Enrique Ruiz Peñuelas

Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Enrique Ruiz Peñuelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Asimismo, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudieran imponerse del contenido del informe justificado y se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa; así como las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. El veintiuno de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: De la Junta, la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Del actuario, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Ambas omisiones derivadas del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados el acto reclamado a las autoridades responsables, cuya certeza se desprende de las documentales allegadas por las responsables al rendir su informe justificado y por ende, su existencia; pues con independencia de que negó la existencia de los actos reclamados, de los autos del juicio natural se denota que a la fecha de la presentación de la demanda estos existían Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del apartado III, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no solo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se llega a la firme convicción de que los actos en reclamo han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que motivó el presente juicio de derechos. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitieron las responsables, así como de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa se advierte lo siguiente. En el año dos mil veintidós, la parte quejosa presentó demanda laboral ante las responsables, la cual fue radicada con número de expediente ********************. Posteriormente, en lo que nos ocupa, el veintiocho de agosto anterior, la junta responsable fijó fecha para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el controvertido laboral para el dos de octubre de dos mil veintitrés. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo resultaba violatoria del artículo 17 constitucional; sin embargo, de la constancia que en copia certificada adjuntó el presidente de la Junta laboral, se advierte que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, corrigió el procedimiento y señaló las trece horas con treinta minutos del dos de octubre de la presente anualidad, a fin de que se lleve a cabo la audiencia, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes. Consecuentemente, al haber cesado la paralización del controvertido laboral y señalado fecha para el desahogo de la multicitada audiencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos dicho acto impugnado, al haber emitido la responsable la determinación ********************que transcurre, la cual definitivamente destruye lo que motivó la promoción del presente juicio de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61 fracción XXl, ambos de la Ley de Amparo, por lo que respecta al reclamo consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ello en el juicio laboral ********************. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se hace del conocimiento de la Junta responsable que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que la corrección respecto de la audiencia bifásica, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del presente juicio por lo que respecta al acto que se atiende en este apartado, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito a que se refiere en la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Consideraciones jurídicas Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el multicitado controvertido laboral este juzgador, de oficio, no advierte que en el caso se actualice alguna causal de improcedencia, por lo que se procede al estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación, que se transgreden sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 Constitucional, y solicita se concede el amparo y protección de la justicia federal para que se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que de las constancias que fueron allegadas al informe con justificación, no se advierte tal circunstancia, es decir, el emplazamiento de la contraparte; lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las Juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la Junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, la Junta por conducto del actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia aportada por las responsables, se desprende que: En el año dos mil veintidós, la parte quejosa presentó demanda laboral ante las responsables, la cual fue radicada con número de expediente ********************, ordenando el emplazamiento de la parte demandada. Posteriormente y, después de diversas actuaciones en el controvertido de origen el veintiocho de agosto de la presente anualidad, la Junta responsable corrigió el procedimiento y señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley, ordenando el emplazamiento de la parte demandada sin que a la fecha se haya llevado a cabo tal encomienda. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder del actuario responsable, es contrario a los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que desde la radicación de la demanda, se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que a la fecha se haya logrado el consabido emplazamiento. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, han transcurrido, por lo menos, más de un año, sin que se logre el llamamiento a juicio de la parte demandada. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los Tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, por los motivos expuestos en el considerando V que antecede. Por otra parte, en cuanto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que la Junta y el actuario responsables realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las gestiones necesarias a fin de lograr el llamamiento a juicio de la parte demandada en el juicio laboral ********************. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ********************, respecto del acto reclamado a la Junta responsable, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado al actuario adscrito a la Junta responsable, por las consideraciones y para los efectos señalados en los considerandos VI y VII de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de septiembre de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el presidente y actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento de treinta de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente y actuario adscrito a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Requerimiento de constancias. Ahora, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable señalada en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible, de la constancia de emplazamiento de la parte demanda dentro del juicio laboral 1289/22JE1; toda vez que este juzgador las considera necesarias para resolver el presente asunto, o bien comunique la imposibilidad que tiene para ello. Bajo el apercibimiento que de incumplir sin causa justificada, conforme lo dispuesto en los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, tomo: V, febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a las autoridades señaladas como responsables, no les ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con once minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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