Enrique Sánchez Hernández

Expediente 490/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
490/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Enrique Sánchez Hernández
  • Junta Especial Número Treinta Y Ocho de la Federal de Conciliación Y Arbitraje, En Esta Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el asunto como totalmente concluido.Por lo que hace constar que el expediente al efecto formado ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: (. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Véase en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Así las cosas, en el caso particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Dichas disposiciones estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, como se precisó, en la especie el acto reclamado por el quejoso se hace consistir la falta de formulación de proyecto de laudo y su notificación en los autos del expediente laboral 1560/2014, a pesar de haber declarado el cierre de instrucción y turnado las actuaciones el catorce de febrero de dos mil diecinueve; así como, la falta de notificación del mismo. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto que, por el momento, no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales en la etapa respectiva, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse es susceptible de ser subsanada si la autoridad responsable emite el laudo correspondiente, y ordena su notificación; por lo que resulta incuestionable que dicha omisión no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, en virtud de que no priva a la parte quejosa de ninguno de sus derechos sustantivos. En efecto, como se indicó, el acto reclamado únicamente consiste en que la Junta responsable no ha emitido el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 1560/2014; lo cual constituye un acto que no puede considerarse de momento como de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión a partir de esa fecha (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera y, por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad responsable a emitir el laudo correspondiente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011580, de epígrafe y contenido, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso, se actualice la excepción contemplada en dicho criterio en el sentido de que se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, toda vez que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda, "bajo protesta de decir verdad" , fue el catorce de febrero de dos mil diecinueve, cuando la junta responsable declaró el cierre de instrucción y turno las actuaciones a dictamen el juicio laboral 1560/2014. De lo anterior se colige la existencia de una dilación (demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo); empero, lo cierto es que la misma no puede considerarse que esa dilación sea abierta, es decir, de carácter clara, patente, indudable y, por ende, excesiva, pues al tomar como referencia o criterio de valoración el corto período de inactividad, así como el hecho conocido que la Junta responsable tiene una carga excesiva de trabajo; se estima que la citada inactividad es insuficiente para sostener que la violación de la cual el quejoso se dice afectado, se ubica en el caso de excepción a la regla general para la procedencia del amparo indirecto, determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 48/2016 (10a.). Ello, en virtud de que tomando en cuenta la fecha desde que se turnan los autos para emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, en el caso, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, para que exista dilación procesal primero debe transcurrir el plazo de treinta y tres días hábiles, que tiene la Junta para hacerlo; diez, para el proyecto en forma de laudo; trece, para el caso de que algún miembro de la Junta considere la necesidad de alguna prueba y el desahogo de ésta; y, diez, para la junta de discusión, aprobación y engrose del laudo, de conformidad con los artículos del 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo . Transcurrido el plazo legal de treinta y tres días, que la ley laboral prevé para que la autoridad responsable dicte laudo; es de tomar en cuenta que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País en la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), ha establecido un lapso genérico de la duración de la demora que puede establecerse para saber si se configura o no una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento laboral para hacer procedente el juicio de amparo indirecto, siendo este término el de cuarenta y cinco días naturales. Ahora, el plazo legal de los treinta y tres días hábiles que tiene la Junta responsable, para emitir el laudo correspondiente, venció el día cuatro de abril del año en curso; y, del día siguiente a la fecha de la presentación de la demanda, que es el periodo que debe considerarse como dilación procesal, solo transcurrieron treinta y dos días naturales; esto es, un lapso menor a los cuarenta y cinco días que prevé la jurisprudencia 2a./J 33/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común-Laboral, con número de registro 2019400, de rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que la demora en la que ha incurrido la Junta responsable, no es una abierta dilación en el procedimiento, pues no debe olvidarse, además, que dicha autoridad tiene excesivas cargas de trabajo que desahogar y un número limitado de recursos humanos para hacerlo, lo que es un hecho conocido para los tribunales de amparo de esta ciudad y para el foro jurídico en general, ante el desmesurado número de asuntos que debe resolver, por lo que analizando esa circunstancia este órgano razona que es materialmente imposible que pueda cumplir con los plazos que prevé la ley ordinaria, pero en la medida de sus posibilidades desahoga los asuntos de su competencia con prontitud, sin que el número de días que ha demorado en hacerlo en este caso revele una postura rebelde o renuente para tramitar el expediente a su cargo. En virtud de lo anterior, se observa que la omisión de la que se duele la parte quejosa, no constituye una abierta dilación del procedimiento. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por los artículos 61 de la Ley de la Materia, en el caso en particular, la establecida en la fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente, en términos de los preceptos 112 y 113 del ordenamiento ...)

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