Enrique Stiles Gutiérrez
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 47 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Enrique Stiles Gutiérrez
- Capitán del Puerto de Dos Bocas en el Municipio de Paraíso, Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
se notifica a la parte quejosa la presente resolución que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintinueve de agosto de dos mil veintidós y turnado el mismo día al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 5-47). SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de septiembre siguiente, el titular del aludido órgano jurisdiccional, acordó: ordenar la separación de autos en el juicio de amparo 770/2022 de su índice y, remitir a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad las demandas de amparo, a fin de que fueran tramitadas por separado respecto de diversos actos (fojas 2-4). Turnada una de esas demandas a este órgano jurisdiccional (foja 1) por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se acordó: avocarse al conocimiento del asunto respecto de los actos reclamados a la autoridad Capitán del Puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco; registrar el juicio 797/2022; admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito (fojas 100-105). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco (foja 133). El cuatro de noviembre siguiente, se acordó: tener por ampliada la demanda de amparo respecto de la nueva autoridad responsable 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México y, requerirle su informe justificado (fojas 179-182). Se agregó en autos el informe justificado de la nueva autoridad señalada como responsable (fojas 222-231). Integrado que estuvo el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 605) la cual se llevó a cabo el dieciséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 613-615). Luego, mediante resolución de veintiséis de junio siguiente, se declaró la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto y remitirlo al Juzgado de Distrito en turno, con sede en Villahermosa, Tabasco, para que lo hiciera, por estimar que los actos reclamados son de su competencia (fojas 617-625). No obstante, mediante proveído de treinta de junio siguiente, dictado en el expediente 1271/2023 que se formó al respecto, la Jueza Cuarto de Distrito en Villahermosa, Tabasco, no aceptó la competencia planteada y ordenó la devolución del expediente a este tribunal (fojas 638-647). Ante tal circunstancia, el suscrito juzgador planteó el conflicto competencial suscitado (foja 660) por lo que mediante ejecutoria de diecisiete de agosto del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el expediente 21/2023, declaró que este órgano jurisdiccional es el legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo (fojas 682-708) por lo que, mediante auto de veinticuatro de agosto del mismo año, en cumplimiento a dicha determinación, el suscrito se avocó nuevamente al conocimiento del asunto, a fin de emitir su resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, tercer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, al reclamarse omisiones que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sostiene la parte quejosa, afectan su derecho fundamental previsto en el artículo 8° constitucional, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados prescinden de ejecución material, como así lo declaró el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 21/2023. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. A). Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso atribuye como actos reclamados de la autoridad responsable 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco: La omisión de dar respuesta a sus solicitudes presentadas el nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante las cuales, respectivamente, solicitó: i. la expedición del certificado de competencia como piloto de puerto (renovación) ii. la expedición de refrendos de los títulos de oficialidad de la marina mercante y, iii. la expedición del certificado de competencia especial para mandar o laborar en buques especializados; registradas con los números de folio 6176874, 6175358 y 6175362. B). Asimismo, al analizar en su integridad el escrito de ampliación de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso atribuye como actos reclamados del 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México: a). La omisión de entregarle y/o hacerle llegar físicamente el Certificado de Competencia como Piloto de Puerto, sin la restricción de maniobrar embarcaciones de un "TRB" (tonelaje de registro bruto) de tres mil toneladas, para el servicio de pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, en virtud de que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 1589.2022, de seis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual según refiere se emitió la autorización correspondiente para realizar las maniobras de ese tonelaje. b). La omisión de expedirle el Certificado de Competencia como Piloto de Puerto (renovación) que ampare el periodo comprendido del nueve de febrero de dos mil veintidós al treinta y uno de agosto de ese mismo año, esto es, desde que presentó la solicitud de nueve de febrero de dos mil veintidós, a través de la Capitanía de Puerto del Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, mediante la cual solicitó la expedición del citado certificado, hasta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización para maniobrar embarcaciones mayores a un "TRB" (tonelaje de registro bruto) de tres mil toneladas, para el servicio de pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 514 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. c). La omisión de dar respuesta a la solicitud de nueve de febrero de dos mil veintidós, que presentó a través de la Capitanía de Puerto del Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, mediante la cual solicitó la expedición del Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados, y d). La destrucción o desaparición del expediente administrativo del quejoso, que obraba en los archivos de la Dirección General de Marina Mercante, formado desde el año dos mil catorce a octubre de dos mil veintidós, lo anterior sin que mediara un mandamiento por escrito de una autoridad competente que le ordenara destruirlo o desaparecerlo. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, que se identificaron en los incisos a y b, en razón que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado, en donde negó categóricamente las omisiones atribuidas por la parte quejosa. Para justificar su negativa, esa autoridad informó lo siguiente: 1). Que en atención a la solicitud que presentó el quejoso el nueve de enero de dos mil veintidós, dicha autoridad dio atención a la misma en el sentido que el treinta de marzo de dos mil veintidós, se emitió el Certificado de Competencia a su favor solicitado. Refiere que mediante oficio DGMM.- 458/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se comunicó al quejoso que su solicitud sería atendida a través de la cita para su asistencia el dos de marzo de dos mil veintidós, en las Oficinas de la Dirección General de Marina Mercante en la Ciudad de México. Indica que el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se emitió el oficio DGMM.-0633/2022, con el que se informó al quejoso que con fecha catorce de octubre de dos mil catorce, se le había otorgado un Certificado de Competencia Especial como Piloto de Puerto, para el Puerto de Alvarado, Veracruz, con una vigencia al dos de octubre de dos mil diecinueve, así como que derivado de la revisión de los archivos de esa Dirección General, se observó que los documentos que conforman su expediente se encontraban vencidos, motivo por el cual se le otorgó un periodo de diez días hábiles para presentar la documentación vigente para tramitar la renovación y actualización del certificado solicitado; indicándole en dicho oficio al quejoso ".que la renovación del Certificado de Competencia será en los mismos términos y condiciones que se encuentra actualmente.". Indica la autoridad responsable que el quejoso tuvo conocimiento de manera personal del citado oficio DGMM.-0633/2022 el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, a través de la cédula de notificación de la citada fecha, suscrita por el Cap. Alt. Luis Sánchez Cañedo y el propio quejoso; precisando que el Certificado de Competencia expedido a su favor se encuentra a su disposición. Aduce que esa Dirección General no ha sido omisa en dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 514 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, donde si bien se señala un término de quince días para que esa autoridad resuelva lo procedente, lo cierto es que en el caso concreto, se realizaron diversos requerimientos a fin de estar en posibilidad de dar trámite a la solicitud del quejoso, lo que se llevó a cabo el treinta de marzo de dos mil veintidós, con la emisión del multicitado Certificado de Competencia Especial como Piloto de Puerto, para el Puerto de Alvarado, Veracruz. 2). Que en relación con la omisión atribuida de hacerle llegar al quejoso el Certificado de Competencia como Piloto de Puerto, esa Dirección General únicamente se limita a emitir los aludidos certificados una vez satisfechos los requisitos legales para su expedición, no obstante su entrega y recepción por parte de los interesados depende exclusivamente de éstos, dado que dentro de las formalidades de su expedición, no se encuentra la de entregarlos en el domicilio del solicitante. Con el propósito de demostrar sus manifestaciones, la referida aludida autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia certificada de las siguientes constancias: Solicitud de expedición de Certificado de Competencia Especial para Piloto de Puerto, signada por Enrique Stiles Guitiérrez y presentada el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto en Dos Bocas, Tabasco (foja 232). Oficio DGMM.-458/2022, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, signado por el Capitán de Altura Ildefonso Carrillo Mora, Director General de Marina Mercante en la Ciudad de México (fojas 233-234). Impresión de envió de correo electrónico del aludido oficio, de la cuenta dgmm.dir.gral@semar.gb.mx a las cuentas stiles.enrique@hotrmail.com y sitiles_enrique@hotmail.com (foja 235). Oficio DGMM.-0633/2022, de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por el Capitán de Altura Ildefonso Carrillo Mora, Director General de Marina Mercante en la Ciudad de México (foja 236). Cédula de notificación personal practicada al quejoso el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, respecto del contenido del oficio DGMM.-0633/2022 (foja 237). Certificado de Competencia con folio SM00576946, expedido el treinta de marzo de dos mil veintidós, por el Cap. Alt. Ildefonso Carrillo Mora, Director General de Marina Mercante de la Secretaría de Marina, a favor de Enrique Stiles Guitiérrez para prestar Servicio de Pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, únicamente para buques de hasta 3,000 unidades de arqueo bruto (foja 245 frente y vuelta). Documentales que adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el solicitante del amparo en su escrito de ampliación de demanda y, conforme se sintetizó en los incisos a y b del considerando anterior, atribuye al 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, haber omitido expedir a su favor la renovación del Certificado de Competencia como Piloto de Puerto, sin la restricción de maniobrar embarcaciones de un "TRB" (tonelaje de registro bruto) de tres mil toneladas, para el servicio de pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, así como haber omitido entregárselo y/o hacérselo llegar físicamente. Dichas omisiones se las atribuye el quejoso, en la medida que, expone: desde el nueve de febrero de dos mil veintidós, realizó la solicitud de expedición del aludido certificado, a través de la Capitanía de Puerto en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco; así como que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 1589.2022, de seis de julio de dos mil veintidós, relativo a la autorización para maniobrar embarcaciones mayores a un "TRB" (tonelaje de registro bruto) de tres mil toneladas, para el servicio de pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, sin que, entre esas fechas, la Dirección General de Marina Mercante, le expidiera ni entregara físicamente la renovación del Certificado de Competencia como Piloto de Puerto que solicitó. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso b Así, de todo lo anteriormente expuesto, se puede colegir que la autoridad responsable 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, contrario a lo que afirma el quejoso en su ampliación de demanda de amparo, durante el periodo entre el nueve de febrero de dos mil veintidós y el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, no incurrió en la omisión atribuida de expedir a su favor la renovación del Certificado de Competencia como Piloto de Puerto (acto reclamado identificado con el inciso b). Lo que se sostiene, pues como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable, luego de atender la solicitud que el interesado presentó el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Gestión de Trámites de la Capitanía de Puerto en Dos Bocas, Tabasco (foja 232) el treinta de marzo de dos mil veintidós la autoridad responsable expidió el certificado de competencia de que se trata (fojas 245 frente y vuelta); con lo que queda en evidencia que, al día de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo, que lo fue el tres de noviembre de dos mil veintidós (foja 151) no existía dicha omisión. No pasa inadvertido que el quejoso precise en su demanda de amparo que la solicitud de renovación del certificado la realizó con la finalidad que éste se expidiera a su favor, sin la restricción de maniobrar embarcaciones de un "TRB" (tonelaje de registro bruto) de tres mil toneladas, así como que se advierta que la renovación del certificado expedido por la autoridad el treinta de marzo de dos mil veintidós, contiene la restricción para su uso únicamente para buques de hasta 3,000 unidades de arqueo bruto. No obstante, el suscrito juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente de analizar dicha circunstancia, en la medida que ello constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, dado que el quejoso no señaló expresamente como acto reclamado destacado el certificado de competencia especial expidió por la autoridad responsable el treinta de marzo de dos mil veintidós, del cual tuvo conocimiento durante la tramitación del presente juicio de amparo. Tampoco pasa inadvertido que el quejoso atribuye a la Dirección General de Marina Mercante la omisión de expedirle el Certificado de Competencia como Piloto de Puerto (renovación) desde el aspecto señalado en el artículo 514 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que dispone que presentada la solicitud debidamente requisitada, la Dirección General deberá resolver lo procedente dentro de un plazo de quince días hábiles y de no hacerlo así, se entenderá resuelta favorablemente. Sin embargo, en el caso concreto, la autoridad responsable 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, demostró en el presente juicio de amparo que no incurrió en la omisión de expedir el aludido certificado de competencia, dado que se advierte que lo emitió de manera favorable al solicitante, aunque con la limitación allí contenida. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso a De la misma manera, conforme a lo expuesto en su informe justificado por la autoridad responsable 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, contrario a lo que afirma el quejoso en su ampliación de demanda de amparo, durante el periodo entre el nueve de febrero de dos mil veintidós y el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, tampoco incurrió en la omisión atribuida de hacerle llegar y/o entregarle físicamente al quejoso la renovación del Certificado de Competencia como Piloto de Puerto expedido a su favor (acto reclamado identificado con el inciso a). En efecto, la autoridad reconoce que dentro de sus atribuciones legales se encuentra la de emitir los Certificados de Competencia como Piloto de Puerto, una vez satisfechos los requisitos legales para su expedición, no obstante explica que su entrega y recepción por parte de los interesados depende exclusivamente de éstos, dado que dentro de las formalidades de su expedición, no se encuentra la de entregarlos en el domicilio del solicitante. Ahora bien, el artículo 35, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, establece: "Artículo 35.- La Dirección General de Marina Mercante tiene las atribuciones siguientes: (.) II. Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la marina mercante mexicana, así como expedir, controlar, renovar, suspender y revocar, en su caso y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la documentación que acredite su aptitud para prestar servicios a bordo de las embarcaciones, que incluye la capacitación, expedición y terminación de los certificados de competencia de los pilotos de puerto;" Asimismo, los numerales 176, 178 y 514 del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, disponen: "Artículo 176.- Los Certificados de Competencia Especial se expedirán por la Dirección General, al Personal de la Marina Mercante que acredite haber alcanzado un nivel de competencia específica, para el desempeño de alguna de las siguientes categorías: Piloto de Puerto; Radio Operador; Médico General a bordo; Operador General del SMSSM; OPB; OPIP; OCPM; Operador de la Torre de Control de Tráfico Marítimo; Operador de Posicionamiento Dinámico; así como Patrón de Embarcaciones de recreo y deportivas nivel III. Los Certificados de Competencia aquí señalados que tengan impuestos otros requisitos de conformidad con este Reglamento, estarán a lo dispuesto por la norma respectiva. Artículo 178.- La persona interesada en obtener un Certificado de Competencia Especial como Piloto de Puerto o su renovación, deberá acreditar ante la Dirección General los requisitos señalados en este Reglamento. Artículo 514.- Los Certificados de Competencia para Piloto de Puerto deberán actualizar su vigencia cada cinco años, siempre que la edad del Piloto de Puerto no exceda de sesenta y cinco años, y que los interesados presenten ante la Secretaría lo siguiente: I. Solicitud por escrito ante la Dirección General; II. Constancia de Aptitud Psicofísica vigente, y III. Constancia en la que acredite los cursos de actualización que acorde al servicio de pilotaje y puerto le resulten obligatorios, en términos de la normatividad nacional e internacional, que para tal efecto le indique la Secretaría conforme a lo dispuesto en el artículo 523 del presente Reglamento. Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas dentro de los tres meses antes de la fecha en que termine la vigencia del Certificado de Competencia; de no hacerlo así, el piloto no podrá seguir prestando servicios hasta en tanto no actualice su certificado. Presentada la solicitud debidamente requisitada, la Dirección General deberá resolver lo procedente dentro de un plazo de quince días hábiles y de no hacerlo así, se entenderá resuelta favorablemente. A partir de los sesenta y cinco años de edad, el Piloto de Puerto podrá solicitar a la Dirección General un año de gracia para prestar el servicio de pilotaje, siempre y cuando acredite su aptitud psicofísica." Como se advierte de la transcripción de los aludidos numerales, compete a la Dirección General de Marina Mercante de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, expedir y renovar, entre otros, los certificados de competencia de los pilotos de puerto. Asimismo, se observa que dichos certificados se expedirán por dicha Dirección General, a favor del Personal de la Marina Mercante que acredite haber alcanzado un nivel de competencia específica, para el desempeño de, entre otras categorías, la de Piloto de Puerto; certificados que tendrán una vigencia de cinco años. Las personas interesadas en obtener un Certificado de Competencia Especial como Piloto de Puerto o su renovación, deberán cumplir ante la Dirección General los requisitos exigidos en las fracciones I a III del artículo 514 del aludido Reglamento. Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas dentro de los tres meses antes de la fecha en que termine la vigencia del Certificado de Competencia. Una vez presentada la solicitud debidamente requisitada, la Dirección General deberá resolver lo procedente dentro de un plazo de quince días hábiles y de no hacerlo así, se entenderá resuelta favorablemente. En ese sentido, conforme a lo obtenido de los aludidos numerales, así como a lo expuesto por la autoridad responsable en su informe justificado, si bien le compete a la Dirección General de Marina Mercante la expedición y renovación de los certificados de competencia de que se trata, lo cierto es que no se advierte que dicha Dirección General se encuentra constreñida legalmente a su entrega física a los interesados en el domicilio que éstos señalen. Luego, si en el caso concreto, se observa que la autoridad responsable emitió el certificado de competencia como piloto de puerto a favor del quejoso el treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que aquélla tenga la obligación legal de hacérselo llegar físicamente, sino que corresponde a éste como persona interesada acudir directamente a las oficinas de la Dirección General de Marina Mercante a recogerlo; es claro entonces que no existe la omisión que le atribuye en ese sentido el solicitante del amparo. No pasa inadvertido que el quejoso objetó el oficio DGMM.- 458/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, con el que la autoridad responsable sostuvo que le comunicó que su solicitud sería atendida a través de la cita para su asistencia el dos de marzo de dos mil veintidós, en las Oficinas de la Dirección General de Marina Mercante en la Ciudad de México; sin embargo, a juicio del suscrito juzgador, resulta ocioso su análisis en el presente asunto. Ello es así, porque a nada práctico llevaría la valoración de los peritajes que analizaron la autenticidad de la firma del quejoso plasmada en dicho documento si, al final de cuentas, como se vio, se tuvieron por inexistentes los actos reclamados relacionados con dichos peritajes, consistentes en las omisiones de expedirle y de entregarle y/o hacerle llegar físicamente al quejoso el Certificado de Competencia como Piloto de Puerto, dado que se conoció en autos que sí le fue expedido dicho certificado, así como que le correspondía al quejoso acudir a recogerlo ante la autoridad responsable. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso d Por otra parte, tampoco son ciertos los actos reclamados al 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, que se identificaron en el inciso d, consistentes en: d). La destrucción o desaparición del expediente administrativo del quejoso, que obraba en los archivos de la Dirección General de Marina Mercante, formado desde el año dos mil catorce a octubre de dos mil veintidós, lo anterior sin que mediara un mandamiento por escrito de una autoridad competente que le ordenara destruirlo o desaparecerlo. Ello porque así lo manifestó dicha autoridad al de rendir su informe justificado, en que negó categóricamente esos actos atribuidos. En el caso, era necesario que el quejoso aportara medios de convicción idóneos para acreditar la certeza de los referidos actos, puesto que la carga probatoria se revierte al accionante del amparo cuando las responsables niegan su existencia, debido a que el que afirma tiene la responsabilidad de acreditar los extremos de sus aseveraciones, a partir del principio general de derecho contenido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la legislación de la materia, relativo a que quien afirma está obligado a probar, sin que se actualice alguna de las excepciones a dicho principio. En efecto, los artículos 63, fracción IV y 117, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional[.]" "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º. de esta Ley[.]" De lo antes transcrito se obtienen dos supuestos de excepción a la carga procesal del quejoso para acreditar los actos reclamados: I. Tratándose de actos negativos, propiamente dichos, porque en este caso se revierte la carga de la prueba y corresponde a la autoridad responsable acreditar que no incurrió en la omisión reclamada, esto es, que actuó en el sentido de respetar el derecho humano o la garantía constitucional establecida para la protección de aquél, salvo que resulte indispensable para su inexistencia un actuar positivo por parte del quejoso. II. La presunción de existencia, que sólo abarca al acto en sí mismo y no a los hechos en que se sustenta el planteamiento de inconstitucionalidad, quedando a cargo del peticionario acreditar este último extremo. Como puede advertirse, la carga procesal que se impone al quejoso de aportar pruebas para demostrar la existencia de los actos reclamados, no constituye un rigorismo legalista, sino que obedece al obstáculo lógico que representa acreditar un hecho negativo, en el caso, la destrucción o desaparición del expediente administrativo del quejoso, que obraba en los archivos de la Dirección General de Marina Mercante, porque ello implicaría exigir que la autoridad responsable aportara pruebas de la acreditación de algo que no existe, lo que resulta material y jurídicamente inviable, por lo cual debe prevalecer la negativa plasmada en su informe justificado. No pasa inadvertido que el quejoso haya ofrecido la documental consistente en el oficio 158.2022 de seis de julio de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto del mismo año (foja 125) y haya referido en su escrito de ampliación de demanda, que con la publicación de ese oficio ".se corrobora que el Director General de Marina Mercante destruyó o desapareció EL EXPEDIENTE DEL AQUÍ QUEJOSO que obraba en los archivos de la Dirección General de Marina Mercante posteriormente a que el aquí Quejoso ya estaba autorizado como Piloto de Puerto del Puerto de Alvarado MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA PODER MANIOBRAR EMBARCACIONES MAYORES A 3,000 Toneladas de Registro Bruto (TRB)." (cuarto párrafo de la foja 168). Sin embargo, luego de imponerse del contenido del aludido oficio, es incierto que se corrobore que la autoridad responsable haya destruido o desaparecido del expediente de que se trata, como lo sostiene el quejoso, pues lo único que se observa es que la Dirección General de Marina Mercante comunicó al quejoso la autorización a la adición de los incisos e), f), g) y h) a la regla 10. Maniobras Especiales de las bases de regulación tarifaria para el servicio portuario de pilotaje aplicable en el puerto de Alvarado, Veracruz. Tampoco pasa inadvertido que el quejoso, con la intención de desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, haya ofrecido en copia certificada las documentales consistentes en: El oficio DGMM.2956/2022, de once de octubre de dos mil veintidós, con el que la Dirección General de Marina Mercante informó al Juez Quinto de Distrito en Veracruz, dentro del juicio de amparo 797/2022 de su índice promovido por el aquí también quejoso que, en relación con el requerimiento formulado por esa autoridad de amparo, relativo a que: ".remita copia certificada del expediente relativo a la solicitud formulada por el aquí quejoso el doce de marzo de dos mil dieciocho, recibida por dicha autoridad el catorce de marzo del mismo año."; dicha autoridad contestó que: ".esta Unidad Administrativa únicamente cuenta con el escrito de fecha 12 de marzo de 2018, se adjunta copia certificada del mismo, constante de 7 fojas útiles." (foja 204). El proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de amparo 797/2022, en el que, en una parte de su contenido se asentó: ".Al ser la única constancia con la que cuenta en relación con dicha petición." (foja 205 vuelta). Sin embargo, dichas constancias no son idóneas ni suficientes para confirmar la certeza de la desaparición o destrucción del expediente administrativo a que se refiere el quejoso en su escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 202-203) en la medida que se advierte que la respuesta contenida en el oficio DGMM.2956/2022, relativa a que en esa Unidad Administrativa únicamente se cuenta con el escrito de doce de marzo de dos mil dieciocho, se constriñe exclusivamente a la solicitud que le formuló el juzgador de amparo a dicha autoridad en relación con expediente formado con motivo de solicitud formulada por el quejoso el doce de marzo de dos mil dieciocho, mas no a otra u otras que en su caso existieran. Es decir, la autoridad de amparo acotó que la autoridad responsable sólo debía remitirle las constancias relacionadas con esa solicitud de doce de marzo de dos mil dieciocho, lo que de suyo no puede implicar que la autoridad requerida tenía la obligación de remitirle diversa documentación no relacionada con esa solicitud en particular, lo que así hizo cuando informó ".esta Unidad Administrativa únicamente cuenta con el escrito de fecha 12 de marzo de 2018, se adjunta copia certificada del mismo, constante de 7 fojas útiles."; circunstancia que se corrobora cuando el juzgador constitucional al recibir dicho oficio acotó que: ".Al ser la única constancia con la que cuenta en relación con dicha petición.". De ahí, que se concluye que el contenido de esas documentales no es útil para desvirtuar la negativa del destacado acto reclamado, relacionado con la destrucción o desaparición del expediente administrativo del quejoso, que obraba en la Dirección General de Marina Mercante, formado desde el año dos mil catorce hasta el mes de octubre de dos mil veintidós. Consecuentemente, se itera, al no haber ofrecido el quejoso alguna probanza idónea que demostrara la existencia de los actos reclamados que atribuyó a 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, identificados en los incisos a, b y d, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los destacados actos reclamados a dicha autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer medios de prueba idóneos tendientes a controvertir las manifestaciones de la autoridad y demostrar, no sólo que el acto reclamado existe, sino además que es violatorio de sus derechos fundamentales, pues constituye una prerrogativa probatoria para la parte quejosa, la cual se desprende de la interpretación sistemática realizada de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo; carga que, en el particular, como ya se vio, no cumplió. Al respecto, es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.) que se lee: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." (El resaltado se hace en esta sentencia) CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, consistentes en: "La omisión de dar respuesta a sus solicitudes presentadas el nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante las cuales, respectivamente, solicitó: i. la expedición del certificado de competencia como piloto de puerto (renovación) ii. la expedición de refrendos de los títulos de oficialidad de la marina mercante y, iii. la expedición del certificado de competencia especial para mandar o laborar en buques especializados; registradas con los números de folio 6176874, 6175358 y 6175362." Lo anterior en razón que así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado (foja 133). Asimismo, con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado al 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México, consistente en: ".c). La omisión de dar respuesta a la solicitud de nueve de febrero de dos mil veintidós, que presentó a través de la Capitanía de Puerto del Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, mediante la cual solicitó la expedición del Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados,." Lo que se estima de esa manera, en la medida que del informe justificado rendido por dicha autoridad responsable, no se advierte que la misma haya realizado pronunciamiento expreso en relación con el destacado acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En la especie, se estima se concreta el motivo improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos de los actos reclamados, única y exclusivamente respecto de la omisión atribuida al 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, consistente en: "La omisión de dar respuesta a sus solicitudes presentadas el nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante las cuales, respectivamente, solicitó: i. la expedición del certificado de competencia como piloto de puerto (renovación) (.)" Marco legal El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí las anteriores premisas. Antecedentes Para una mejor compresión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes de los actos reclamados: 1). En su informe justificado, el Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco, entre otras cuestiones, reconoció haber omitido dar respuesta a la petición del quejoso, relativa a la solicitud de la expedición a su favor del certificado de competencia como piloto de puerto (renovación) (foja 133). 2). El treinta de marzo de dos mil veintidós, el Director General de Marina Mercante de la Secretaría de Marina, expidió el Certificado de Competencia con folio SM00576946, a favor de Enrique Stiles Guitiérrez para prestar Servicio de Pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, únicamente para buques de hasta 3,000 unidades de arqueo bruto (foja 245 frente y vuelta). 3). Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se acordó dar vista con dicha documental a la parte quejosa por el plazo de ocho días (foja 247) quien mediante escrito presentado el tres de febrero siguiente, entre otras cosas, se hizo sabedor del aludido auto (fojas 249-252). Hasta aquí los antecedentes del asunto. Subsunción Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintidós, el Director General de Marina Mercante de la Secretaría de Marina, expidió a favor del quejoso el Certificado de Competencia con folio SM00576946, para prestar Servicio de Pilotaje en el Puerto de Alvarado, Veracruz, para buques de hasta 3,000 unidades de arqueo bruto. Y si bien dicho certificado de competencia fue expedido por una autoridad diversa ante la cual inicialmente se presentó la solicitud, lo cierto es que se advierte que su expedición se realizó por la autoridad competente para ello, como lo dispone el artículo 35, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, a saber, la Dirección General de Marina Mercante. Documental que adquiere valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Como se observa, la expedición del aludido certificado de competencia expedido el treinta de marzo de dos mil veintidós, se traduce en un nuevo acto que incide en la vigencia y ejecutividad del inicial acto reclamado, en la medida que con dicho certificado fue sustituida la omisión de la autoridad responsable de acordar la solicitud que por escrito le presentó el promovente aquí quejoso el nueve de febrero del citado año. Además, se advierte que el quejoso tuvo pleno conocimiento de la expedición del certificado de competencia de que se trata, cuando mediante proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, se acordó darle vista con ese documento por el plazo de ocho días (foja 247) quien mediante escrito presentado el tres de febrero siguiente, entre otras cosas, se hizo sabedor del mismo (fojas 249-252). Luego, si la parte quejosa conoció el certificado de competencia expedido a su favor en la fecha indicada, que sustituyó a la omisión de dar respuesta a la solicitud del mismo presentada el nueve de febrero de dos mil veintidós; por ende, es claro que cesaron los efectos de dicha omisión, al haber desaparecido en su totalidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SEXTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En el presente considerando se analizarán las omisiones atribuidas por el quejoso a las autoridades responsables, respecto de las cuales se conoció su certeza y no resultó improcedente el juicio, a saber: Del 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco: "La omisión de dar respuesta a sus solicitudes presentadas el nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante las cuales, respectivamente, solicitó: (.) ii. la expedición de refrendos de los títulos de oficialidad de la marina mercante y, iii. la expedición del certificado de competencia especial para mandar o laborar en buques especializados". Y del 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México: ".c). La omisión de dar respuesta a la solicitud de nueve de febrero de dos mil veintidós, que presentó a través de la Capitanía de Puerto del Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, mediante la cual solicitó la expedición del Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados.". En la especie, son fundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO NORMATIVO Como aproximación al tema, es oportuno traer a colación que el derecho previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constriñe a las autoridades responsables a respetar el derecho de petición de los particulares, estableciéndole la obligación de dar respuesta a toda petición que se les formule siempre y cuando ésta sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que, a fin de respetar cabalmente dicha garantía, deberá emitir un acuerdo por escrito en el que dé respuesta coherente a las peticiones planteadas por la aquí quejosa, el que harán del conocimiento de la peticionaria en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados entre los administrados en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la ley, resultando necesario -para que se dé la legitimación de instar- la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia -como ya se dijo- que las autoridades estén obligadas a dar contestación a la petición que se les formule en breve término y comunicárselo al interesado. En suma, el artículo constitucional en comento contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objetivo de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente, en forma congruente con lo solicitado y, b) Que se comunique en breve plazo al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por las razones que la informan, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES 1). En el caso, de la demanda de amparo se desprende que desde el nueve de febrero de dos mil veintidós el quejoso presentó solicitudes a través de la Capitanía de Puerto del Puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, en las que, en una solicitó: la expedición de Refrendos de los Títulos de Oficialidad de la Marina Mercante y, en otra, solicitó la expedición de Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados (fojas 139 y 140). 2). Desde la fecha en que se presentó la demanda inicial de amparo (29-agosto-2022) y la ampliación de la misma (09-noviembre-2022) no se ha dado respuesta a la aludida petición, tal como se vio en el considerando cuarto de esta sentencia. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En ese sentido, como lo refiere la parte quejosa, lo cual fue reconocido por las autoridades responsables en su informe justificado, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo y su ampliación, pero sobre todo al día del dictado de esta sentencia, no se ha dado respuesta a esas peticiones. De ahí, que se concluya que las autoridades responsables han omitido dar contestación a las referidas solicitudes, en estricto cumplimiento al artículo 8 constitucional. Lo anterior si se toma en cuenta que las solicitudes se presentaron el nueve de febrero de dos mil veintidós, esto es, aproximadamente seis meses antes de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintinueve de agosto siguiente, sin que durante ese tiempo se haya dado respuesta a las solicitudes de que se trata; lo que permite considerar que no se ha dado respuesta en breve término a las mismas. Ante ese escenario, es evidente que no se cumple con los presupuestos consignados por el artículo 8 Constitucional, puesto que, tal como se indicó, en los presentes autos no existe elemento de prueba alguno que demuestre que las autoridades responsables hayan emitido pronunciamiento alguno a las solicitudes presentadas por el quejoso el nueve de febrero de dos mil veintidós, relacionadas con la expedición de Refrendos de los Títulos de Oficialidad de la Marina Mercante y, con la expedición del Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados. Finalmente, se destaca que las tesis y jurisprudencias citadas en la presente sentencia que se hayan originado con anterioridad a la Décima Época, son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Por tanto, se concluye que, al no haber procedido las autoridades responsables en los términos antes apuntados, las omisiones que se les atribuyen devienen inconstitucionales. EFECTOS En esas condiciones, con apoyo en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables 1. Capitán de Puerto Regional de Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco y, 2. Director General de Marina Mercante, en la Ciudad de México: De inmediato y con libertad de jurisdicción, dentro del ámbito de sus atribuciones, emitan una respuesta congruente y completa a las solicitudes presentadas por el quejoso el nueve de febrero de dos mil veintidós, relacionadas con la expedición de: Refrendos de los Títulos de Oficialidad de la Marina Mercante y, con la expedición del: Certificado de Competencia Especial para Mandar o Laborar en Buques Especializados y, se las notifiquen en los términos de la legislación respectiva. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Stiles Gutiérrez, respecto de los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Enrique Stiles Gutiérrez, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos dados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con su anexo, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y remite la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 21/2023, de la que se advierte que los magistrados que integran dicho tribunal declararon legalmente competente por razón de territorio a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, para conocer del presente juicio de amparo; acúsese de recibo. En esas condiciones, en acatamiento a lo resuelto por la superioridad, con fundamento en la tercera regla del artículos 37 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto, y toda vez que de autos se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional, por lo que, para salvaguardar el principio de unidad que rige para la audiencia, reconocido implícitamente en el artículo 124 de la Ley de Amparo, obliga a celebrar la misma en un sólo acto procesal y posteriormente proceder al dictado de la resolución que en derecho corresponda; por tanto, en el momento que lo permitan las labores de este juzgado, procédase a emitir la resolución correspondiente en el presente asunto; lo anterior, se advierte del texto siguiente que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene informando que radicó el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco y este órgano jurisdiccional; por lo que se está en espera de que resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, al que acompaña la determinación de treinta de junio de dos mil veintitrés dictada en el juicio de amparo 1271/2023 de su índice estadístico, en el que se advierte que la titular del Juzgado antes mencionado, informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado mediante resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. En atención a su contenido y luego de reflexionar detenidamente sobre las razones que invoca la juez federal como apoyo de su determinación, el suscrito, respetuosamente, INSISTE EN LA DECLINACIÓN DE LA COMPETENCIA. En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo 797/2022 al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a efecto de que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa y este Juzgado de Distrito. Ahora, ya que mediante resolución de veintiséis de junio del año en curso, se ordenó formar el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio, agréguese al mismo copia de las actuaciones faltantes y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese el presente auto a la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, para los efectos legales que haya lugar en el juicio de amparo 1271/2023 de su índice. Notifíquese en términos de ley.
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