Enrique Vázquez Encinas
Expediente 564/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Enrique Vázquez Encinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Visto el estado procesal que guardan los autos del cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal del cual deriva el presente incidente y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, deja de surtir efecto la suspensión definitiva. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables, y procédase a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Enrique Vázquez Encinas, contra los actos atribuidos al juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el dos de mayo siguiente a este juzgado de distrito, Enrique Vázquez Encinas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo siguiente, este juzgado desechó la demanda de derechos respecto del acto atribuido al secretario de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el precepto 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo -no es autoridad para efectos del juicio de amparo-; de igual manera, se admitió la citada demanda, pidió a las restantes autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional en este juicio, y se procede al dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 65/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, por medio del cual se hizo efectivo decretado en el acuerdo de veintiuno de octubre de ese año, y se impuso al aquí quejoso multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización; y, Su ejecución. No pasa inadvertida para este juzgador la circunstancia de que el solicitante del amparo reclama como actos reclamados destacados la falta de emplazamiento y notificación del citatorio para la diligencia a su cargo; sin embargo, no es dable tenerlos como tales, en virtud que dichas inconformidades las hace valer como violaciones cometida en dicha causa penal; de ahí que no deban considerarse como tal, pues se trata en realidad de conceptos de violación; tan es así que los aborda como tal en sus motivos de inconformidad. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.A.J/26 (8ª.), cuyo rubro dispone: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION." Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, al actuario adscrito a dicho órgano judicial, así como al titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora "1" y al Verificador, Notificador y Ejecutor adscrita a dicha dependencia, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañaron las autoridades responsables, consistente en el original de la causa penal 65/2015, así como de las constancias relativas al procedimiento de ejecución de la multa impuesta; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Por auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 65/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se señalaron las trece horas con quince minutos del siete de noviembre de ese año, para la diligencia de careos procesales entre la testigo Blanca Lorenia Medina Díaz y el agente aprehensor Enrique Vázquez Encinas -quejoso-. En la fecha señalada, el secretario adscrito al juzgado responsable, certificó que el citado agente aprehensor compareció a ese juzgado a las trece horas con treinta minutos, en tanto que la defensa y la representación social se encontraban en diversa diligencia de diverso proceso penal, por lo que la diligencia programada en la causa penal de origen, se llevaría a cabo a las catorce horas con veinte minutos, o bien, en el momento que las labores del órgano judicial lo permitieran, por lo que el citado agente debería esperar; no obstante ello, precisó, el citado agente se retiró de las instalaciones de ese juzgado de distrito. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, atendiendo a la certificación que antecede, así como el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de octubre de ese año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, impuso al aquí quejoso, en su calidad de agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública, multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, y libró los oficios respectivos a la Administración Local de Recaudación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Determinación ésta última que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación, la parte quejosa medularmente sostiene: El acuerdo reclamado transgrede en su perjuicio los derechos humanos de audiencia y debida defensa consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Alega la falta de notificación de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, relativa al citatorio para la diligencia a su cargo a efectuarse ante el juzgado responsable en la causa penal 65/2015; refiere que previo a la imposición de la multa, la autoridad responsable ordenadora debió cerciorarse que se le dio a conocer el citatorio para la diligencia judicial a su cargo. Dichos motivos de agravio resultan infundados. En primer término, se estima pertinente destacar que los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De dichos preceptos constitucionales derivan los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. En relación con este último punto, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo anterior resulta que en torno a satisfacer los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como la expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Efectivamente, se reitera, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El derecho fundamental de legalidad contenido en el precepto constitucional antes descrito, obliga a las autoridades, entre otras cosas, a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, esto es: 1. citar los preceptos normativos en que apoya su actuar e, 2. indicar las consideraciones que la llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como propósito que los gobernados tengan la posibilidad de atacar dichos fundamentos y motivos, si éstos no fueron los correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. En estas circunstancias, puede afirmarse que fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo aplicable al caso; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos o causas inmediatas que la condujeron a pronunciarlo, todo ello con la finalidad de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar no solamente los fundamentos del acto, sino los razonamientos que lo rigen. En otro aspecto, resulta importante destacar que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad materialmente jurisdiccional para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales al dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pueden afectar tanto a las partes en el mismo, como a terceros; y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo. Por ello, desde el momento en que se hace ese requerimiento previo, es cuando el afectado se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado o bien manifestar los impedimentos que, en su caso, tuviere para acatar la orden relativa, contando así con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción con la cual se le apercibe, para evitar el incumplimiento de lo requerido. Así, las medidas de apremio, constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones, las cuales pueden consistir en amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública, cateo y arresto administrativo, entre otras. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con el cual aquéllos se encuentran investidos. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple con uno de los mandatos emitido por el juzgador, lo conducente será, se ordene la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate. Lo anterior, previo apercibimiento realizado a la parte requerida, lo cual consiste en una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, especificándose la consecuencia por hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse, concretándose en una advertencia respecto de la sanción a aplicarse para el caso de incumplimiento. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los requisitos que debe reunir una medida de apremio para que sea legal su aplicación, a saber: Exista determinación por parte de un órgano jurisdiccional. Deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. La misma se encuentre fundada y motivada. El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. La notificación oportuna y personal al obligado. Esos requisitos se encuentran contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." En conclusión, una autoridad cumple con los imperativos legales contemplados en los aludidos preceptos constitucionales, cuando en sus determinaciones, cite los preceptos legales en los cuales se apoyó y, además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada. Establecido lo anterior, conviene transcribir el precepto 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, en que se basó el juez responsable al emitir el auto en reclamo, a saber: "Artículo 44. El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso; III. Auxilio de la fuerza pública, y IV. Arresto hasta de treinta y seis horas. La atribución prevista en este artículo podrá emplearla el Tribunal respecto de los agentes del Ministerio Público, defensores y los peritos. El Ministerio Público o el Tribunal podrán dar vista a las autoridades competentes en materia de responsabilidad administrativa o penal que en su caso proceda." Del contenido del citado precepto legal se advierte que para hacer cumplir sus determinaciones, los tribunales podrán hacer uso de diversos medios de apremio, entre otros, una multa equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Ahora bien, como se adelantó, son infundados los argumentos de la parte quejosa. En efecto, la autoridad responsable ordenadora previo a la medida de apremio consistente en la multa, realizó diversos requerimientos y apercibimientos a la parte quejosa por las cuales le indicó, que de incumplir con la citación a la diligencia de careos procesales a su cargo, se haría acreedor a una multa. Por ello, previos requerimientos en ese sentido, y antes de imponer la multa reclamada, mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se señalaron las trece horas con quince minutos del siete de noviembre de ese año, para la diligencia de careos procesales entre la testigo Blanca Lorenia Medina Díaz y el agente aprehensor Enrique Vázquez Encinas -quejoso-; asimismo, ordenó la notificación del citado agente aprehensor por conducto de su superior jerárquico y apercibió a aquél que de incumplir con lo ordenado, se haría acreedor a una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. De ahí, la responsable fue consistente en la forma en que utilizó las medidas de apremio, ya que a efecto de hacer cumplir su determinación, impuso como medida de apremio al agente aprehensor multa en caso de incomparecencia a la diligencia a su cargo; postura que se comparte con el juez responsable, aunado a la circunstancia que se está en presencia de un proceso penal. Igualmente, tales requerimientos le fueron notificados por conducto de su superior jerárquico, en lo que interesa mediante constancia de notificación de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que le fue notificada la circunstancia que debía comparecer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora residente en esta ciudad, a las trece horas con quince minutos del siete de noviembre de ese año, a una diligencia judicial a su cargo dentro de la causa penal 65/2015, apercibido que de no comparecer se haría acreedor a una multa consistente en treinta unidades de medida y actualización, firmando para constancia. De ahí que dicha constancia goza de la presunción de certeza de que se practicó conforme a derecho; máxime que en el día indicado en dicha notificación se apersonó al juzgado responsable, empero, de manera tardía y, no obstante ello, aun dadas las condiciones para desahogar la prueba a su cargo, se retiró de las instalaciones del citado órgano judicial, lo que certificó debidamente el secretario adscrito a dicho órgano judicial. En esa virtud, este juzgador estima que el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que el actuar del juez responsable se ajustó a los parámetros constitucionales; esto, en razón de que, al ser omiso en lo requerido por la responsable, era válido hacer efectivo lo decretado en el juicio de origen, consistente en que, de no acatar lo ordenado en el proveído reclamado, se haría acreedor a una multa. Lo que se encuentra ajustado al marco constitucional, puesto que se expusieron las razones por las cuales era válida su imposición -omisión de atender requerimiento- y se expuso su fundamento legal. Decisión En esa virtud, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva contra los actos que se reclaman del actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, así como al titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora "1" y al Verificador, Notificador y Ejecutor adscrita a dicha dependencia, todos con residencia en esta ciudad, pues no fueron impugnados por vicios propios. Cobra aplicación al caso en particular, la tesis VI.2°.J/338, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación; máxime que tales argumentos son una reiteración sustancial de los expuestos en la demanda inicial. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Enrique Vázquez Encinas, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, que las labores del juzgado permitieron hacerlo, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Informes justificados. Glósense en autos los oficios de cuenta que suscriben el Administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "1" adscrito a la Administración Desconcentrada Jurídica de Sonora "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Sonora "1", con sede en Sonora, y la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Sonora "1" adscrita a la citada Administración, en representación del verificador, notificador y ejecutor adscrito a esa Unidad, por medio de los cuales rinden informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de mérito, y dese vista a las partes con los mismos. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan a sus oficios de cuenta, así como la presuncional e instrumental de actuaciones que mencionan, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Delegados y Domicilio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refiere en su informe y como domicilio para recibir notificaciones el indicado en los oficios que se atienden. Manifestaciones. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado del quejoso por medio del cual en cumplimiento a la vista de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, hace diversas manifestaciones y ofrece pruebas documentales; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que refiere y por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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