Enrique Sordo Mendo

Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
843/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Enrique Sordo Mendo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Sordo Mendo contra actos reclamados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional del Golfo en Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 843/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que le acompañan, se advierte que el promovente reclama del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sala Regional del Golfo, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EL PASADO 12 DE JULIO DEL AÑO 2018 DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2075/18-13-01-3 POR EL C. MAGISTRADO INSTRUCTOR RAUL GUILLERMO GARCÍA PODACA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA SALA REGIONAL DEL GOLFO EN XALA ENRIQUEZ VERACRUZ; RESOLUCIÓN QUE ME FUE NOTIFICADA MEDIANTE ACTA DE NOTIFICACIÓN POR APERSONAMIENTO DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL AÑO 2018-08-27 (.)" Cabe mencionar que de la demanda de amparo, así como de las constancias que exhibe el promovente se advierte que la resolución que por esta vía combate el quejoso, se trata de aquélla en la que el tribunal responsable, desechó la demanda que promovió a través del escrito de tres de julio de dos mil dieciocho. Establecido lo anterior, cabe señalar que la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;." (Lo subrayado es propio) Del precepto legal enunciado, se deriva que el juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas o laudos y contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo a estas últimas como aquéllas determinaciones que sin decidir el juicio principal lo dan por concluido. Asimismo, el numeral de referencia establece que para la procedencia del juicio de amparo directo es necesario que se agoten los medios de defensa ordinarios que las leyes que rijan el procedimiento de que se trate, permitan promover en contra de las resoluciones a las que se hizo referencia en el párrafo anterior, con la excepción de que se permita la renuncia a ellos. Ahora bien, conforme lo establecen las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si el acto que en esta vía se combate se trata del auto de desechamiento emitido por la responsable, el cual puso fin al asunto planteado por el aquí quejoso ante ese tribunal, éste es reclamable en amparo directo, conforme lo establecido en la fracción primera párrafo segundo, del precepto 170 de la Ley de Amparo, razón por la que el suscrito no está en aptitud de pronunciarse en relación al principio de definitividad a que se refiere el párrafo tercero, de la disposición legal enunciada en líneas anteriores, pues el análisis de la procedencia del juicio de garantías de que se habla, correspondería al Tribunal Colegiado de Circuito que resulte competente. Por las razones expuestas, la demanda de amparo promovida ante este Juzgado de Distrito, debe tramitarse como amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como por los numerales 47 y 170 de la precitada ley reglamentaria, y no ante un Juzgado de Distrito, al no encuadrar dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común, número P./J. 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en abril de 2015, décima época, visible a página 95, tomo I del libro 17, registro 2008791, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo anterior, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo, 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, para los efectos legales correspondientes, debiéndose formar cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y del presente proveído; de igual modo, se solicita de la manera más atenta a la superioridad, de no haber inconveniente alguno, el acuse de estilo respectivo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitarlo el promovente. Ahora, por lo que respecta al correo electrónico que señala el quejoso en su escrito de demanda al señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dígasele que si su pretensión es que sus notificaciones se le realicen vía electrónica o bien, tener acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que no señala un nombre de usuario con el que este órgano jurisdiccional pueda darle acceso al expediente electrónico; sin embargo, refiérasele que una vez que proporcione el "Nombre de Usuario" que creó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se proveerá lo que en derecho corresponda en cuanto a tal solicitud; lo anterior de conformidad con los artículos 78 y 79, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Albina Sordo Mendo, ya que no aparece su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano