Enrique Torres Pérez
Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Enrique Torres Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Mediante oficio que derive del presente acuerdo, comuníquese a la autoridad obligada al cumplimiento de la suspensión de plano, que con lo determinado en este acuerdo dejó de surtir efectos la medida cautelar concedida. Ahora, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichos oficios una vez que reanuden sus labores. Notifíquese.
- Principal
Acto seguido, la secretaria hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto admisorio, constancias de notificación a las partes y acuerdos donde se proveyó lo conducente. Asimismo, da cuenta con la copia certificada de la circular SSC/SOP/DELySO/JUR/942/2021, de once de abril de dos mil veintiuno, que obra en autos del juicio de amparo 526/2021, del índice de este Juzgado. El Secretario en funciones de juez de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, la copia certificada de cuenta, que se obtuvo de la constancia que obra en los autos del juicio de amparo 526/2021, del índice de este Juzgado, pues se trata de un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con sustento en la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito XXII. J/12 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que obran agregadas en autos, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas en el juicio. El Secretario en funciones de juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las pruebas han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló y, que el Fiscal Titular Ejecutivo adscrito a este Juzgado no presentó intervención alguna. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos y, la oportunidad del representante social de la federación adscrito para realizar manifestaciones. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se celebra la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. El Secretario en funciones de Juez de Distrito Carlos Alberto García López La secretaria María Elena Navarrete Zúñiga VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 530/2021 promovido por Enrique Torres Pérez, contra actos del Director de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros" de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro de la guardia para recibir demandas en contra de los actos previstos en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Enrique Torres Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se señalan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A). COMO ORDENADORAS: 1) SUBOFICIAL TOVAR BASTIDE DANIEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA "PLATEROS" DE LA SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIADAD DE MÉXICO. B). COMO EJECUTORAS: LICENCIADO GONZÁLEZ BUDA MIGUEL ÁNGEL, JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA " PLATEROS" DE LA SUBSSECRETARIA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV.LEY O ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES : DE LAS ORDENADORAS.- Ordena que haga acto de presencia el día12 de abril de 2021 a las 06:00 horas en mi centro de trabajo ubicado en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros" ubicadas en (.) para que se me incorpore a desempeñar mis actividades como elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. DE LAS EJECUTORAS: El día 11 de abril de 2021, siendo aproximadamente las 17:15 por medio de la aplicación whatsApp Mesenger (.) me envió un mensaje de texto el cual a la letra dice: "Mañana presentarse a las 06:00 horas debidamente uniformado. al texto anterior contesto con las siguientes interrogantes "Deme R1 jefe, y eso jefe, para que es?, Sin contestación alguna por cualquier medio de comunicación. El día 12 de abril de 2021, siendo las 06:00 horas hago acto de presencia en mi centro de trabajo ubicado en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros", ubicadas en(.) en donde se me informa que a partir de la fecha seré incorporado a desempeñar mis actividades como elemento perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, asignándome el servicio de auxiliar administrativo en el área de logística." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa señaló que no existe tercero interesado; narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, párrafo segundo y tercero, 4°, párrafo cuarto, 6, 13, 14, 16 y 17, párrafo segundo, y 123, apartado B fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los previstos en diversos instrumentos internacionales y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión de la demanda y suspensión de plano. Por razón de turno de la demanda de amparo correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, quien por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (fojas 23 a 32), la registró en el libro de gobierno con el número 530/2021, y en el mismo proveído se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el mismo proveído se decretó la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables autorizaran al quejoso Enrique Torres Pérez, ausentarse de su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna y se le siguieran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluída la emergencia sanitaria en el país por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración de su tratamiento de trasplante renal e inmunosupresión y cardiopatía hipertensiva que sufre la parte quejosa. CUARTO. Audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que obra en autos y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa, con efecto en el territorio en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, del estudio integral de la demanda, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Director de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros" y del Jefe de la Unidad de Departamental de la Unidad de Apoyo Técnico de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros", ambos de la de la Subsecretaria e Operación Policial de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: La orden de reincorporación al servicio del personal clasificado como "grupo vulnerable" al contagio de COVID-19, dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros" y del Jefe de la Unidad de Departamental de la Unidad de Apoyo Técnico de la Unidad de Protección Ciudadana "Plateros", ambos de la de la Subsecretaria e Operación Policial de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistentes en la orden girada a efecto de que se presente a laborar de inmediato todo el personal de la citada dependencia que se encontraba en "contingencia" por las diversas cuestiones autorizadas y que no esté contagiado del virus denominado Covid-19, entre los que se encuentra el ahora quejoso; así como su ejecución. La certeza de los actos que se atribuyen a las autoridades responsables se corrobora, además, con la copia certificada de la Circular SSC/SOP/DELySO/JUR/942/2021, de once de abril de dos mil veintiuno, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la cual obra agregada en el diverso juicio de amparo 526/2021, que se tiene a la vista como hecho notorio (y de la que se anexa copia certificada al presente juicio), en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del código adjetivo en cita, así como la tesis de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN [TESIS HISTÓRICA]". En efecto, de la referida Circular, se desprende que el Subsecretario de Operación Policial, instruyó a los Coordinadores Generales de la Policía de Proximidad de las Zonas Centro, Norte, Oriente, Poniente y Sur, y Policía Metropolitana, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en atención al Quincuagésimo Aviso por el que se da a conocer el color de semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, para que comuniquen a todo el personal a su cargo que "ha estado de contingencia" por las diversas cuestiones que fueron autorizadas y no estén contagiados del referido virus, a efecto de que se presenten de inmediato a desempeñar sus labores en el entendido que deberán tomar todas las medidas sanitarias pertinentes. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de regularidad constitucional de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, ya que si bien subsisten los actos combatidos por el quejoso, consistentes en la orden para su reincorporación a las actividades al servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y ejecución consistente en su reincorporación al servicio del personal clasificado como "grupo vulnerable" al contagio de COVID-19, dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no pueden surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto, en la medida en que cambiaron las condiciones de contagio que prevalecían en la Ciudad de México. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". En el precepto reproducido se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. En su fracción XXII, se prevé dicha improcedencia cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir en el objeto o la materia del mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se surte esta causa de improcedencia cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado ni se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". Del contenido de la jurisprudencia invocada, además de las consideraciones relatadas con antelación, se advierte que la causa de improcedencia se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Expuesto lo anterior, es posible destacar los elementos que componen la improcedencia en estudio, a saber: 1) Que el acto reclamado subsista; 2) Que dicho acto no pueda surtir efecto legal o material alguno; y, 3) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sobre el primero de los elementos, la subsistencia del acto reclamado, se refiere a la existencia del acto reclamado, es decir, que las autoridades responsables hayan expedido el acto cuya constitucionalidad se cuestiona y que además, aun cuando la autoridad no lo revoque, lo cierto es que por una situación ajena a su voluntad, el objeto o la materia del mismo ya no existen. En lo relativo al segundo elemento, el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, éste se configura cuando se presenta una imposible realización de los efectos del acto que se impugnó precisamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que surgió una modificación en el entorno en el cual se emitió, de tal manera que de declararlo inconstitucional, resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, porque las consecuencias materiales o jurídicas del acto no podrán concretarse. La imposibilidad para materializar los efectos del acto reclamado, como ya se señaló, deberá surgir de la extinción del objeto o materia del propio acto; sobre este punto, es importante hacer notar que dicha extinción recae precisamente sobre el acto impugnado y no en el juicio en sí; además, obedece a razones naturales o como reflejo de otros actos jurídicos (modificación del entorno dentro del cual se emitió). De lo anterior se desprende que una característica esencial de la inexistencia del objeto o materia del acto que se reclama en esta causa de improcedencia es que se presenta por causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, a este respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha señalado que tal particularidad es precisamente la que marca la diferencia entre la causa de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado y la relativa a la insubsistencia de su objeto o materia, pues en la mencionada en primer término se requiere la actividad o participación de la autoridad. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 (9ª época) de la Segunda Sala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." En atención a lo narrado, se advierte que la razón de la improcedencia que nos ocupa radica en el hecho de que sí el fin último del juicio constitucional consiste en reparar las violaciones alegadas que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, dicho objetivo no se podría cumplir cuando, si bien subsiste el acto reclamado, éste no pudiera surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo en los términos que han quedado explicados, ya que en este caso, no tendría ningún efecto jurídico la declaratoria de inconstitucionalidad del acto que se reclama, tornando improcedente el juicio constitucional. El propósito de la causa de improcedencia que se analiza se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin, que precisamente justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, esto es, no existe motivo legal alguno para su resolución si no puede alcanzarse su objetivo protector, cuando el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno donde tuvo su origen, pues de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que otorgue la protección constitucional. Expuestas las anteriores consideraciones, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es indispensable destacar que derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, comúnmente denominado Covid-19, en lo que aquí interesa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus Covid-19", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que por razones de salud pública, instruyó a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en el supuesto de pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria; entre otros supuestos. Asimismo, dispuso que las personas que se encuentren en el referido supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrían que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. De igual forma, indicó a los titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México para que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras públicas, bajo cualquier esquema de contratación. En sintonía con lo anterior, mediante el "Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid-19", publicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad el uno de abril de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión inmediata, del uno al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en esta ciudad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población de la Ciudad de México; por ende, estableció que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, entre las que se encuentran, las involucradas en la seguridad ciudadana. No obstante ello, dispuso que el resguardo domiciliario corresponsable se aplicaría de manera estricta a toda persona mayor de sesenta años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con diagnóstico de obesidad, hipertensión, entre otras, independientemente si su actividad laboral se considera esencial. Por su parte, el catorce de mayo dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; en el que se dispuso la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: "(.) Etapa 1.- Inició el dieciocho de mayo de dos mil veinte, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; Etapa 2.- Del dieciocho al treinta y uno de mayo del dos mil veinte, consistió en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud. Etapa 3.- Inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas". Aunado a lo anterior, señaló que el semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias, determina mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros; de la siguiente forma: Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que permitiera evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, y facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. A través del Sexto Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, y con la finalidad de contar con una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permitiera evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y eficiente, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con el objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. Además, se dispuso que el color del Semáforo se daría a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. En concordancia con lo anterior, los referidos Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México precisaron que el Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo, naranja, amarillo y verde, que se determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales. Importa destacar que en el referido Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, se previó para las actividades esenciales relativas a la seguridad, un Protocolo de medidas sanitarias para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se establece, a partir del semáforo en color rojo, la preparación para la reapertura y regreso a laborar del personal de seguridad ciudadana que no lo estaba realizando de manera presencial. Asimismo, por lo que hace al semáforo en color amarillo, en el sector Gobierno, se estableció retomar actividades presenciales todas las oficinas de gobierno, continuando con el proceso de digitalización de trámites y el esquema de citas en las ventanillas de atención, indicando que las personas vulnerables pueden realizar salidas necesarias extremando precauciones de higiene y distancia. En relación con el semáforo color verde, "la nueva normalidad", el referido Plan, por lo que hace al sector Gobierno se estableció que todas las oficinas retoman actividades de manera presencial y que las personas vulnerables pueden salir libremente, manteniendo precauciones. De tal forma, atendiendo a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las actividades correspondientes al sector "gobierno" y "personas vulnerables", en la "etapa verde", se contempló la llamada "Nueva normalidad", en la que se continúa privilegiando la atención por canales digitales y con mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención. Por otra parte, mediante el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que pueden desarrollar una situación de vulnerabilidad o morir por Covid-19, en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veinte, se señaló la dirección electrónica (sitio web) www.coronavirus.gob.mx. De tal forma, de una consulta realizada a la referida página electrónica, se localizó que las personas trabajadoras que cumplen con el valor de vulnerabilidad ahí establecido, se reincorporan a partir de semáforo amarillo en áreas NO COVID (lugares de atención médica que no atienden pacientes con COVID), excepto: lactancia (se incorpora al final del periodo de incapacidad por maternidad, en cualquier color de semáforo) y cáncer (se incorpora hasta semáforo verde); la referida información se desprende del cuadro, que para mayor referencia, se inserta a continuación en la parte que aquí interesa: Como se desprende de la reproducción digital que antecede, las personas cuya condición las sitúa en vulnerabilidad, entre las que se encuentran aquellas que padecen hipertensión y obesidad, pueden regresar a sus labores en áreas NO COVID a partir del semáforo color amarillo (riesgo intermedio) y se establece un "regreso completo" a partir del semáforo en color verde ("cotidiano"). Asimismo, en la diversa dirección electrónica https://coronavirus.gob.mx/semaforo/ se publicó el semáforo de riesgo epidémico del siete al veinte de junio de dos mil veinte, del que se advierte el mapa de la República Mexicana, que en la región en la que se encuentra la Ciudad de México, se encuentra en color verde ("riesgo bajo") e indica que en dicho supuesto, se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sustenta lo anterior, la tesis I. 3o. C. 35 K, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Finalmente, mediante el Sexagésimo primer aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a verde. Precisado lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa sustancialmente reclama la orden a través de la cual se determinó que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México que "se encuentra de contingencia" por las diversas cuestiones autorizadas, se presenten de inmediato a desempeñar sus labores, así como su ejecución; lo anterior, al aseverar que se encuentra sometido a un tratamiento de transplante renal e inmunosupresión y padece cardiopatía hipertensiva que lo sitúa en un estado de vulnerabilidad ante la enfermedad Covid-19. En ese orden de ideas, es evidente que el objeto o materia de la orden reclamada, esencialmente consiste en que, con motivo del establecimiento del color naranja en el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, se presenten a laborar la totalidad de personas que prestan sus servicios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que se encontraban en "contingencia" por las causas que fueron autorizadas y que no estén contagiados actualmente de Covid-19, con la finalidad de atender las necesidades operativas de dicha dependencia, ante la reanudación de múltiples actividades sociales, económicas y culturales, entre otras. De tal forma, el quejoso acude a la presente vía en defensa de una prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad, la cual se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, a saber: permanecer en resguardo domiciliario, con motivo del padecimiento (tratamiento de transplante renal e inmunosupresión y cardiopatía hipertensiva) que lo situó en un estado de vulnerabilidad frente al virus SARS-CoV2 (Covid-19). No obstante ello, la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa fue modificada a través de los diversos ordenamientos de carácter general y criterios previamente referidos, en los que, en esencia, se estableció que la Ciudad de México se encuentra en la etapa relativa a la "Nueva normalidad", con un riesgo bajo, conforme al semáforo epidemiológico en color verde (sin restricciones), supuesto en el cual los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que pueden desarrollar una situación de vulnerabilidad o morir por Covid-19 (entre los que se encuentran las personas que padecen hipertensión arterial), en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, prevén y permiten el regreso total a los centros de trabajo, esto es, se elimina la necesidad de realizar el resguardo domiciliario a las referidas personas en situación de vulnerabilidad. De tal forma, si bien subsisten los actos reclamados, lo cierto es que, por una situación ajena a la voluntad de las autoridades que emitieron el acto reclamado, el objeto o la materia de los mismos ya no existen -reincorporar a las personas que se encontraban en "contingencia" autorizada derivado del color naranja en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México-, pues la determinación ahí contenida fue sustituida, no conforme a lo decidido por la autoridad responsable, sino porque cambiaron las condiciones fácticas respecto de las cuales se emitió, es decir, se verificó una modificación en su entorno -como lo es el establecimiento del color verde en el referido semáforo, supuesto que permite la reactivación de la totalidad de actividades y, en consecuencia, la reincorporación a los centros de trabajo de las personas en estado de vulnerabilidad frente a la enfermedad Covid-19, como el aquí quejoso-. A mayor abundamiento, la eventual concesión de un fallo protector en el presente juicio de amparo, no tendría ningún efecto jurídico, lo que torna improcedente el juicio constitucional, pues sus efectos no podrían concretarse, en virtud de la modificación del entorno donde tuvo su origen el acto reclamado, pues de concluirse que éste es inconstitucional se volvería legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que otorgue la protección constitucional. Lo anterior es así, porque la prerrogativa que temporalmente fue incorporada a la esfera jurídica del quejoso (resguardo domiciliario derivado de su situación de vulnerabilidad) es precisamente la que lo habilitó para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declarara la invalidez del acto reclamado; sin embargo, esa prerrogativa dependería del riesgo epidemiológico que se determinara de acuerdo con el color de semáforo que semanalmente se asigna con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se lleva a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales; por lo que si en la actualidad se ha fijado un "semáforo verde", es inconcuso que la prerrogativa o beneficio dejó de tener vigencia, al no existir ya las condiciones que la originaron o que permitieron su subsistencia. Sin que sea inadvertido que a partir del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se haya pasado a "semáforo amarillo" en la Ciudad de México, no obstante tal circunstancia de manera alguna constituye un impedimento para arribar a la conclusión anterior, ya que aún en tal supuesto, las personas trabajadoras que cumplen con el valor de vulnerabilidad pueden reincorporarse. En ese orden de ideas, como ya se dijo, el juicio de amparo constituye un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, por ende, la procedencia del juicio de garantías se encuentra condicionada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, pues precisamente esto último justifica su importancia y trascendencia; sin embargo, ante la posibilidad de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió (orden para presentarse a laborar), en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Así, la eventual concesión del fallo protector implicaría la insubsistencia de la orden reclamada, para el efecto de que las autoridades responsables permitan la continuación en dicho estado, sin obligarlo a reincorporarse de manera presencial en su centro de trabajo. No obstante ello, es evidente que la orden de reincorporación reclamada y su ejecución, si bien subsisten, la existencia fáctica de un "semáforo verde", o bien "amarillo" implica que, incluso, las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, regresen en forma completa a sus actividades laborales. Esto es, aun cuando la orden reclamada se emitió con motivo del establecimiento del color naranja en el semáforo epidemiológico respectivo; lo cierto es que dicha circunstancia fue modificada conforme a su entorno, pues se emitió el aviso por el que se dio a conocer el cambio de color del referido semáforo a verde en el que se prevé una reapertura total en las actividades aludidas, únicamente manteniendo medidas de precaución y prevención (incluidas las personas consideradas vulnerables), no así el resguardo domiciliario. En ese orden de ideas, al acreditarse que en el caso subsisten los actos reclamados pero no pueden surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esta órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la orden reclamada y su ejecución, por lo que procede sobreseer en el juicio en términos de lo previsto por los artículos 61, fracción XXII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de María Elena Navarrete Zúñiga, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio del Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en autos. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; por medio del cual, exhibe copia certificada de las documentales públicas consistentes en las evaluaciones de índice de productividad de la parte quejosa en la que denota un índice de productividad inferior a la media y por lo tanto resulta negativa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con las constancias que obran en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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