Enrique Valdivia Benítez
Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Valdivia Benítez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictado el cinco de abril de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por otra, se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Incidental
Córdoba, Veracruz, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dictado el cinco de abril de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió, y por otra, se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Marcelo Alfredo Campos Scougall, por si y en representación de 2. María Andrea García Zavaleta, 3. Marco Antonio Rodríguez Lobato y 4. Paula Morales Marín, todos Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, por la 8. Fiscal Primera, 9. Fiscal Segunda, 11. Fiscal Cuarta, por si y encargada de la 10. Fiscalía Tercera y 12. Fiscalía Quinta, por la 13. Fiscalía Sexta, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, todos con residencia en esta ciudad; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. El quejoso Enrique Valdivia Benítez, no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de treinta y uno de enero dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por***********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en proveídos de tres y ocho de febrero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la denominación de las autoridades señaladas como responsables, 6. Jefe de Grupo adscrito a la Policía Ministerial, Delegación Regional Zona Centro Córdoba, Veracruz, y 7. Agente Especializada en Investigaciones de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno (01), con sede en Córdoba, Veracruz; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se tienen por inexistentes las autoridades en mención
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