Enrique Tolentino García
Expediente 411/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Enrique Tolentino García
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca por conducto de alguno de sus autorizados a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de marzo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Enrique Tolentino García, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 411/2018-I-B. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: - El acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el que se ordenó el emplazamiento del quejoso al juicio de amparo directo. - El auto de treinta de junio de dos mil diecisiete, en el que se admitió a trámite el juicio de amparo directo hecho valer en contra de la sentencia de apelación de trece de febrero de dos mil diecisiete. - El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó turnar el juicio de amparo, para la formulación del proyecto de sentencia. - El proyecto de sentencia elaborado por el magistrado ponente y que se sometió a votación del pleno. - El acuerdo de sesión ordinaria de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el que por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de sentencia. - La sentencia de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictada por el pleno. - Las consecuencias jurídicas y efectos resultantes, esto es la ejecución de lo ordenado en la sentencia citada. Todo lo anterior en autos del juicio de amparo directo 62/2017, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VI y IX, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; (.) IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas (...)" En efecto, es improcedente la instancia de amparo intentada, en virtud que el numeral transcrito es categórico en señalar que no es procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de Tribunales Colegiados de Circuito, de igual forma, cuando se reclamen resoluciones emitidas dentro del juicio de amparo, en su trámite, o bien, en ejecución de éstas. Ahora bien, las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, esto es, durante el trámite de éste, es posible recurrirlas a través de los medios que para tal efecto se encuentran previstos en la ley de la materia, sin que exista la posibilidad de reclamarlos a través de un diverso juicio, como en la especie acontece. Ahora bien, la parte quejosa reclama diversos acuerdos dictados por el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en autos del juicio de amparo directo 62/2017, a saber, el acuerdo en el que se ordena su emplazamiento, el auto admisorio, auto de turno y sentencia dictada en el referido juicio, lo que no es posible analizar en esta instancia, por disposición expresa de la Ley de Amparo, toda vez que evidentemente, dichos actos son inherentes al trámite del juicio, pues como lo han establecido nuestros más altos tribunales jurisdiccionales, el juicio inicia con la sola presentación de la demanda, luego, las circunstancias de molestia de que se duele la quejosa, sin duda son materia del juicio de amparo promovido ante el Tribunal señalado como responsable. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 4/90, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/89, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se público en la página 125, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Ahora bien, como lo establece el artículo 61, fracción IX, de la ley de Amparo, la petición de garantías deviene improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, dicha disposición la contempló el legislador en atención a que sería un contrasentido, ejercitar un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad. En esas condiciones, si se llevan a cabo actos positivos u omisivos relacionados con el trámite del juicio de amparo que se haga valer, resulta claro que ese actuar escapa del análisis constitucional en el juicio de amparo indirecto, por derivar de un diverso juicio constitucional. Sirve de apoyo la tesis número III.2o.C.33 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1315, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio." También sirve de apoyo la tesis número 2a./J. 107/2015 (10ª.), emitida por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 453, libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, Décima Época. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, la parte quejosa reclama los efectos que estos actos tienen, pues ordenan a la autoridad jurisdiccional de segunda instancia el dictado de una resolución bajo los lineamientos expresados en la ejecutoria de amparo, en consecuencia, los actos en estudio son improcedentes debido a que fueron emitidos a fin de cumplir los efectos de un fallo protector. En efecto, al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Esta improcedencia, deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. De modo que, este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. Cobra vigencia en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia XXI.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Página: 867, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." En esas condiciones, al quedar actualizadas las causales de improcedencia advertidas por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracciones VI y IX de la ley en la cita. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentra recluido. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese a la parte quejosa en los términos indicados.
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