de manera indiciaria la afectación en su patrimonio, es decir, su imposibilidad para cubrir la pensión que le fue determinada (tres días de salario mínimo), o bien, que se atente contra su propia subsistencia, dado que no cuenta con alguna discapacidad que mengüe su actividad laboral, amén, de que es una persona preparada al contar con la especialidad de odontólogo, la cual se encuentra desempeñando y tener una propiedad (un inmueble). Máxime, que tampoco ofreció medio de prueba alguno en su escrito inicial que avalara sus afirmaciones; por lo tanto, es preciso ponderar las necesidades de ambas partes acreedor y deudor alimentarios, a fin de poder resolver lo relativo a la suspensión definitiva. Por lo tanto, en el asunto, pesa más la lesión que se puede causar al orden público y al interés social (la resolución reclamada) que la apariencia del buen derecho del quejoso, en atención al interés superior del menor; por ende, con fundamento en el artículo 136, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, toda vez que las acreedoras alimentarias (hijas) dependen económicamente de su progenitor, esto es, el quejoso es el que proporciona sus necesidades (alimentarias, vestido, educación, etc.),en razón de que la actora, aquí tercera interesada no cuenta con algún empleo o una fuente económica con la cual pueda contribuir al sustento familiar; pues, de lo contrario se estaría afectando el orden público y el interés social al impedir que los acreedores alimentarios pudieran recibir lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. En otro aspecto, en términos de los ordinales 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias certificadas por duplicado, solicitadas de la presente determinación, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, sin perjuicio de ser entregadas por conducto de sus autorizados. Sin embargo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, las mismas sólo podrán ser entregadas en un horario de trece horas con treinta minutos a quince horas, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado, así lo permitan. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Lo anterior, sin perjuicio de que las mismas puedan ser enviadas a algún correo electrónico, para lo cual así deberá solicitarlo de manera expresa a través de petición presentada físicamente, en la Oficialía de Partes Común turno vespertino, dentro de los horarios establecidos para tal efecto en la fracción I del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte y vigente a partir del tres de agosto siguiente; o bien, a través de solicitud electrónica, con firma digital, que al efecto se presente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. O bien, solicitar la consulta del expediente electrónico, a través de un usuario debidamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues en ese caso, el propio usuario podrá descargar en su equipo de cómputo las copias aludidas, puesto que la presente determinación se emite con las firmas electrónicas de los funcionarios que en ella intervienen, con su correspondiente evidencia criptográfica, la cual se considera una copia certificada electrónicamente, como se deduce de los artículos 35 y 26 del invocado Acuerdo General 12/2020. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto y se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se pone a disposición de la responsable, el correo institucional electrónico abel.mejia.campos@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar oficios relacionados con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada Irma Gabriela Rodríguez González y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Abel Mejía Campos, Secretario que da fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos la comparecencia de cuenta, signada por el quejoso Enrique Villafaña Nagel; por medio del cual, ratifica el contenido y firma del diverso escrito registrado con el número de promoción 11206, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito presuntamente signado por el quejoso, en el que pretendió desahogar la prevención formulada el trece de septiembre de dos mil veintiuno, requiriéndose a Enrique Villafaña Nagel, para que ratificará el contenido y firma del escrito recibido, circunstancia que ya aconteció; por lo cual, se tiene por cumplimentado el requerimiento aludido y acuérdese lo conducente. ADMISIÓN Y RADICACIÓN Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por promovida por Enrique Villafaña Nagel, por propio derecho y escrito aclaratorio, contra actos del Juez Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, Constitucionales 1º, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. SE REQUIERE INFORME JUSTIFICADO Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117, de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, remita copia certificada, legible y completa, así como de las constancias que sirvieron de base, en su caso, para emitirlo, pues se estima serán necesarias para la resolución del asunto, con objeto de acatar el imperativo del numeral 17, de la Carta Magna, en el entendido que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, manifestando bajo protesta de decir verdad que constituyen su totalidad, asimismo deberá de proporcionar su correo oficial para la celeridad del presente juicio de amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberá manifestarlo a este Juzgado Federal. En atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se informa a la responsable que únicamente se le notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las ONCE HORAS DEL DÌA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano de control constitucional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. EMPLAZAMIENTO MINISTERIO PÚBLICO Y TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. De conformidad con el ordinal 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a Irma Gabriela Rodríguez González, quien tiene su domicilio ubicado en calle Mar del Margen, número 19, Ciudad Brisa, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53280. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio y con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y auto admisorio, notifique y emplace a la tercera interesada citada y le haga saber el derecho que tiene de apersonarse al presente juicio de amparo. De igual manera, deberá requerirla para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien, en algún municipio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones sin posterior acuerdo, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de este Juzgado Federal. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Con apoyo en lo previsto en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de realizar las diligencias que emanen del juicio, en días y horas inhábiles. PRUEBAS Con fundamento en el ordinal 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas ofrecidas por el quejoso, consistentes en: a) Instrumental de actuaciones (informe justificado de las responsables). b) Presuncional en su doble aspecto legal y humana. Las cuales, se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. En cuanto a los medios de convicción que alude en sus incisos a) y b), una vez que obre en autos el informe justificado de la responsable, se proveerá lo conducente. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se pone a disposición de la responsable, el correo institucional electrónico abel.mejia.campos@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar oficios relacionados con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. TRANSPARENCIA Se hace del conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Finalmente, tramítese por cuerda separada y duplicado el incidente de suspensión correspondiente. Notifíquese: personalmente al Agente del Ministerio Público de la adscripción y a la tercera interesada Irma Gabriela Rodríguez González; y, por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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