Enrique Soto Diaz
Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Enrique Soto Diaz
- Agente del Ministerio Publico de Tramitacion Comun 1, Con Residencia En Salamanca, Guanajuato (Denominacion Correcta Auto 25/09/2020)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibida la pieza postal de cuenta que contiene el oficio 16645/2020, dirigido al Agente del Ministerio Publico Número 2, Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Salamanca, Guanajuato, devuelta por el servicio de mensajería acelerada "estafeta", sin motivo aparente. En atención a lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase la referida comunicación a la citada autoridad. ...
- Principal
...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura se tiene que no son ciertos los reclamados a las siguientes autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Directora General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en representación del titular de la citada fiscalía. 2 Agente del Ministerio Público IV de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. 3 Agente del Ministerio Público de Tramitación Común I, con residencia en Salamanca, Guanajuato. 4 Agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación V, con residencia en Salamanca, Guanajuato. 5 Jefe de Unidad de Trámite Común, con residencia en Salamanca, Guanajuato. 6 Agente del Ministerio Público número 2, del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Salamanca, Guanajuato. 7 Agente del Ministerio Público VII, con residencia en Salamanca, Guanajuato. 8 Director General de Servicios de Investigación Científica, con residencia en Guanajuato capital. Ello, ya que al rendir sus informes justificados negaron su emisión o que tuvieran intervención en ellos, en el ámbito de su competencia. Luego, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece. Aunado a que la quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Al respecto, no se inadvierte que el Agente del Ministerio Público VII de Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe, refirió la tramitación de la carpeta de investigación ********** seguida contra el quejoso, en que se llevó a cabo su citación. Sin embargo, se precisa que tales actos no corresponden a los reclamados, pues tanto el seguimiento de esa indagatoria y la citación fueron materia de desechamiento al proveer sobre la procedencia de la demanda, cuyo auto no fue recurrido, por lo que adquirió firmeza; aunado a que, de su contenido no se advierte la existencia de los diversos actos por los que se admitió el libelo actio. En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con excepción de la autoridad omisa precisada en líneas que anteceden, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;. CUARTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Por otra parte, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo , se actualiza la presunción de certeza de los actos reclamados al Fiscal Regional B de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; y, a los Agentes del Ministerio Público III y VI de Tramitación Común, con residencia en Salamanca, Guanajuato, en virtud de que fueron omisas en rendir su informe justificado, pese a encontrarse oportunamente notificadas para ello. QUINTO. Estudio fondo. Ahora bien, se precisa que los actos impugnados, por sí mismos, no constituyen actos violatorios de derechos fundamentales, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirlas. En esas condiciones, queda a cargo de la parte quejosa demostrar su inconstitucionalidad por medio de las pruebas pertinentes; empero, en autos no obran medios de convicción al respeto. De ahí que, no se está en condiciones de resolver sobre su legalidad, al carecer de algún medio de prueba que permita realizar el pronunciamiento correspondiente. Así, procede negar el amparo solicitado, respecto del acto reclamado al Fiscal Regional B de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; y, a los Agentes del Ministerio Público III y VI de Tramitación Común, con residencia en Salamanca, Guanajuato. Sirve de apoyo, la tesis aislada XXI.1o.30 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 213818 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.30 K Página: 270 "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 200/93. Feliciano Patricio Galeana y coagraviados. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: José Luis Arroyo Alcántar." SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se Niega el Amparo y Protección de la Justicia Federal a **********, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia.
- Incidental
...CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que se relacionan en la tabla siguiente, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman: Denominación correcta. Sentido 1 Directora General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en representación del titular de la citada fiscalía. NIEGA 2 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común VI, con residencia en Salamanca, Guanajuato. NIEGA 3 Agente del Ministerio Público IV de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. NIEGA 4 Agente del Ministerio Público de Tramitación Común I, con residencia en Salamanca, Guanajuato. NIEGA 5 Agente del Ministerio Público III de Tramitación Común, con residencia en Salamanca, Guanajuato. NIEGA 6 Agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación V, con residencia en Salamanca, Guanajuato. NIEGA 7 Jefe de Unidad de Trámite Común, con residencia en Salamanca, NIEGA Guanajuato. 8 Agente del Ministerio Público número 2, del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Salamanca, Guanajuato. NIEGA 9 Director General de Servicios de Investigación Científica, con residencia en Guanajuato capital. NIEGA Por su parte, la parte quejosa no aportó medios de convicción tendentes a desvirtuar esa negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negarle la suspensión definitiva que solicita respecto de las citadas autoridades, por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO, LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si la autoridad responsable niega los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". Por otra parte se advierte que la autoridad responsable Fiscal Regional B de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe previo, pese a que fue oportunamente notificada para ello; sin embargo al ser una autoridad que carece de facultades para emitir alguna orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización, arresto, arraigo y/o privación de la libertad, toda vez que dicha autoridad actúa como organismo administrativo encargado de la vigilancia de las Agencias Ministeriales que se encuentren dentro de su organigrama, razón por la cual se considera que el acto a ella reclamado es inexistente. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público VII, con residencia en Salamanca, Guanajuato, pues así lo manifestó de manera expresa al momento de rendir su informe previo. SEXTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y los actos respecto de los que solicita la suspensión no se ejecuten en su contra. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables en virtud que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el cumplimiento de cualquier orden tendente a la aprehensión, presentación, comparecencia, localización, arresto, arraigo y/o privación de la libertad, girada en su contra y, en su caso, su ejecución puede implicar la molestia, restricción o privación de su libertad. SÉPTIMO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, cuando se trate de actos que incidan en la libertad personal, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. En mérito de lo anterior, se estima que se satisface dicho requisito pues con la concesión de la suspensión solicitada no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización, arresto, arraigo y/o privación de la libertad, girada en su contra, así como su ejecución, impugnados en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. OCTAVO. Interés suspensional (estudio de la apariencia del buen derecho). De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Sobre esa base, se considera que la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido de que no ha cometido algún delito, ni se le ha dado intervención a la indagatoria que pudo haberse seguido en su contra; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzca sobre sus derechos le afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas. En tales condiciones, se estima que se satisfacen los requisitos señalados en el presente acuerdo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, localización, arresto, arraigo y/o privación de la libertad, girada en su contra, así como su ejecución, reclamados en el juicio de garantías del que emana el presente incidente; ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tales mandatos. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos en estudio. NOVENO. Efectos de la concesión. Ahora, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de ese derecho fundamental y los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal. Sobre el tema, ilustra la jurisprudencia 1a./J. 16/97 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 226, tomo V, mayo de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión" Por tanto, para un adecuado estudio de la suspensión solicitada, se realizará el análisis de cada uno de los actos reclamados en forma separada. - Orden de aprehensión. Con apoyo en el numeral 166 de la Ley de Amparo, desde este momento se concede al incidentista *** la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que, en el caso de que los actos en estudio deriven de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sea detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. Orden de arraigo. De conformidad con el numeral 163 de la ley de la materia, se concede al incidentista la suspensión definitiva que solicita, para el efecto de que, si el delito por el que se hubiere ordenado el arraigo se trata de delincuencia organizada, quede a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere2, y a disposición de la autoridad judicial ante la cual se le siga un proceso del orden penal para la continuación del procedimiento respectivo; sin embargo, para el caso que dicho acto se haya ordenado con motivo de un ilícito diverso, deberá dejarse inmediatamente en libertad al referido quejoso. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Novena Época Registro: 192829 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia (s) : Penal Tesis: 1a./J. 78/99 Página: 55 "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley" Contradicción de tesis 3/99. Entre las sustentadas por una parte, por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Décimo Octavo Circuito y, por otra, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 20 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Oscar Mauricio Maycott Morales. Tesis de jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza. Orden de privación de la libertad. Con fundamento en el artículo 162 de la legislación de la materia, se concede la suspensión definitiva al quejoso respecto de la orden de privación de la libertad, para el efecto de que no se ejecute y cese inmediatamente; esto es, la medida cautelar tiene por efecto que sea puesto en libertad. Orden de presentación, comparecencia, arresto y localización. Con fundamento en los artículos 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a *** para el efecto de que no sea privado de su libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de motivos, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1059, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada" DÉCIMO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. De conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde ahora, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal del que deriva el presente incidente; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si el promovente del amparo no otorga garantía ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al en que surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de diez mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y pueda ser devuelta a las autoridades responsables en caso de que no se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; la cual podrá ser modificada tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute en las ordenes que reclama y la circunstancia de que no existan pruebas que hagan suponer que pretende sustraerse de la acción de la justicia. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por el quejoso como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. En ambas, el texto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a *** en el incidente de suspensión 503/2020" Además, con fundamento en los artículos 162 y 168 de la Ley de Amparo, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable y ponerse a su disposición para la continuación del procedimiento correspondiente, dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación del informe previo que dichas autoridades rindan y acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de igual término, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 79/2007 PS, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, que al rubro indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PUBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ" Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis, del Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Materia Penal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: PRIMERO. Se niega a *** la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a *** la suspensión definitiva por cuanto a la autoridad precisada en el considerando quinto, para los efectos señalados en el considerando noveno de la presente interlocutoria...
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha se encuentra pendiente de transcurrir el término de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificado recibido en proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, donde se tuvo por recibido el informe del Director General de Servicios de Investigación Científica, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la capital. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo...
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