Enrique Vega Rios

Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
178/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Enrique Vega Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el incidente de suspensión. Por último, devuélvase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, las documentales que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, las cuales obran en un tomo, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por medio del cual informa que devolvió diligenciado el despacho 121/2023; lo anterior, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento ya que en auto de veinte de abril del año en curso, se tuvo por recibido el mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por medio del cual informa que devolvió diligenciado el despacho 121/2023; lo anterior, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento ya que en auto de veinte de abril del año en curso, se tuvo por recibido el mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 178/2023, sin la comparecencia de las partes. Ahora bien, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad.. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Vista la cuenta secretarial con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la agente adscrita formulando sus alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ******************** por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 en el Estado de Michoacán, y de otras autoridades, que estimó violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, le tocó a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de que se trata, en donde se registró bajo el número 178/2023; así, en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado la admitió a trámite (foja 5-12), solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete el día veintidós de febrero de dos mil veintitrés (foja 12 reverso) y el diez de marzo del citado año presente alegatos ante este órgano jurisdiccional (foja 19-20). En el mismo proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que ******************** por su propio derecho, reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y seis en el Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Justicia con sede la Ciudad de Zamora, Michoacán y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Mesa Tres de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: De las autoridades como responsables, reclamo el pretender privarme de la posesión que he tenido y tengo de manera pacífica, continua, pública, de buena fe y a título de arrendatario, respecto de la parcela ubicada en el Magote del Puerco, con una superficie de 10 hectáreas, en el ejido de Atecucario, Municipio de Zamora, Michoacán". Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal Regional de Justicia con sede la Ciudad de Zamora (foja 14), Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata Mesa Tres de la Fiscalía Regional de Zamora, (foja 15), Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis (foja 23-26), todas las autoridades del Estado de Michoacán y, por así manifestarlo al rendir sus informes justificados. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables, ni del informe justificado emitido por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis en el Estado de Michoacán, se demuestra la existencia de una orden de ejecución tendiente a privar al quejoso de la posesión respecto de la parcela ubicada en el Magote del Puerco, en el ejido Atecucario, Municipio de Zamora, Michoacán. Lo anterior es así, toda vez que si bien, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis en el Estado de Michoacán, informa que en dicho órgano, tiene registrado el expediente 582/2016, conexo con el 49/2011, es el caso que el siete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en cumplimiento de ejecutoria 334/2021, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la que se determinó declarar improcedente la acción pretendida por Esthela Gutiérrez Garibay (tercera interesada), en contra del ahora quejoso ******************** y en consecuencia, resultó improcedente declarar la rescisión y terminación del contrato de arrendamiento de uno de marzo de dos mil once, celebrado por Esthela Gutiérrez Garibay y ******************** respecto del predio El Magote, perteneciente al ejido de Atecucario, Municipio de Zamora, Michoacán; asimismo, que en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. De igual forma, el Tribunal refirió que se encuentra radicado el expediente 843/2022, promovido por Esthela Gutiérrez Garibay (tercera interesada), en contra del ahora quejoso ******************** a quien le reclama la rescisión y terminación del contrato de arrendamiento celebrado el uno de marzo de dos mil once, respecto de diez hectáreas localizadas en el precio denominado Magote del Puerco, en el ejido de Arecucario, Municipio de Zamora, Michoacán, y que mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda planteada por la tercera interesada (se emplazó al ahora quejoso el catorce de febrero del año que transcurre), y es la etapa procesal en la que actualmente se encuentra el expediente número 843/2022. Sin que se evidencie que efectivamente exista orden de ejecución tendiente a privar al quejoso de la posesión respecto de la parcela ubicada en el Magote del Puerco, en el ejido Atecucario, Municipio de Zamora, Michoacán. En consecuencia, resulta evidente la inexistencia del acto reclamado, ya que no existe como tal un mandamiento de ejecución de privación de posesión del bien, como ya se mencionado en párrafos anteriores. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por su propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisadas en el segundo considerando de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE. Jurisprudencia P./J. 22/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2012801, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE." Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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