Enrique Romero Marquez

Expediente 1327/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1327/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Enrique Romero Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese la razón del Actuario de la adscripción, en la cual señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado la determinación en mención a la parte quejosa. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por el mismo medio hasta en tanto señale nuevo domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE: "... Vista la demanda de cuenta promovida..., se ordena registrarla bajo el número 1327/2019-IV. DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición del juicio de amparo la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo que prevé el artículo 229, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por los motivos que a continuación se expondrán. El citado artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual descansa en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, así como las excepciones a la obligación de agotar los recursos ordinarios. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, los artículos 186, 229 fracción II, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, indican: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (...)" "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." Los citados numerales establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad contra actos dictados por autoridades administrativas o fiscales, ya sean del Poder Ejecutivo del Estado de México, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal. Por lo que, previo a la promoción del juicio de amparo contra el mandamiento de suspensión de la negociación que defiende el quejoso, debió combatirlo mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, fracción II, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO..." En la inteligencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión en el juicio contencioso, pues en ambas legislaciones se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En adición a lo expuesto, cabe resaltar que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la suspensión sobre la negociación que defiende el impetrante sea considerada como un acto de imposible reparación, pues esa circunstancia no lo exime de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente. Respalda lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). No obstante, tomando en consideración la naturaleza de esta determinación, se comisiona a alguno de los Actuarios de la adscripción para que se constituya en el domicilio particular que señaló la parte quejosa y le notifique este acuerdo. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando acrediten ejercer la profesión del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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