Enrique Salgado Esquivel

Expediente 1223/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1223/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Enrique Salgado Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la autorizada del quejoso, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Finalmente, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de interposición del recurso de queja, así como original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por los motivos que expone. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el proveído de veintitrés de septiembre de la presente anualidad y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el auto de veintitrés de septiembre pasado así como el de esta fecha. Toluca, Estado de México; veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1223/2019-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura de la demanda se comprende que el acto aquí reclamado consiste esencialmente en La resolución emitida por el tribunal de alzada responsable, en el toca penal **, que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el cual se excluyeron diversas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, en su calidad de imputado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Una vez analizada en su integridad la demanda, y atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, quien aquí resuelve estima que en la especie se advierten motivos manifiestos e indudable improcedencia, cuyo análisis debe efectuarse de oficio, por ser una cuestión de orden público y preferente, incluso en el caso de que las partes no hayan alegado tal circunstancia, al tenor de lo dispuesto del numeral 62 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el texto siguiente "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea su instancia". Ello es así, pues se advierte que con relación a dicho acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de amparo, que dice "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se prueba el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, es pertinente conocer el contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución De igual forma, lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo De la interpretación del artículo 18 de la Ley de Amparo, se arriba al conocimiento de que el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías, para tenerla como oportunamente recibida. El precepto invocado establece tres momentos, a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca de la demanda. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, a saber, son 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. Tratándose de la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a dudas, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso tenga conocimiento pleno del acto reclamado. La tercera hipótesis, entraña una confesión expresa por parte del afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica. Por otra parte, del análisis del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando el acto reclamado implique Peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En ese sentido, y tomando en consideración que el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable, dictada en el toca penal **, que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el cual se excluyeron diversas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, en su calidad de imputado; se evidencia que éste no encuadra en alguna de las hipótesis previstas de excepción. Sentado lo anterior, a continuación se procede al análisis de la extemporaneidad. En primer lugar, de la demanda presentada se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que, el acto que hoy reclama lo conoció el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, esto es la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable, dictada en el toca penal **, que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el cual se excluyeron diversas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, en su calidad de imputado, por lo que si la demanda de amparo que aquí se estudia fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; resulta evidente que aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, ya que el plazo para promoverla se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el plazo de quince días trascurrió del veintiocho de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles, por así contemplarlo los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Asimismo, lo anterior obedece a lo establecido en el último párrafo artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra refiere "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos I.Personalmente podrán ser En Audiencia; Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Por ende, queda claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al advertirse que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, tomando en consideración además lo establecido en el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguiente I.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II.- Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción niviolencia, y III.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." En ese orden, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra el acto reclamado, tomando como base la fecha que señaló el quejoso bajo protesta de decir verdad, en que tuvo conocimiento de tal acto a saber, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, a la data de presentación de la demanda -diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrieron en exceso los quince días que dispone el artículo 17 para la procedencia del juicio de amparo, previo descuento de los días inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 del propio ordenamiento, por tal virtud, es inconcuso que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por consiguiente debe estimarse tácitamente consentido el acto reclamado, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por **. Sin que pase por inadvertido lo establecido en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, 112, 113, 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. El numeral 107, fracción V, de la Ley en cita contempla que "El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Es pertinente señalar que en el caso a estudio, el promovente reclama La resolución emitida por el tribunal de alzada responsable, dictada en el toca penal **, que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el cual se excluyeron diversas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, en su calidad de imputados. Establecido lo anterior, se está en condiciones de puntualizar, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Carta Magna y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la parte agraviada, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 173, Apartado B, relativo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Y el Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia Tesis P./J. 24/92, de la Octava Época, con número de registro 205651, consultable en la página 11, número 46, del Mes de Agosto de 1992, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten medularmente derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal y Tratados Internacionales; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica. En efecto, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable, dictada en el toca penal **, que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso, en el cual se excluyeron diversas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, en su calidad de imputados, de manera alguna afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos, tales como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo establecido en el numeral 107 fracción IV de la Ley Reglamentaria a los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, no se trastoca contra el justiciable algún derecho humano de los consagrados en la Carta Magna, pues como se ha dicho, no le genera un agravio en sus derechos fundamentales; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos de la impetrante del amparo. Ahora, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos humanos, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Lo anterior se concatena con la circunstancia de que el procedimiento penal de tipo acusatorio y oral dependerá de un factor determinante y que consiste en la forma en que se regula el ordenamiento procesal aplicable en cuanto a que en la segunda instancia se está en posibilidad de reponer, aun de oficio, si hubiera violaciones formales vinculadas con la admisión de la prueba; es decir, hay posibilidad que una prueba mal admitida vuelva a ser materia de estudio en la sentencia de segunda instancia. Sobre todo si se toma en consideración que la inadmisión de las pruebas que se duele la parte quejosa se dio en la etapa intermedia, momento procesal que -salvo excepciones- tampoco es procedente el juicio de amparo biinstancial. Apoya los razonamientos anteriores, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, en la tesis publicada en la página 3094 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017175, de la Décima Época, cuya literalidad es "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico-funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." Asimismo, se cita, por las razones jurídicas que contiene tesis aislada II.2o.P.10 P (10a.), procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 1891, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, materias común, bajo registro 2000637, que a la letra dice "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último, aplicado a contrario sensu, 112, 113 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 217 de la ley de la materia, procede desechar de plano el acto reclamado en la demanda de amparo promovida por **. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a **, por no contar con registro en el aludido sistema, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA II UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

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