Enrique Ruiz Castorena

Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 87 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
266/2021
Año
2021
Actuaciones
87
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Enrique Ruiz Castorena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 87.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en atención a lo que solicita, acúsese de recibo, que mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el testimonio relativo al recurso de queja, del índice del órgano colegiado. Notifíquese; y por oficio al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto del Acuerdo General, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el expediente obren documentos aportados por las partes que por sus características deban ser devueltos. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la suspensión definitiva; en consecuencia; glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de DEPURACIÓN. Dicha depuración deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el proveído en que se acuerde su archivo como concluido y los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de DESTRUCCIÓN, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en las carátulas de los expedientes, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Administrador Regional en Zapopan, Jalisco, mediante el cual manifiesta que a efecto de continuar con el trámite del proceso de pago al perito oficial Miguel Saldaña Torres, solicita el oficio de solicitud de pago en que manifieste expresamente la aprobación respecto de la liquidación de honorarios del perito mencionado. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se autorizó y aprobó la estimación de honorarios presentada por el experto en cuestión, toda vez que se ajustó al arancel vigente para el año dos mil veintidós, lo cual en dicho auto se le hizo del conocimiento a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se hiciera la previsión de los recursos; en consecuencia, como ya se encuentran aprobados los honorarios del perito...................., a fin de que concluya con los trámites para el pago de honorarios de dicho perito. Notifíquese, y por oficio a la Administración Regional de Zapopan, Jalisco.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos y de las constancias que integra el presente juicio de amparo de advierte que por auto de veintisiete de septiembre del año en curso, se admitió la pericial en materia de urología ofrecida por la parte quejosa en la ampliación de demanda, por lo que, se solicitó a diversas dependencias a fin de designar especialista que rindiera el dictamen correspondiente de manera gratuita por parte de este órgano jurisdiccional; sin que de las instituciones requeridas se obtuviera respuesta en sentido afirmativo. Se designa perito oficial. Consecuentemente, en óbice de mayores dilaciones procesales, en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y al Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, se designa al perito , quien se encuentra aprobado como perito en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintiuno. En consecuencia, se le requiere para que en el término de tres días, contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifieste si rendirá de manera gratuita el peritaje en materia de valuación en la prueba pericial admitida en autos, y en caso afirmativo, en igual término comparezca a aceptar y protestar el cargo conferido, en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 120 de la Ley de Amparo; y en caso contrario, esto es, de ser su voluntad aceptar el cargo pero no de manera gratuita, deberá manifestarlo por escrito y proporcionar la planilla de honorarios correspondiente. En ese sentido, a efecto de que sea notificado el citado perito, se comisiona al Actuario para que investigue su domicilio ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se le hace del conocimiento el siguiente cuestionario formulado por la parte quejosa: [...] Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y así respetar los principios rectores el juicio de amparo se difiere la audiencia señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Se informa. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente al perito oficial.

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