Enrique Sandoval Silva

Expediente 329/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
329/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Enrique Sandoval Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio que signa el Secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual informa que se aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, con motivo de que este Juzgado Federal declaró que carece de competencia legal para conocer de dicho asunto y que se avocó al conocimiento del asunto. Archívese el presente como asunto concluido. Orden de destrucción. En el presente expediente no existe documento alguno que devolver al promovente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, HACIENDOLE SABER EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación Guadalajara, así como de la Administración de Recaudación Local de Guadalajara, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 329/2018. Este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio, como se verá a continuación. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado, en esencia, en la falta de llamamiento al procedimiento administrativo de adjudicación SAT-322-10-01, tramitado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación Guadalajara y la Administración de Recaudación Local de Guadalajara, en el cual, se llevó a cabo el remate de la finca marcada con el número 151, de la calle Bernardo de Balbuena, en el Cuartel V del Sector Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, bien inmueble respecto del cual aduce tener derechos como acreedor hipotecario. Los artículos 52, fracción IV, y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: [.] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente [.]." "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: --- I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; --- II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; --- III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y --- IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.." De la literalidad del precepto legal transcrito en primer término, se advierte, entre otras cosas, que los jueces de Distrito en materia administrativa conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo 51 en lo conducente, cuyo tenor literal es: "Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: [.] II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales". Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y". Por otro lado, de la interpretación literal del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, se desprende que los juzgados de Distrito especializados en materia civil conocerán de los amparos que se promuevan contra las resoluciones judiciales del orden civil y contra leyes y disposiciones de observancia general en materia civil; así como de los asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la propia ley orgánica. Ahora bien, como se advierte de los párrafos precedentes, el acto que se reclama no deriva de una resolución del orden civil que haya sido dictada por una autoridad judicial. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, debe tomarse como elemento para determinar la competencia, la naturaleza del acto sujeto a estudio constitucional. Así, en el amparo biinstancial, lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional. A lo anterior, tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos de identificación, rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA." Así las cosas, y una vez determinado que es la naturaleza del acto reclamado la que define la competencia material de los amparos promovidos ante los jueces de distrito especializados por materia y que los jueces de distrito en materia administrativa deben conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, se debe dilucidar cuál es la naturaleza de la que deriva el acto reclamado. Para así establecerlo, es menester citar la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en razón de que dicha normatividad describe y regula algunas de las funciones de las autoridades señaladas como responsables Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación Guadalajara y la Administración de Recaudación Local de Guadalajara. Los artículos 1, 2 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, disponen: "Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley. Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. El Servicio de Administración Tributaria implantará programas y proyectos para reducir su costo de operación por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a contribuciones, se entenderán comprendidos los aprovechamientos federales. Capítulo II De las Atribuciones. Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; II. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal; V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria; VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera; VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia; IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud. X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera; XI. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo; XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. XIII. Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. XV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria. XVI. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan. XVII. Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y XVIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables." De los preceptos transcritos se desprende entre otras cuestiones, que el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras. Al respecto, destacan como principales atribuciones del Servicio de Administración Tributaria, el determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, así como vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. Luego, el acto reclamado, no proviene de una autoridad jurisdiccional del orden civil, pues el quejoso lo hace derivar de un procedimiento administrativo de adjudicación tramitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria, Administración General de Recaudación Guadalajara y la Administración de Recaudación Local de Guadalajara. Ante ello y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, fracción IV, y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima que este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Sin que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de la suspensión del acto reclamado, en razón de que no se trata de aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo anterior, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, acorde a lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, para que las turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que, de ser el caso, se avoque al conocimiento de la misma, para lo cual se solicita, de la manera más atenta, informe lo que a bien tenga a determinar. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Domicilio. Téngase como su domicilio procesal el que indica en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en razón de que como se advierte de la certificación de cuenta, sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.

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