Enrique Sarabia Morales

Expediente 466/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
466/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Enrique Sarabia Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Enrique Sarabia Morales, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso de requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria; toda vez que el Director de la Unidad Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante escrito de diecinueve de marzo del año en curso, remitió diversas copias de las notas médicas efectuadas al quejoso Enrique Sarabia Morales, de lo que se advierte que está recibiendo atención médica por parte de la responsable Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte el quejoso Enrique Sarabia Morales, por escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, expresó; ".En virtud de que el suscrito a la fecha se encuentra pensionado por invalidez, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya gozo del derecho al acceso al servicio médico en el citado instituto, asimismo, a la fecha ya no requiero del servicio Médico, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, solicito el sobreseimiento del juicio al cesar el acto reclamado.". En ese contexto, se precisa que por sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la concesión del amparo se realizó para el siguiente efecto: Que la autoridad responsable continúe otorgando al quejoso Enrique Sarabia Morales, las prestaciones del servicio médico en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, hasta en tanto concluya el trámite de valoración por la coordinación de salud en el trabajo delegacional al laborar del dictamen ST-4 (dictamen de invalidez), o bien, se emita diversa resolución por autoridad competente por escrito, fundada y motivada que le anule, revoque, suspenda o invalide el derecho a recibir tal servicio o atención de salud y medicamentos. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de ".Que la autoridad responsable continúe otorgando al quejoso Enrique Sarabia Morales, las prestaciones del servicio médico en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el suministro de medicamentos necesarios para el tratamiento de su salud, hasta en tanto concluya el trámite de valoración por la coordinación de salud en el trabajo delegacional al laborar del dictamen ST-4 (dictamen de invalidez), o bien, se emita diversa resolución por autoridad competente por escrito, fundada y motivada que le anule, revoque, suspenda o invalide el derecho a recibir tal servicio o atención de salud y medicamentos.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Pues bien, como se advierte del análisis de cumplimiento y las manifestaciones que realizó el quejoso en relación con el cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo; por tanto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó atención médica; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, que suscribe el Director de la Unidad Médica Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual refiere que a pesar de que el quejoso no es derechohabiente de esa institución, en acatamiento a la suspensión definitiva del presente juicio, le han estado otorgando atención médica. Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe el quejoso, mediante el cual refiere que ya goza del derecho al acceso del servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y solicita el sobreseimiento del presente juicio, al haber cesado el acto reclamado; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes toda vez que el pasado veintinueve de enero se dictó sentencia en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos los escritos de cuenta, suscritos electrónicamente por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada legal del quejoso, mediante los cuales desahoga la vista dada en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, y refiere que aunque la autoridad responsable ha negado el acto reclamado, lo cierto es que el acto resulta inconstitucional, ya que si bien es cierto que a la fecha se le está prestando el servicio médico, ello deriva de la suspensión concedida a la parte quejosa, dentro del incidente de suspensión; en ese sentido, ténganse por formuladas las manifestaciones en los términos que indica la promovente. Ahora bien, dese vista con el escrito de cuenta a la autoridad responsable Director de la Unidad Médica Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación manifieste lo que a su interés convenga, respecto a las manifestaciones vertidas por la autorizada legal de la parte quejosa.

  4. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el oficio con anexo que suscribe el Director de la Unidad Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, e informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida al quejoso el diez de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, agréguese dicho oficio a los presentes autos. En ese contexto, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga. Por último, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resultan aplicables los acuerdos generales 21/2020 y 37/2021 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo.

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