Enrique Sandoval Juarez
Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique Sandoval Juarez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de protección. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se trata de un asunto en el cual se tuvo como no presentada la demanda -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído donde se declaró no presentada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1252/2022-II.. Puebla, Puebla, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió del veintinueve de noviembre al cinco de diciembre de dos mil veintidós, sin que hubiera presentado algún escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara no presentada la demanda que originó este juicio de protección. Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista); y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la agente del Ministerio Público de la Federación titular célula 2, del equipo II de la Unidad de investigación y litigación -así señalada en la demanda-, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento del acto reclamado, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en el reclamo planteado, pueden impedir la pronta integración del presente juicio, e incluso podrían generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo anterior, se hace notar que el capítulo de actos reclamados, el quejoso señaló: ".LA NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO, MARCA*."*, USADA." (sic). Sin embargo, al narrar los antecedentes del acto reclamados (bajo protesta de decir verdad) refirió: ".El día lunes 31 de octubre del año en curso, el suscrito me constituí a las oficinas de la delegación fiscalía general de la república, con domicilio conocido en recta carretera a Cholula, puebla, para el efecto de acreditar la propiedad, de mi vehículo MARCA*, USADA, ante el c. agente del ministerio público de La federación, para estar en condiciones que me autorizara, la liberación de mi vehículo, en virtud ,que ya el asunto materia de la Litis ya es un asunto completamente concluido, y ejecutoriado, por lo que en mi humilde pensar no existe razón alguna por la cual mi vehículo aun no me sea liberado, pues ya han transcurrido aproximadamente 22 días, que me constituí, a las oficinas de la representación social federal y el suscrito no tengo respuesta alguna, para la entrega de mi vehículo, por lo que acudo ante esta autoridad federal, debido que mi vehículo es mi herramienta de trabajo, pues soy jornalero, y me dedico al campo a la siembra de nopal, y me es imposible, trasladarme con la carga, pues ya soy de la tercera edad, por lo que pido me sea liberado mi vehículo. Con las características antes mencionadas, pues cada que asiste, mi licenciado, me refiere que le dicen que espere a que me llamen, asimismo está transcurriendo el tiempo y está aumentando el cobro de piso, por los días que se encuentra en el corralón mi vehículo." (sic). [Énfasis añadido] Lo anterior genera incertidumbre sobre el verdadero reclamo del quejoso. Se afirma así, porque en un inicio el quejoso reclama una negativa expresa para devolver un vehículo que afirma es de su propiedad (al parecer asegurado dentro de la carpeta de investigación *), sin embargo, como antecedentes de ese acto, señala que ha comparecido ante la autoridad responsable a acreditar su propiedad sobre el referido automotor y solicitar su devolución, pero no ha recibido respuesta alguna a dicha petición. Esto es, existe incertidumbre sobre si efectivamente las responsables le han negado la devolución solicitada y por tanto les reclama esta postura o si, en realidad, lo que reclama es que las mismas han sido omisa en contestar (acordar) el escrito donde solicita dicha devolución. A lo anterior se suma que afirma haber tenido conocimiento del acto reclamado el once de noviembre de dos mil veintidós, pues no queda claro si en esta fecha fue acordada su solicitud en sentido negativo, en cuyo caso será necesario que precise la fecha del acuerdo correspondiente, o si la respuesta fue de manera verbal. Siendo necesaria la precisión del acto reclamado, porque de ello dependerá el que las autoridades responsables reconozcan o nieguen su existencia. Entonces, es necesario que el quejoso efectúe la aclaración sobre su verdadero reclamo en este juicio, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento del acto reclamado, dado que este corresponde en forma exclusiva al solicitante de la protección constitucional, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: *. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracción IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha en la que le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Aclare si insiste en reclamar la negativa de devolución del vehículo marca*, o si, en realidad, lo que desea reclamar es la omisión de contestar (acordar) el escrito donde solicitó dicha devolución. Se insistir en reclamar dicha negativa, deberá precisar: ? Si la negativa de las responsables fue por escrito o de manera verbal; y, ? De haber sido verbal, deberá precisar la fecha del acuerdo donde obre esa contestación. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio procesal y autorizados. Ante la solicitud expresa plasmada en la demanda, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas que se publiquen en este juzgado. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso también señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones*, pues carecen del registro de sus cédulas profesionales, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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