Enrique Vazquez Nuncio
Expediente 812/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Enrique Vazquez Nuncio
- Enrique Vazquez Nuncio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Enrique Vázquez Nuncio, por medio del cual, solicita la devolución del documento que refiere fue anexado al presente asunto (original de testamento); en tal virtud, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, tomando en consideración que de la boleta de registro de la demanda que dio origen al asunto que nos ocupa, así como del diverso escrito de desahogo presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, no se advierte que se haya anexado la documental que alude.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó su demanda de amparo, en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ENRIQUE VÁZQUEZ NUNCIO, por medio del cual, desahoga las prevenciones formuladas en proveído de veintisiete del año en curso. Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: EL auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del diverso de dieciocho de agosto del año en curso, dentro del juicio plenario de posesión 19/2018 En mérito a lo anterior, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la quejosa, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación en relación con los numerales 107, fracción V, y 172, fracción IX, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (...)" "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se deseche recursos, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (...) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como podría ser la vida, propiedad, libertad personal, entre otros (por oposición a los adjetivos). Luego entonces, como se dijo, tratándose de una resolución en la cual declaran infundados o improcedentes los agravios del recurso de revocación interpuesto en contra de auto que deja sin efectos el llamamiento de un tercero a efecto de que éste sea emplazado a juicio conforme a los lineamientos que establece la ley de la materia, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino en su caso de una violación intraprocesal. Como se sostiene en la jurisprudencia XIV.2º.J/29, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2001, página 1102, tomo XIV, registro 1888977, de epígrafe: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado." Esto, además de que conforme a la nueva Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones a derechos sustantivos y no por adjetivos aunque se estime una afectación predominante o superior, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada en la misma fuente, Décima Época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1069, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." (Énfasis propio). Conforme a lo anterior, es inconcuso que el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra el diverso por el cual se deja sin efectos la notificación que se le realizó para que tuviera conocimiento de la existencia del juicio de origen, para que su emplazamiento se siguieran con las formalidades de la ley que rige la materia de dicho juicio, no reviste la característica de ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; toda vez que lo resuelto en dicha resolución únicamente generaría, en su caso, efectos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no transgreden de manera inmediata un derecho sustantivo, sino sólo, en su caso, adjetivos, cuya trascendencia de la violación sería hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio natural, donde en su caso, podría materializarse una afectación, pues inclusive, no se sabe si la quejosa obtendrá una sentencia favorable o no; es decir, el acto no genera a la quejosa una afectación real, actual y de manera inmediata de derechos sustantivos, como lo sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, y que aquí se cita por similitud jurídica, donde en lo que interesa refirió:
- Principal
REPUBLICACION....Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ENRIQUE VÁZQUEZ NUNCIO, por medio del cual, desahoga las prevenciones formuladas en proveído de veintisiete del año en curso. Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: EL auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del diverso de dieciocho de agosto del año en curso, dentro del juicio plenario de posesión 19/2018 En mérito a lo anterior, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la quejosa, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación en relación con los numerales 107, fracción V, y 172, fracción IX, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (...)" "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se deseche recursos, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (...) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En efecto, de la interpretación del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como podría ser la vida, propiedad, libertad personal, entre otros (por oposición a los adjetivos). Luego entonces, como se dijo, tratándose de una resolución en la cual declaran infundados o improcedentes los agravios del recurso de revocación interpuesto en contra de auto que deja sin efectos el llamamiento de un tercero a efecto de que éste sea emplazado a juicio conforme a los lineamientos que establece la ley de la materia, no es un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino en su caso de una violación intraprocesal. Como se sostiene en la jurisprudencia XIV.2º.J/29, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2001, página 1102, tomo XIV, registro 1888977, de epígrafe: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. El artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo prevé como violación procesal reclamable en amparo directo, el desechamiento de los recursos a que tuviere derecho el quejoso con arreglo a la ley. Ahora bien, se estima que en esta hipótesis también puede ubicarse una resolución que declara improcedente un recurso, en virtud de que si bien las expresiones "resolver" y "desechar" son dos términos semánticamente distintos, no debe soslayarse que ambos representan idéntico significado, pues entrañan el rechazo, la inadmisión y la no aceptación del recurso intentado." Esto, además de que conforme a la nueva Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones a derechos sustantivos y no por adjetivos aunque se estime una afectación predominante o superior, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada en la misma fuente, Décima Época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1069, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." (Énfasis propio). Conforme a lo anterior, es inconcuso que el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra el diverso por el cual se deja sin efectos la notificación que se le realizó para que tuviera conocimiento de la existencia del juicio de origen, para que su emplazamiento se siguieran con las formalidades de la ley que rige la materia de dicho juicio, no reviste la característica de ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; toda vez que lo resuelto en dicha resolución únicamente generaría, en su caso, efectos procesales que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no transgreden de manera inmediata un derecho sustantivo, sino sólo, en su caso, adjetivos, cuya trascendencia de la violación sería hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio natural, donde en su caso, podría materializarse una afectación, pues inclusive, no se sabe si la quejosa obtendrá una sentencia favorable o no; es decir, el acto no genera a la quejosa una afectación real, actual y de manera inmediata de derechos sustantivos, como lo sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, y que aquí se cita por similitud jurídica, donde en lo que interesa refirió:
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